Tras el anuncio del decreto que diluirá a la Afsca –junto a la Aftic– en un nuevo organismo: Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), todas las empresas tradicionales de medios están felices y Clarín, más feliz aún. Al revés, las empresas no tradicionales de medios, aquellas fundadas o compradas durante el kirchnerismo para recibir su favor (dinero, fuentes de información exclusivas, más licencias y lugar preferencial en la grilla en el caso de las audiovisuales) comenzaron un proceso que puede llevarlas a la extinción: ya hoy, sábado 2 de enero, no apareció el diario Tiempo Argentino, de Szpolski/Garfunkel, preanunciando un futuro convulsionado. Entre ellos, la excepción serían los medios fundados por Daniel Hadad y comprados por Cristóbal López, quien al poder derivar recursos de sus ganancias con los casinos se apresta a resistir, imaginando que Cambiemos perderá las elecciones legislativas de 2017 y el kirchnerismo/peronismo volverá progresivamente al poder, y de ser así sería un proyecto más político que empresarial.
La nueva norma que retira la conexión de televisión por cable de la órbita de la Ley de Medios y la pasa a la de la Ley de Comunicaciones, unificando todos los servicios de conectividad: televisión, internet y voz desde teléfonos fijos (triple play) y sumando teléfonos celulares (cuádruple play), le permitirá a Clarín ingresar al negocio de la telefonía (además de no tener que vender –desinvertir– una parte de sus abonados de cable) mientras que Telefónica, Telecom y Claro podrán ingresar al negocio de vender acceso a la televisión por cable a partir del 1º de enero de 2018 (prorrogable un año más).
Si durante dos o tres años les queda a los proveedores de acceso a la televisión por cable el monopolio de ese servicio, es porque se asume que las empresas telefónicas terminarán colonizando ese sector, dándole tiempo a Clarín para convertirse –a partir de su compra de Nextel– en una empresa telefónica y a las otras empresas de televisión por cable que no tienen telefonía celular, para vender (con la expectativa de un valor mayor), asociarse o negociar con las grandes empresas telefónicas internacionales.
¿Puede una medida económica beneficiar a todas las empresas de medios tradicionales al mismo tiempo? La respuesta es no: necesariamente habrá ganadores y perdedores, nada más que sólo se sabrá dentro de algunos años, cuando se consolide el nuevo escenario y se sepa quiénes supieron aprovechar mejor las nuevas reglas del juego y quiénes no pudieron adaptarse a ellas. Habrá sí un ganador seguro: los consumidores de acceso porque, al haber más empresas compitiendo por los servicios de conectividad, tendrán un mejor servicio o un menor precio. Y podría haber otro ganador, según cómo se termine instrumentando la nueva norma: las empresas proveedoras de contenidos, que en el pasado estuvieron limitadas por quienes tenían el control del acceso: el gobierno (menemista o K) para lo que fueran necesarias licencias, y desde la fusión de Cablevisión y Multicanal quienes sufrieran el veto de Clarín si se tratara de señales de televisión por cable que precisaran un lugar en la grilla.
Y a partir de aquí los pronósticos sobre el futuro se dividen: hay quienes sostienen que las telefónicas (en el futuro proveedoras de todo tipo de conexión) terminarán también produciendo contenidos y usando su poder de distribución para privilegiar e instalar sus propios contenidos en detrimento de los demás, y quienes piensan que el gigantesco desafío que significa proveer conexión multiplataformas actualizándose continuamente frente a tecnologías disruptivas y compitiendo con otros grandes proveedores absorberán casi todas las energías de esas empresas y no podrán destacarse también en la generación de contenidos, por lo que tendrán que dejar esa tarea a empresas especializadas en contenidos.
Probablemente ambos escenarios convivan y simultáneamente haya determinado tipo de contenidos que los terminen produciendo las propias empresas de conectividad como un aditivo a sus servicios, haciendo que desaparezcan las empresas dedicadas autónomamente a producir ese tipo de contenidos; mientras que aquellos contenidos que no puedan ser producidos por los proveedores de acceso se revaloricen porque estos últimos compitan entre sí por tenerlos y se produzca alguna forma de transferencia de renta desde la distribución de contenidos hacia la producción de los mismos.
Y respecto de Clarín, la única empresa argentina con capacidad de actuar en todos los sectores de la comunicación, a pesar de que se lo considera el seguro beneficiado, también se podrían plantear dos pronósticos diferentes: que quede exhausta por tener que ir a competir con las mucho más poderosas empresas telefónicas internacionales y sin la protección monopólica del Estado que le permitió a Carlos Slim construir su empresa de telefonía líder en México (lo que el genio del management Peter Drucker llamaba “morir de éxito”), o que “cambie de liga” con mucha eficacia y se convierta en una megaempresa de telecomunicaciones desarrollando competencias que hasta le permitan expandirse ella misma internacionalmente (como hizo Slim con Claro en Latinoamérica). No es imposible: las cuatro empresas de internet latinoamericanas que valen más de mil millones de dólares, llamadas unicornios digitales por su extraordinariedad, son argentinas: Mercado Libre, Despegar, OLX y Globant.
