La violencia de género es un problema que no disminuye en el país. Los datos de los dos observatorios de organizaciones de mujeres que analizan y siguen la evolución de los casos de violencia de género, y especialmente de los casos más graves como son los femicidios, acaban de publicar las cifras al 31 de julio de este año y allí es evidente que el problema persiste en niveles graves. Esto es ratificado por el observatorio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien el Gobierno Nacional desmanteló todos los programas destinados a atender a las personas que experimentan violencia por su condición de mujer, en todas las edades e incluso las niñas y las mujeres trans, así como su prevención.
Ahora, tanto la atención como la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, son actividades responsabilidad exclusiva de las provincias y municipios, con las diferencias que esto genera tanto por el interés de las autoridades provinciales en reconocer y actuar, como por la disponibilidad de recursos de personal capacitado, de instituciones, hasta los económicos con que cuentan.
La negación del reconocimiento de la violencia de género por parte del Gobierno Nacional es uno de los motivos que justifican el desmantelamiento de los programas existentes. A esto se suma que desde hace más de un año una senadora presento un proyecto de ley sobre falsas denuncias referidas a los casos de violencia contra mujeres y niñas niños y adolescentes; o sea violencia de género. Esto no se justifica en la frecuencia que se registra, ya que las falsas denuncias por este motivo eran un número muy insignificante. Según el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, de una muestra de los 8,2 millones de causas penales, el 0,09% pudieron ser confirmados y penalizados como falsas denuncias, y de esos solo el 8% de esas falsas denuncias correspondían a violencia de género. La escasa frecuencia de estas falsas denuncias, en general, y muy especialmente en los casos de violencia contra mujeres y niñas, es algo que está avalado por múltiples datos. Esto indica que este proyecto de ley no se justifica por la frecuencia de este hecho. Además, ya existe la penalización de los casos de falsas denuncias, por lo tanto tampoco es necesaria la ley ya que existe esa penalización. Pero el proyecto de ley aumenta la penalización, a un nivel que resulta mayor que la penalización por violencia de género, lo que es realmente una exageración. Por todo esto, la mayoría de las entidades y especialistas en el tema coinciden en la inconveniencia de este proyecto de ley, así como su condición de ser totalmente innecesaria.
También en lo que coinciden todos los especialistas es en el efecto muy negativo de este proyecto al actuar como disuasor de que se denuncien estas violencias, aún más de la ya baja frecuencia de estas denuncias, que es una realidad en el país y que se pone en evidencia por los escasos antecedentes de denuncias en los casos de femicidios. A su vez, el Observatorio de Violencias de Género de los Ministerios Públicos indico que en el 77% de las mujeres que sufrió algún tipo de violencia de género no lo denunció. A esto se suman las dificultades, rechazos y excusas que se les plantean a las mujeres en las comisarías y ámbitos a los que van a denunciar en muchos lugares del país. A esas dificultades frente a quienes van a denunciar una violencia de género, esta ley va a aumentar el que las mujeres se abstengan de denunciar, lo que no ayudará a quienes experimentan está violencia ni a quienes proponen prevenirla.
Frente a estas observaciones, este proyecto de ley ha sido modificado. Se amplió a todas las falsas denuncias con un agravamiento de la penalización, con lo cual su impacto aún va a ser más negativo, según acuerdan la mayoría de las entidades especialistas, que se han expresado con críticas muy fundadas. El apoyo y la insistencia con este proyecto en el Senado de la Nación por parte del oficialismo y de los bloques de otros partidos que acompañan las decisiones del oficialismo se debe a su posición negadora de la violencia de género. Incluso el partido radical a través de sus representantes en todo el país y organismos oficiales además de una importante mayoría de sus instituciones y de sus dirigentes en todo el país no apoyan este proyecto que es de autoría de una senadora radical. Las autoridades de la UCR reclaman que este proyecto rompe una tradición de defensa de los derechos humanos reconocidos y defendidos por ese partido. Otros partidos políticos también rechazan el proyecto de ley. Todo esto indica que de tratarse en el Senado será apoyado por una mayoría mínima, pero luego en diputados será mucho más difícil de ser aprobado. Esto demuestra como la defensa de los derechos conquistados, especialmente los de mujeres y niñas, requieren una lucha permanente.
