Largo es el camino que conduce del infierno hacia la luz. La segunda ola ha llegado a la Argentina con la misma fuerza con la cual aún se enseñorea en Europa. El Presidente parece comprender que para hacer frente a la magnitud que ha adquirido la pandemia es necesario promover la unidad y evitar los enfrentamientos. Esa descontaminación política permitirá entonces un trabajo mancomunado en pos de un objetivo clave que es convencer a la población sobre lo imprescindible que es el respeto a las normas de cuidados que comprenden la disminución de la circulación y de las reuniones sociales, el uso adecuado de los barbijos, el distanciamiento social y la higiene.
Todo esto debería estar acompañado de una aceleración del proceso de vacunación y un aumento del número de testeos.
De este menú, salvo un aumento irregular y aún escaso de los testeos, nada se ha puesto en práctica. Más bien, todo lo contrario.
No caben dudas de que, en la órbita de las medidas ideales, lo que debería hacerse en la Argentina es la vuelta a la fase 1. Pero hoy en día esto es impracticable. El Gobierno ha perdido autoridad para poner en práctica algo así. Pero no es solo eso; ha perdido también autoridad moral para convencer. Cuando Alberto Fernández decidió romper con Horacio Rodríguez Larreta –aquel día de septiembre del año pasado en el que le quitó fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acallar supuestamente la rebelión de la policía bonaerense– quemó las naves.
En vez de buscar acuerdos y soluciones, el Presidente –así como también Axel Kicillof y, obviamente Cristina Fernández de Kirchner– cree que todo se soluciona echándole la culpa por la realidad al jefe de Gobierno porteño. Bastan unos pocos segundos para demostrar que eso no es así.
Utilizando la metodología cerril del kirchnerismo de echar culpas a los otros, criticó a los profesionales de la salud atribuyéndoles un relajamiento que en verdad no existe y atribuyó a los chicos con capacidades diferentes no entender las medidas de protección. Solo un ignorante puede hacer semejantes afirmaciones que generaron repudio e indignación.
Acomplejado por la evidencia de su subordinación a la ex presidenta en funciones, AF intenta mostrarse como el real albacea del poder. Cree que eso se consigue adoptando medidas intempestivas en soledad y desoyendo el consejo de sus ministros, a los cuales deja pagando.
El claudicante presidente. El pasado miércoles 7 de abril, Alberto Fernández anunció desde la soledad de la quinta de Olivos la suspensión de reuniones sociales, el cierre de bares y restaurantes y la restricción para circular a partir de la medianoche. Más allá de la discusión por la limitación a la circulación, los mayores controles al uso del transporte público y los problemas que generaría a los ya golpeados comercios gastronómicos, la medida gozaba de cierta aprobación popular en el marco del crecimiento de casos de coronavirus que se venía produciendo sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, en su anuncio el Presidente facultó a los gobernadores a adoptar en forma temprana, medidas aún más duras para prevenir los contagios. La primera lectura de la situación señaló que el primer mandatario quiso compartir el costo político mientras el ala dura de la coalición gobernante lo criticaba por la tibieza del anuncio.
Axel Kicillof –una vez más– picó en punta. A solo dos días de las palabras del Presidente firmó el decreto provincial 178/2021 que habilitaba a la Provincia a suspender las clases presenciales y a extender la prohibición de circulación nocturna. El gobernador ya había hablado con Cristina Fernández de Kirchner y, al mismo tiempo, le hacía un guiño a la dirigencia de los gremios docentes que se quejaban de los supuestos peligros de la presencialidad. La jugada ya estaba consumada y dejó al jefe de Estado entre la espada y la pared. “No se si se hubiera animado a avanzar solo pero quedó en evidencia el desgaste al que sometieron a Alberto para que avance y cierre todo. Lo quemaron”, asegura una fuente que conoce los detalles de la interna.
Lo que ocurrió en los días previos al segundo mensaje del Presidente –el miércoles 14– ya es historia conocida. Daniel Gollán, ministro de Salud provincial –junto a su vice, Nicolás Kreplak–, salió a ejercer presión con el aval de Kicillof para que se adopten medidas más duras. El principal argumento utilizado fue el posible colapso del sistema sanitario.
El martes 13, en medio de esta avanzada, su par de Nación, Carla Vizzotti, tuvo que salir a aclarar que “el sistema no estaba colapsado” y que “solo estamos viendo un aumento acelerado de casos”.
No hacerlo hubiera sido admitir que la estrategia nacional de contención de la enfermedad había fracasado. Nada de eso importó para el gobernador bonaerense, quien siguió adelante con su accionar hasta que, en la noche del miércoles pasado, un abrumado Alberto Fernández anunció las nuevas restricciones y la polémica suspensión de clases presenciales. En este contexto, cerca del Presidente insisten en que “la decisión la tomó en soledad, observando el crecimiento de la curva de contagios y luego de escuchar las recomendaciones del comité que lo asesora”.
Es muy probable que haya sido así teniendo en cuenta que días antes advirtió que si tenía que perder las elecciones por cuidar a la gente, lo haría. También es cierto que la intempestiva presión ejercida por sus “socios” lo determina y lo condiciona. Si el avance del ala dura del Frente Contra Todos a favor del cierre total era imparable, no podía darse el lujo de quedar como un presidente blando ante propios y ajenos. Aun así, para gran parte del gabinete y de la opinión pública, volvió a ceder a los caprichos del Instituto Patria.
Triste final para una decisión presidencial que dejó en el camino y muy mal parados a su ministro de Educación, Nicolás Trotta; y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quienes insólitamente, ante tamaño desplante, no renunciaron. Se ve que, al igual que Alberto Fernández, tienen poco interés en cuidar el valor de su palabra.
Producción periodística: Santiago Serra.
