El próximo 24 de febrero el gobierno cubano someterá a referéndum un proyecto de reforma constitucional que mantiene el actual régimen de partido único y el carácter “irreversible” del sistema socialista. Ese día los ciudadanos cubanos podrán optar por Sí o por No a la propuesta oficialista, en una convocatoria que algunos opositores ven como amañada y otros como la primera oportunidad de competencia política en sesenta años.
¿Pero acaso esta dictadura implacable, que sobrevivió a tantos presidentes de Estados Unidos y hasta salió indemne de su alianza con la dictadura militar argentina será tan torpe como para dejar en evidencia un rechazo importante a la revolución? Y no se trata del “milagro” de que triunfe el No, sino de que esa opción refleje que un porcentaje no menor de los ciudadanos cubanos se expresó en contra del régimen de partido y pensamiento únicos.
En efecto, tan solo un 15% de votos por el No implicaría blanquear que en Cuba hay –por lo menos– un millón de personas que se oponen al sistema, cuando la dictadura de los Castro siempre trató de mostrar un apoyo unánime acusando a sus opositores internos de ser una minoría insignificante y calificándolos como agentes extranjeros, algo característico de este tipo de regímenes.
Y aunque muchos responsabilizan al embargo norteamericano a Cuba para intentar exculpar la violación de derechos humanos por parte del castrismo, lo cierto es que esta dictadura cumplió sesenta años en el poder porque ejerce un control represivo muy aceitado combinado con la complacencia internacional de la que goza.
Tanto es así que los mismos gobiernos de América Latina, e incluso la Unión Europea, que expresaron acertadamente que no reconocen al ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no han realizado ningún cuestionamiento al proceso que llevó a Miguel Díaz Canel como presidente de Cuba sucediendo a Raúl Castro y tampoco se les ocurrirá hacerlo con un referéndum constitucional que no respeta la más mínima garantía de probidad electoral.
Al respecto, vale la pena recordar que el 5 de octubre de 1988 la dictadura militar chilena se sometió a un plebiscito para decidir por Sí o por No la continuidad del general Augusto Pinochet por ocho años más en el poder y terminó en la derrota del régimen militar, abriendo así el paso al restablecimiento de la democracia en Chile.
A diferencia del referéndum para aprobar una Constitución propuesta por el pinochetismo en 1980, el plebiscito de 1988 en Chile se realizó con todas las garantías. A tal punto que resultó adverso para el gobierno: la opción No de la oposición cosechó un 56% de los sufragios bajo el lema de campaña “Chile, la alegría ya viene”.
En el plebiscito que puso fin al régimen militar chileno la oposición pudo hacer campaña por el No, incluso en los medios públicos, lo cual fue un factor fundamental.
Muy diferente será el referéndum en Cuba. Solamente hay campaña oficial por el Sí y desde el gobierno se advierte descaradamente que votar por la opción del No es atentar contra el proceso de reforma constitucional. Y si bien los ciudadanos podrán presenciar el escrutinio, ya ha pasado en la última farsa electoral del 2017-2018 en Cuba que los opositores fueron impedidos de salir de sus domicilios, resultaron arrestados en la vía pública o les negaron el ingreso al lugar de votación para fiscalizar.
Sin embargo, es un buen momento para que la alegría llegue a Cuba porque es demasiado obvia la contradicción de gobiernos y organismos condenando a Nicolás Maduro y al mismo tiempo ignorando la perpetuación antidemocrática del castrismo. Y los primeros que lo tendrían que hacer notar son los demócratas venezolanos, que además conocen en carne propia el rol del régimen cubano en la instauración de una dictadura en su país.
*Director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).
