La denuncia en relación con el financiamiento electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires escala día a día, y las respuestas no aparecen. La ausencia de explicaciones oficiales sobre lo que sucedió avala la gravedad de la denuncia.
Sin embargo, este tipo de prácticas no es algo nuevo. El problema de los partidos políticos no es conseguir el dinero sino blanquearlo, como lo venimos diciendo desde hace muchos años. En esta campaña, supuestamente fueron ciudadanos que no sabían que eran aportantes; en otras, monotributistas de la categoría más baja que realizaban importantes aportes; en alguna otra, narcotraficantes que donaban grandes cifras. Y podríamos seguir. Más allá de que la Justicia tiene que investigar y sancionar a los responsables del delito, también hay que trabajar en una reforma integral de la ley que regula el dinero en la política.
Hablemos sin vueltas: la ley de financiamiento político tiene muchos agujeros porque la hicieron a propósito agujereada. Los partidos políticos saben perfectamente qué se tiene que regular, de qué forma y con qué profundidad para que estas cosas no ocurran.
Seamos lo más didácticos posible. Hoy Juan Pablo puede juntar dinero de Walter, Esteban y José y depositarlo en el banco. Después, el responsable económico financiero de la campaña –es decir, el que rinde cuentas– puede decir que el dinero es de esos tres aportantes (decir la verdad) o decir que es de Ignacio y Victoria (mentir). No hay una forma directa de controlar el camino que realizó el dinero. Venimos recomendando desde hace mucho tiempo que quien aporte dinero a una campaña sea el ciudadano interesado en hacerlo de forma directa, y que lo haga mediante una transferencia, tarjeta de crédito u otro medio que deje registrado su nombre y apellido, y de qué cuenta salió el dinero. Esto permitiría, nada más y nada menos, que la trazabilidad de la operación. Parece sencillo, pero los partidos políticos se niegan porque el dinero que financia las campañas de los partidos más importantes generalmente es ilegal. Por ejemplo, en Argentina las empresas tienen prohibido financiar campañas electorales. ¿Lo hacen? Por supuesto.
Si bien las empresas tienen prohibido aportar dinero para las campañas y lo hacen, esto no es lo más grave en materia de financiamiento de la política, la situación podría ser peor. El narcotráfico –recordemos la campaña 2007–, la prostitución y el juego clandestino –en los distritos más chicos– se filtran por los agujeros que tiene esta legislación endeble. Todos ellos necesitan nombres para lavarse la cara. Queda aún más: aportes de empresas con concesiones del Estado, contratistas, empleados públicos (se observan muchos en las rendiciones de CABA) y especialmente fondos públicos. Parece que todo vale en el juego del financiamiento, más allá de la ley, a pesar de la ley y por las debilidades de la propia ley.
La tarea es grande, pero no imposible. Claro, se necesita voluntad política de, justamente, los partidos. Ellos se tienen que autorregular. Y los grandes partidos que pelean a muerte por absolutamente todos los temas, en este caso, en el del financiamiento de la política, llamativamente juegan todos para el mismo equipo, para el equipo de la opacidad o, si se quiere otro nombre, el equipo de esa ley que parece que controla mucho pero es muy fácil de esquivar, salvo que alguien empiece a raspar la fina cáscara de la simulación de campañas.
Pero todavía hay más. Como en Argentina, de la ley a la práctica hay un largo camino, el otro punto a considerar es la Justicia Electoral. Una Justicia Electoral con cierta voluntad de investigar pero política y económicamente débil, que observa lo que rinden los partidos pero no tiene ni personal para realizar investigaciones en profundidad, ni dentadura para morder en caso de encontrar delitos. La ley es muy blanda en su capacidad de castigar. En resumen, nadie le tiene miedo porque si no se cumple con la ley no pasa nada.
La conclusión es simple: pedirle a la Justicia que investigue el caso de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires y sancione a los responsables. A los partidos políticos, dejen de hacerse los sorprendidos y regulen bien la relación entre dinero y política. Saben cómo hacerlo porque nadie mejor que ustedes conoce todas las trampas del financiamiento electoral.
*Director ejecutivo de Poder Ciudadano.
