martes 26 de mayo de 2020 | Suscribite
COLUMNISTAS / mensajes ambiguos
sábado 7 marzo, 2020

El valor de la palabra

Hay una gran distancia entre lo dicho y lo hecho por el Gobierno en tres frentes: campo, jubilados y Justicia.

‘Haz lo que yo digo...’ Foto: Pablo Temes
sábado 7 marzo, 2020

El sábado 29 de febrero, el presidente Alberto Fernández, tras encabezar la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, nos relató el estado calamitoso con el cual encontró el Estado argentino apenas comenzó a gobernar, nos anunció el enorme paquete de medidas magistrales que se propone impulsar, nos contó sobre la versión 2020 del nuevo Consejo Económico y Social para el desarrollo argentino, nos comunicó que se enviará un proyecto de ley para que la legalización del aborto se materialice, citó en varias ocasiones al doctor Raúl Alfonsín y nos reiteró en más de una oportunidad que venía “para recuperar el valor de la palabra”.

El Presidente debe conciliar varios frentes para llevar a cabo su programa y “poner de pie nuevamente a la Argentina”. Tres de esos frentes merecen un abordaje especial, por la ambigüedad que presentan entre lo dicho y lo hecho hasta el momento.

Campo. Un primer frente se plantea en torno al campo o, para ser más exactos, en torno a los sojeros, ya que el Gobierno estableció recientemente que las retenciones se incrementarán para dicho sector del 30% al 33%.

En agosto de 2019, el entonces candidato Alberto Fernández, presentó un documento sobre la realidad del sector agroindustrial ante las autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario, sus mercados adheridos y la Cámara Arbitral de Cereales.

Buzzi, indignado con la Mesa de Enlace: "Es lamentable, Alberto busca conciliar"

En ese documento, Fernández explicó las políticas que implementaría en caso de ganar las elecciones y realizó una autocrítica respecto a la política kirchnerista contra el campo: “Se cometieron errores en el pasado que jamás volveremos a cometer”.

Consultado sobre las retenciones al campo, se mostró en desacuerdo y las calificó como “un castigo a la generación de valor del sector primario”.

En diciembre de 2019, poco después de haber asumido, el gobierno de Alberto Fernández anunció un aumento del 24,7% al 30% para las retenciones a las oleaginosas, y un aumento del 6,7% al 12% por los derechos de exportación de trigo y maíz.

Y tras su reciente anuncio de aumentar 3 puntos las retenciones a la soja, del 30% al 33%, el Presidente confió en la buena recepción de su nueva medida impositiva y dijo a empresarios: “Valoro mucho que las asociaciones del campo hayan aceptado y tomado a bien la propuesta que hicimos cuando les pedimos que uno de los 25 cultivos suba las retenciones y les hemos demostrado que dialogando podemos hacer las cosas bien”.

Al día siguiente, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunció al Gobierno: “Nos vemos en las rutas”. Así, los dirigentes de la Mesa de Enlace (CRA, Federación Agraria Argentina, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina) anunciaron un paro con cese de comercialización de granos y hacienda en pie, por cuatro días, desde las 0 horas del lunes 9 de marzo hasta las 24 horas del jueves 12 de marzo del corriente.  

Jubilados. Un segundo frente, el de los jubilados, está a la espera de “la tierra prometida”. A diez días de asumir la presidencia, Alberto Fernández presentó con premura un pretencioso proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que abarcaba diferentes medidas de emergencia, algunas muy nobles y otras muy mezquina, y anunció la suspensión de las actualizaciones de haberes jubilatorios, donde aquellos jubilados que cobraban haberes inferiores a 19 mil pesos cobrarían dos bonos de 5 mil pesos, y luego quedarían a la espera de la discrecionalidad del Presidente, para que determine por decreto cuánto aumentarían sus jubilaciones.

Los jubilados afortunados, que cobran haberes mayores a los 19 mil pesos, no cobraron sus bonos, como lo indicaba la Ley de Solidaridad. Por su parte, para todos se cumplió la suspensión de las actualizaciones hasta marzo, cuando el Presidente decretó aumentar los haberes, de modo tal que los jubilados que cobraban a febrero menos de 16.200 pesos obtuvieron un aumento levemente superior al de la malvada fórmula de movilidad jubilatoria que se pretende cambiar (197 pesos más), mientras que para aquellos que cobraban más de 16.200 pesos, se dispuso que recibieran aumentos inferiores a los que se deducían del sistema anterior.

Así, la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, calificada por el nuevo gobierno como “un asalto a los ingresos de los jubilados”, fue reemplazada, por el momento, por una “nueva modalidad solidaria” que prácticamente no sumó beneficios y sumó perjuicios.

Grabois, contra el campo: "Son parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra de todos"

Justicia. Mientras tanto, el frente de los jueces y demás magistrados, quienes se empeñan en seguir cobrando sus jubilaciones especiales, parece haber recibido finalmente su merecido, o no tanto, debido a que la ley de reforma para poder eliminar las jubilaciones de privilegio logró la media sanción de Diputados, y espera ser sancionada próximamente tras ser debatida en la Cámara alta.

Sin embargo, muchas son las “máculas”, para utilizar un término muy albertista, que nos presenta esta particular reforma.

Por un lado, enfrentar de una vez que dejen de existir jubilaciones que ostentan sumas que pueden superar los 500 mil pesos mensuales, mientras la jubilación mínima acaba de ascender a 15.740 pesos suena genial. Por el otro, que de pronto se presenten renuncias en masa de jueces y fiscales que, adelantando su dimisión, podrán ingresar en el régimen anterior antes de que sea modificado, para así poder cobrar sus suculentas jubilaciones, no suena nada bien.

Y que a partir de estas masivas renuncias se pueda generar un efecto, tal vez deseado, de que se abran repentinamente numerosas vacantes en el Poder Judicial para que se puedan nombrar jueces “reemplazantes” da para ponerse un poquito nervioso, principalmente si consideramos que gran cantidad de funcionarios públicos cargan sobre sus espaldas importantes causas penales.

¿Una reforma solidaria y transparente o con nuevas “máculas”? Los futuros jueces nos responderán este interrogante.

Para recuperar el valor de la palabra necesitamos claridad, transparencia y un rendimiento de cuentas constante de nuestros dirigentes, estos, los anteriores, los anteriores a los anteriores, que parecen no entender que como ciudadanos debemos contar con el derecho más elemental, el de ser informados, sin ambigüedades ni equívocos, sobre las intenciones y futuras acciones de quienes nos gobiernan.

*Politóloga y Profesora (UBA).


Comentarios

RECOMENDAMOS...

Periodismo puro

© Perfil.com 2006-2018 - Todos los derechos reservados

Registro de Propiedad Intelectual: Nro. 5346433 | Edición Nº 5007

Domicilio: California 2715, C1289ABI, CABA, Argentina  | Tel: (5411) 7091-4921 | (5411) 7091-4922 | Editor responsable: María José Bonacifa | E-mail: perfilcom@perfil.com | Propietario: Editorial Perfil S.A.