Si bien al cierre de la edición de esta nota los decretos con los que el presidente Mauricio Macri había modificado la ley audiovisual tropezaban con suspensiones cautelares de jueces federales, los cambios que busca introducir el Gobierno en la regulación de medios audiovisuales y telecomunicaciones fijan un horizonte que, desafiado por una nueva etapa de judicialización, ofrenda un mercado infocomunicacional unificado bajo la consigna de la convergencia.
Esa ofrenda merece analizarse desde diferentes perspectivas. Esta nota discute una arista económica de la cuestión abordada en la columna de Jorge Fontevecchia, “El futuro de los medios” (http://www.perfil.com/columnistas/El-futuro-de-los-medios-20160102-0001.html).
Los cambios dispuestos por decreto tienen dos objetivos: por un lado, tomar el control de la política de medios y telecomunicaciones (creación del Ministerio de Comunicaciones, intervención de Afsca y Aftic, posterior disolución y reemplazo por un ente dependiente del Ejecutivo, el Enacom) y, por otro, detonar la regulación sobre concentración de la propiedad en tv abierta, tv por cable y radios (licencias cuyo plazo de explotación se extiende) y al mismo tiempo animar cruces entre los mercados audiovisual y de telecomunicaciones. Estos cruces se habilitarían en lo inmediato para los grupos de medios (los operadores de tv por cable podrían aprovechar su red para dar telefonía) y después de dos años (prorrogables a tres) se permitiría que las telefónicas brinden tv por cable.
Fontevecchia afirma que la medida no puede beneficiar a todas las empresas de medios a la vez: habrá ganadores y perdedores. En efecto, quienes poseen mayor escala, los concentrados, tienen ventajas para robustecer su dominio y ampliarlo a nuevos ámbitos (concentración conglomeral); más aún cuando los decretos del Gobierno eluden todo tipo de obligación para los grupos que ostentan posición dominante. Los actores pequeños y medianos podrán vender, ya que sus licencias son prorrogadas. Pero vender es salir del mercado.
Las normas internacionales citadas en el DNU 267, así como la bibliografía sobre competencia en mercados con tendencia a la concentración, contradicen la orientación elegida por el Gobierno, ya que en Estados Unidos, México o Europa se exigen contraprestaciones de interés público a los dominantes, como regulación de precios; pautas de must carry y must offer para que los operadores de redes no discriminen los contenidos de sus competidores en contenidos y a la vez dejen a sus competidores de redes acceder a sus contenidos; reglas de concentración cruzada con otros mercados; salvaguardas contra la apropiación exclusiva de derechos de transmisión de eventos de interés público.
Los decretos de Macri son dogmáticos al ignorar la evidencia sobre los efectos de la concentración en medios y telecomunicaciones. De modo que sí, habrá ganadores y perdedores. La puja entre dos gigantes, Telefónica y Clarín, ordena el paisaje de un sector que, casi sin frenos regulatorios, exhibirá mayor oligopolización. La competencia invocada por el Gobierno es un artificio que colisiona con la creación de barreras de entrada a nuevos competidores.
Pero cuando Fontevecchia afirma que “habrá un ganador seguro: los consumidores de acceso porque, al haber más empresas compitiendo por los servicios de conectividad, tendrán un mejor servicio o un menor precio” presenta una perspectiva sólo válida a corto plazo (cuando habría ofertas de triple play que mejorarían los abultados precios que hoy cotizan por separado). Pero la concentración excesiva, lejos de beneficiar a los consumidores, los perjudica. La relación entre precios y calidad de servicios en el hiperconcentrado mercado de telefonía móvil o la virtual cartelización de la tv paga son pruebas nítidas de que el descontrol regulatorio no es sólo una cuestión de derechos (a la libertad de expresión), sino además un serio trastorno económico.
*Especialista en medios. (@aracalacana).