Queda el futuro de los contenidos periodísticos y nuevamente lo que pase será determinante para Clarín. El jefe de Gabinete, al anunciar la nueva norma, comenzó diciendo: “Se termina la guerra del Estado con el periodismo”. Lo primero que se puede decir sobre los contenidos periodísticos es que en todo el mundo lo producen con más éxito los medios locales mientras que el entretenimiento es mayoritariamente internacional. Se mantiene la limitación de la Ley de Bienes Culturales a no más del 30% de capital extranjero en la producción de contenidos locales, pero como las empresas norteamericanas están exentas por un convenio de reciprocidad y las mayores empresas internacionales cotizan acciones en la Bolsa de Nueva York con alguna sede en ese país, podría no significar un verdadero limitante, como lo demostró el caso de Prisa con radio Continental y Telefónica con Telefe.
Pero nuevamente no se cumpliría la declamada diversidad de voces si –como sucede hoy en Telefe– Telefónica, Telecom, eventualmente Claro y otro jugador de las telecomunicaciones internacional, por temor a indisponerse con el gobierno de turno, no produjera por sí y además limitara el acceso de contenidos periodísticos críticos de terceros dejando entonces sólo a Clarín la posibilidad de ser el único autónomo para generarlo masivamente por tener integrado un sistema de conectividad y producción de contenidos periodísticos.
Desde estas columnas siempre se defendió el declamado objetivo de la pluralidad de voces al tiempo que se criticaba la hipocresía con que se aplicó la Ley de Medios. Y se sostuvo que la posición dominante que Clarín había obtenido con la fusión de Cablevisión y Multicanal no se solucionaba con las ideas de Karl Marx sino con las de Adam Smith y la mayor competencia posible, donde el Estado es fundamental para generar el verdadero mercado de competencia impidiendo la creación de distorsiones por posiciones dominantes de los distintos actores que vayan quedando en esa situación: hoy es Clarín en su campo, mañana puede ser una empresa de telecomunicaciones o Google.
Además de Clarín, las otras dos grandes redacciones de Argentina son las del diario La Nación y las de Editorial Perfil. En el caso de Perfil, incluso con dos licitaciones de televisión digital aprobadas por los cuadros técnicos de la Afsca y con amparo judicial ante la decisión de Cristina Kirchner de vetar la concesión al final de su mandato, y el lanzamiento de su radio de noticias nunca aprobado por la Afsca, habiendo invertido en la construcción de estudios tanto de radio como de televisión que están listos a la espera de contar con la autorización para comenzar a producir.
Y en el caso de La Nación sería lógico suponer que en este nuevo contexto también desee producir contenidos audiovisuales más allá de sus sitios web. Pero si nuevamente la intención de la leyes de promover la competencia y pluralidad terminara diluyéndose por la formación de –aunque fueran tácitos– oligopolios que limitaran o dificultaran la difusión de contenidos críticos que pudieran molestar al mismo gobernante que luego tiene que aprobar un cambio de regulación en las tarifas o los impuestos de esas empresas de telecomunicaciones, nuevamente volveríamos a la situación anterior.
El ejemplo más evidente es el de Jorge Lanata, quien no pudo hacer su programa de televisión los primeros seis años del kirchnerismo porque ningún canal de televisión quiso sumar su conflictividad hasta que ya no hubo más nada que perder en 2010, o el de Pepe Eliaschev (artífice fundamental de la denuncia sobre el pacto con Irán), que se quedó sin radio por el mismo motivo en el mismo período. Y ambos, cuando volvieron, fueron líderes de audiencia en sus horarios demostrando que el problema no era el mercado.
Para que haya mercado debe haber Estado preservándolo de las formaciones de explícitos o tácitos oligopolios. En esta columna anteriormente se mencionó el libro The Bully Pulpit sobre el presidente norteamericano Teddy Roosevelt, quien nació millonario, como Macri, y fue el impulsor de la ley antimonopolios en su país, creando la era de oro del periodismo de investigación. Pero no alcanza con una ley, si ésta finalmente fuera aprobada por el Congreso. La mayoría de los países tiene un sistema jurídico similar; sin embargo, en algunos la corrupción es calamitosa y en otros es excepcional. Hará falta un esfuerzo de todos los partidos políticos y de los tres poderes, para crear y preservar condiciones de verdadera libre competencia en la tarea de captar el interés de las audiencias construyendo sentido con periodismo.
