Uno de los temas decisivos de nuestro orden institucional es el federalismo. Como se recordará, Alberdi pensó en el federalismo, en la descentralización, y en la división de poderes como herramienta de control para evitar el exceso de poder del gobierno central.
El concepto más democrático y avanzado es aplicar el principio de subsidiariedad. Realizar las tareas al nivel más bajo de gobierno, donde las instituciones estén más cercanas a los ciudadanos y donde se puede llevar a cabo un control más específico y estricto por parte de la sociedad.
El principio central del federalismo es la equidad horizontal. En cualquier lugar geográfico del país, a las mismas tasas tributarias, se debe tener acceso al mismo nivel de provisión de bienes públicos para los ciudadanos del mismo nivel de ingreso.
Lógicamente, las comunidades pobres requerirán transferencias de las comunidades ricas, ya que a la misma tasa impositiva no podrían financiar el mismo nivel de bienes públicos.
El segundo principio importante en materia federal está relacionado a las actividades que por su naturaleza presenten ciertas indivisibilidades. Esto ocurre en la recolección de ciertos tributos, y es por eso que se prefiere llevarlos a una recaudación centralizada. En tal caso, hay una necesidad de transferencias verticales porque puede estar más concentrada la recaudación a nivel central que a nivel municipal. En consecuencia, resulta necesario una transferencia de la jurisdicción superavitaria, que sería el gobierno central, hacia las jurisdicciones de menor nivel que tienen una mayor proporción de gastos y una menor proporción de recursos.
El tercer punto, y en ello hay un consenso básico, es que los gobiernos locales no deben hacer políticas macroeconómicas, que es una responsabilidad del gobierno federal. Por otro lado, dada la naturaleza de las erogaciones, servicios de seguridad, educación, administración general, justicia, ninguno de ellos tienen componentes cíclicos.
El esfuerzo de gasto y de financiación a nivel municipal debe carecer de componentes macroeconómicos, siendo el mecanismo por excelencia de las políticas contracíclicas el Tesoro nacional y la autoridad monetaria. Este marco de principios, de fuerte base doctrinaria en la Argentina, desgraciadamente no es respetado en nuestro país, básicamente por tres conceptos.
El primero es que la regla de distribución de recursos de carácter federal incumple los mandamientos constitucionales. En la Constitución está establecido que al 31 de diciembre de 1996 debía dictarse un régimen de distribución de recursos federales. Esto nunca se ha cumplido, aún cuando el oficialismo contaba con mayorías muy abrumadoras, durante los últimos seis años. Esa es la razón que le ha permitido al gobierno de los Kirchner manipular fuertemente los recursos que disponen.
El segundo concepto por el cual no rige el régimen federal es por la existencia de la ley de superpoderes, que les permite hacer letra muerta del presupuesto. De esta manera, la distribución de transferencias es sumamente arbitraria y discrecional. Por esta razón se construye y se gasta unas cifras fabulosas en caminos en Santa Cruz donde no hay autos, y no se hacen rutas donde tenemos congestionados el transporte de la producción como el transporte de ciudadanos.
En tercer lugar, la concentración de deudas con el gobierno federal les permite chantajear a las jurisdicciones provinciales y someterlas a la situación de pagar la deuda o alinearse con el Gobierno nacional, y eso genera de nuevo un proceso de subordinación que desvirtúa todo el contenido de la propuesta institucional de Alberdi.
Como ejemplo contrario, en la presidencia de Fernando Henrique Cardozo, Brasil logró generar dos principios fundamentales de su estabilidad: un orden en su federalismo fiscal y una ley de responsabilidad fiscal, que impidieron la inconducta y el descontrol en todos los niveles de gobierno.
¿Qué hacer? Derogar superpoderes y hacer que el presupuesto fije las transferencias a todos los niveles gubernamentales, que es donde se debe pactar el consenso republicano, en el Congreso de la Nación. En segundo lugar, debería devolverse a las jurisdicciones provinciales la recaudación y la potestad sobre distintos recursos que hoy integran la coparticipación federal. Esa devolución de recursos evitaría que el régimen de coparticipación federal se convierta en un mecanismo de desigualdad e inequidad horizontal como es en la actualidad. Por ejemplo, en este momento la provincia de Santa Cruz recibe siete veces más transferencias por habitantes que lo que recibe la provincia de Buenos Aires. Esa herramienta, absolutamente inequitativa, sólo es posible por las arbitrariedades que se han cometido.
En último lugar, hay que aprovechar –como un elemento central del acuerdo parlamentario– el dictar esa ley de coparticipación federal, que si el monto a distribuir es significativamente menor, dada la devolución de tributos, va a ser más sencillo resolverlo.
*Economista. Ex candidato a presidente.
