El Gobierno enfrentará en las próximas semanas dos desafíos claves: 1) afrontar el pico de contagios de coronavirus para el cual nos hemos venido preparando desde que se estableció la cuarentena, el 20 de marzo, y 2) cerrar la negociación con los bonistas y evitar un default duro, algo que agravaría la delicada situación de la economía argentina. El modo en que el Gobierno resuelva estas dos cuestiones tendrá importantes consecuencias tanto para el gobierno de Fernández como para la economía argentina.
Transitoriedad. La pandemia del Covid-19 significó sin dudas un baldazo de agua fría para la administración Fernández. Las medidas adoptadas inicialmente parecían ser parte de un paquete transitorio para lidiar con la emergencia y resolver en un plazo breve la cuestión de la deuda, para luego presentar un plan económico.
La propuesta de deuda revela que la intención del Gobierno era no efectuar pago alguno durante el mandato actual y realizar los menores pagos posibles en el siguiente mandato, buscando así postergar para un futuro lejano no solo los pagos de deuda, sino también cualquier tipo de ajuste fiscal.
La reestructuración de la deuda, la reversión de las políticas de austeridad fiscal y las divisas que traerían las inversiones en Vaca Muerta eran los pilares para construir la hegemonía del Frente de Todos en las sucesivas elecciones. Sin embargo, la pandemia trastocó los planes iniciales del Gobierno.
Liderazgo y cuarentena. Pero la pandemia también le permitió a Alberto Fernández construir su liderazgo. Las encuestas muestran que la estrategia del Gobierno frente al Covid-19 goza de una amplia aceptación. Asimismo, la rápida reacción del Gobierno en marzo, luego de haber minimizado el problema en febrero, resultó en un crecimiento notable de la imagen presidencial.
Sin dudas, la cuarentena ha sido exitosa desde el punto de vista sanitario: se logró achatar la curva, dilatar el pico de contagios y ganar tiempo para preparar al sistema de salud para el pico de contagios. Aunque en las últimas semanas ha habido un aumento en el número de estos, la cantidad de muertes es relativamente baja y el sistema de salud está lejos de enfrentar una situación de estrés.
Más aún, el Covid-19 dista de ser un problema de todo el país: el grueso de casos se concentra en unos pocos distritos. Todo indicaría que Argentina podrá sortear exitosamente el pico de casos sin que el sistema de salud esté al borde del colapso.
Interrogantes. El éxito en materia sanitaria plantea sin embargo interrogantes respecto de la pospandemia. El impacto de la pandemia y la cuarentena ha agravado los problemas económicos que ya desde antes enfrentaba la Argentina.
El EMAE de marzo (que solo cubre parcialmente el impacto de la cuarentena) registró una caída mensual del 9,8%. Todo hace suponer que los números de abril serán peores, dado que capturarán el impacto pleno de la cuarentena.
Argentina parecería encaminarse a una caída del PBIA similar a la de la salida de la convertibilidad. La falta de acceso al crédito internacional y el déficit fiscal dejan a la emisión monetaria como única alternativa disponible para financiar las medidas de asistencia a los grupos vulnerables y al sector privado. Las consecuencias del financiamiento por vía de la emisión son bien conocidas.
Es de cara a estos desafíos que cobra relevancia el otro gran test de Fernández: la renegociación de la deuda. Una renegociación exitosa de la deuda era una tarea necesaria previo a la pandemia. En la situación actual, es más urgente aún.
Default. Para cuando esta columna se publique, Argentina habrá caído nuevamente en default.
Dado que las negociaciones con los bonistas continuarán a pesar del default, este no resultará catastrófico en lo inmediato, pero tampoco es un hecho anecdótico. A partir de ayer, el partido entró en tiempo de descuento. Luego del amplísimo rechazo que tuvo la oferta inicial del Gobierno, este mostró una mayor predisposición a negociar y a buscar un acuerdo con los bonistas, acuerdo que, de producirse, demandará algo más de tiempo. Mientras haya expectativa acerca de la cercanía de un arreglo, los acreedores preferirán evitar recurrir a los tribunales de Nueva York.
Ahora bien, si las negociaciones se dilatan y el acuerdo se muestra esquivo, los bonistas tendrán más incentivos para o bien acelerar sus bonos o bien desprenderse de ellos, dejando lugar a otro tipo de inversor que Argentina conoce bien, y que apuesta a la vía judicial para maximizar sus ganancias. Ello sería un problema para la Argentina, más aún en el contexto de la pandemia.
El Gobierno ha dicho que no quiere un default, pero que de ser necesario no dudará en hacerlo. Posiblemente se trate de una postura negociadora.
Pero si realmente hubiera predisposición a ir a un default duro, bien cabría reparar en sus consecuencias. Como bien recordó el economista argentino David Kohn en una columna publicada esta semana en El Economista, el default típicamente trae consigo mayores caídas del PBI ocasionadas por el mayor costo de financiamiento del sector público y privado, la caída en el comercio exterior y la pérdida de valor de activos. Es decir, un default duro agravaría los problemas de la economía pospandemia.
Debilidad. Independientemente del éxito de Fernández en la guerra contra el Covid-19, el default lo debilitará políticamente, no solo porque eventualmente la situación económica comenzará a pasarle factura al Gobierno, sino también porque ello aumentará la dependencia de Fernández respecto del núcleo duro del Frente de Todos: el kirchnerismo. Un sector que cuenta con un liderazgo claro, con territorio, con los recursos que le reporta tener bajo su control importantes agencias del Gobierno (como el PAMI y la Anses, por ejemplo), con una agenda concreta bien evidente y que –tal como se ha visto en estas últimas semanas– no se ha tomado la cuarentena como unas vacaciones para la política, más bien todo lo contrario.
*Politólogo y docente UCA/Ucema.
