“Está mal, pero no tan mal”. Probablemente Guido Kaczka haya hecho un aporte personal a la cultura criolla con esta frase destinada a juzgar la cultura popular de los aspirantes a ganar millones de pesos en su programa, pero que se quedan a medio camino en el intento. Lo que no previó, es que serviría para juzgar cuestiones técnicamente complejas de la alta política y la alta economía. Es el caso, parece, de una de las metas inamovibles que el próximo gobierno deberá respetar y ejecutar, casi como política de Estado. Se sabe que quien suceda al algo fallido gobierno de Alberto Fernández, deberá conducir su gestión a lograr lo antes posible el tan ansiado equilibrio fiscal primario ya en 2024; y, en lo posible, llegar rápidamente a un superávit entre ingresos y gastos. Se trata de una meta que ya nadie discute y que los dos candidatos que llegan con vida al balotaje del 19 de noviembre ya anunciaron que lograrán. En un caso con más vehemencia que el otro. Uno, Sergio Massa, asegura que en su eventual primer año de gestión alcanzará un ahorro fiscal de 1% del PBI. El otro, Javier Milei, redobla la apuesta y con soltura y envidiable confianza en sí mismo asegura que en su gestión rápidamente llegará al 5% de superávit.
La pregunta que surge entonces es simple: qué tan lejos está el país de lograr el tan ansiado equilibrio fiscal.
O, dicho de otra manera, qué tan profundo y feroz será el ajuste de gastos público o aumento de los ingresos vía impuestos que deberá ejecutar Argentina para llegar al punto de equilibrio más importante de todas las variables de la economía; una ciencia que basa sus definiciones en conseguir la referencia del PxQ. Ahí sirve la máxima Kaczka. Si bien aún restan contabilizar los siempre complicados últimos tres meses del 2023 (los más peligrosos del año para provocar desmanes contables de gastos); los profesionales más aceitados en la materia de calcular la evolución fiscal del país aseguran que este año el desequilibrio primario estará ubicado entre el 2 y el 2,5% del PBI. Es el caso de Nadin Argañaraz, del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), vinculado a la Fundación Mediterránea y quien sigue mes a mes desde hace décadas la evolución de la situación fiscal del país. Siempre crítico (tiene motivos), encuentra sin embargo, el nivel de déficit que el próximo gobierno heredará de este 2023 como no tan trágico y potencialmente manejable para lograr el próximo ejercicio el tan ansiado equilibrio entre ingresos y gastos. Será un porcentaje más alto del 0,96% que Mauricio Macri le dejó a Alberto Fernández (tendencia que luego el actual Presidente desaprovechó).
Si bien en 2023 habrá, según el cálculo de Ieral un desvío de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en la promesa de 1,9% máximo de déficit que Martín Guzmán firmó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando cerró en marzo del año pasado el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente hasta abril de este año y relanzado en julio pasado por Sergio Massa; el desvío no es dramático. Más teniendo en cuenta el uso de fondos públicos que el ministro de Economía hizo en medio de la campaña con el Norte puesto en las urnas del 22 de octubre. De hecho, hacia agosto- septiembre, la mayoría de las consultoras de la línea ortodoxa afirmaban que el piso de desequilibrio alcanzaría el 3%. De ahí, hacia arriba. Ese potencial 2,5% pone al próximo gobierno en un problema muy serio; pero, por ejemplo, mucho más flexible que el 6% que Mauricio Macri heredó de Cristina Kirchner cuando asumió en diciembre del 2019. En síntesis, si bien es un problema, el problema no es dramático. O, dicho de otra manera, manejable para reducirlo en un ejercicio futuro; sin sequías ni elecciones que lo jaqueen.
De hecho, un desequilibrio de ese nivel con un gobierno medianamente prolijo que además, tuviera cierto guiño sojero, no tendría mayores problemas para pelear el compromiso de Guzmán al FMI de un déficit de 0,9% para 2024. De hecho, navegando sobre una recuperación de los ingresos fiscales vía retenciones, con el aporte de la inexorable inflación del primer semestre 2024 y su efecto sobre la recaudación impositiva, un congelamiento contable del gasto público y alguna aplicación sensata, pero no fanática de reducción de subsidios a las tarifas de luz y gas a los sectores de mayores ingresos; la meta con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva quedaría a tiro. Y a los ojos de los examinadores que esperan resultados en sus escritorios del quinto piso del edificio inteligente donde trabaja el Fondo Monetario; sería un milagro.
Sergio Massa va por más. Al hablar ante corresponsales extranjeros el 23 de octubre en el Palacio de Hacienda, a 24 horas de su triunfo electoral, prometió que una vez electo (si se diera esa situación), no sólo llevaría las cuentas públicas a un equilibrio sino que se le animó a un superávit cercano al 1%; meta que se alcanzaría (según explicó) eliminando beneficios industriales y exenciones impositivas. Si se tiene en cuenta que los capítulos más importantes en cuanto a la cantidad de dinero que podría obtenerse con estas eliminaciones son el programa fiscal de promoción industrial de Río Grande, Tierra del Fuego, y los impuestos que no deben pagar las cooperativas y mutuales; resulta complicada la ejecución de la promesa. Más por cuestiones políticas que económicas y financieras. Massa estaría obligado a trabajar más sobre capítulos ortodoxos, como subsidios, partidas discrecionales o similar. O trabajar sobre nuevos impuestos, donde siempre hay algo de lugar para avanzar. Obviamente aprovechando el impulso que daría un triunfo electoral en los primeros días de gestión. Se verá.
El caso de Javier Milei es diferente. Promete conseguir, motosierra mediante y en su primer año de eventual gestión, una reducción del gasto tan importante que impulsaría un superávit fiscal para diciembre de 2024 de 5%.
Asegura que ya tiene todo programado, con las áreas de demolición del gasto plenamente identificadas, y que sólo necesita asumir el 10 de diciembre para comenzar la faena.
Se verá.
