A comienzos de 2020, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer una cifra tan alarmante como lastimosa que indicaba que 75.000 casos nuevos de bebés recién nacidos hasta los 5 años de edad sufren de desnutrición crónica.
El relevamiento fue realizado en 8.500 centros de salud de todo el país a través de un trabajo conjunto entre la ANSES, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Al analizarse tan triste panorama, se apeló a lo que los expertos llaman georreferencia de los centros de salud, que diagnosticaron que los 75.000 nuevos casos de niños con desnutrición crónica en su mayoría habitan en barrios vulnerables.
Según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la baja talla de un niño puede ser determinante en el retraso del crecimiento; así el menor crecimiento sostenido en el tiempo coincide con la desnutrición crónica.
Por su parte, la UCA detalló en un informe exhaustivo un aumento significativo de la inseguridad alimentaria para 2019. Se destacó también la falta de agua potable en varias zonas donde la indigencia crece sin pausa, junto a la insuficiencia de nutrientes básicos para lograr un correcto crecimiento infantil.
Expertos en salud pública y pediatras alertan que durante la etapa inicial del desarrollo de un niño es donde se determina la irreversible limitación del crecimiento físico de infantes y los impactos mentales (intelecto, lenguaje y capacidades emocionales), que gran cantidad de especialistas consideran también irreversibles pasada la primera etapa de la niñez. Asimismo, los expertos destacan que la desnutrición crónica va acompañada de un desarrollo cognitivo e intelectual tardío y de malformaciones físicas.
Según las mediciones del relevamiento de comienzos de año, los 75.000 nuevos casos de niños registrados que padecen de desnutrición crónica habitan en barrios del Conurbano Bonaerense, Santa Fe, Gran Rosario, Gran Córdoba, Resistencia, diferentes provincias del Noroeste, el Noreste y en numerosas zonas rurales.
A poco de asumir Alberto Fernández, el gobierno anunció que ampliará la Asignación Universal por Hijo (AUH) para contrarrestar tal grave situación y que se llevará a cabo una campaña nacional para enfrentar la desnutrición infantil. El primer plan de acción que se trazó desde la Casa Rosada para enfrentar este terrible flagelo, se concentró en un programa diagramado por Malena Galmarini, quien el 12 de diciembre de 2019 asumió como presidenta de AySA.
Sin embargo, en el mes de marzo irrumpió por tiempo indefinido el Covid-19 y casi la mitad de los argentinos, oriundos de la zona del AMBA, padecemos una cuarentena que resultó en un encierro e inactividad cuasi absolutos hasta hoy. En otras provincias y localidades del país la actividad recomenzó paulatina y responsablemente, y continúa la marcha hacia la normalización de una vida libre de coronavirus.
El interrogante que cabe formular, principalmente a Malena Galmarini y a su equipo de especialistas es si están trabajando para superar este flagelo.
La desnutrición crónica infantil lleva décadas en nuestro país, y por supuesto que no comenzó con este gobierno, que sin embargo se comprometió a enfrentarla.
Difícilmente el coronavirus arroje un número de víctimas de tamaña magnitud, como esos 75 mil niños que pueden morir de hambre o contar con expectativas muy limitadas de vida si el gobierno no actúa como se comprometió a hacerlo.
Hay cifras que parecen no ponderar en medio de esta pandemia; sin embargo, mientras seguimos dándole batalla a nuestro “enemigo silencioso”, pretendiendo salvar la vida de miles de ciudadanos, 75.000 niños más sufren de desnutrición crónica y corren enormes riesgos, aquí y ahora.
*Politóloga y Profesora (UBA)
