La generalización suele ser enemiga del buen periodismo, una enemiga silenciosa y poco descartada cuando se la elige por carencia de información más específica, particular. El hecho que genera este comentario es la difusión masiva de supuestas irregularidades en el universo de beneficiarios de planes de ayuda social administrados por el Ministerio de Desarrollo. Para contextualizar: un informe de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitió conocer un elevado número (no especificado, nombre por nombre) de beneficiarios del llamado Plan Potenciar Trabajo, cuyas características socioeconómicas no se ajustarían a los requisitos exigidos para recibir la ayuda monetaria prevista por el programa.
Lo detectado por la AFIP trepó a las primeras planas de algunos medios y a espacios periodísticos centrales de señales de aire, cable y streaming, en su gran mayoría con un sesgo emparentado con la oposición al Gobierno. Sin embargo, hay un mal de origen en la difusión por vía de la prensa: la generalización. No es posible –porque existe el secreto impositivo– conocer caso por caso, pero en los medios que publicaron la noticia con mayor virulencia se dio por cierto que esos más de 200 mil beneficiarios no merecen el aporte de ayuda estatal. La razón: sus ingresos, gastos e inversiones, propiedades o estados contables no serían compatibles con el acceso a un subsidio oficial. Y ahí se da lo que se plantea como negativo al comienzo de este texto: la generalización mete a todos en la misma bolsa y los hace aparecer –sin discriminación– como beneficiarios espurios de una ayuda necesaria para los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo: se dice en el informe de la AFIP que se detectaron propietarios de vehículos, embarcaciones y hasta aeronaves. Al no identificar las personas que supuestamente tienen esos bienes por encima de los requerimientos del plan, entran en la misma condena los dueños de automóviles de alto costo y de motocicletas para reparto, de lanchas destinadas al esparcimiento y botes para pesca artesanal, de viviendas de lujo y casas modestas.
Por cierto, serán los organismos del Estado los encargados de separar unos y otros, y sancionar con la quita del plan a quienes no cumplan con los requisitos para el beneficio; y también de la Justicia caracterizar esas violaciones como delitos o no. Hasta que ello ocurra, es conveniente no tomar posiciones extremas, que han llegado hasta el cuestionamiento de la validez de todos los planes de ayuda económica.
Lo que está sucediendo con este tema no es diferente de otros similares, en una tendencia a la generalización que mucho mal causa al ejercicio del buen periodismo. Cuando un político de un signo afirma que sus colegas de signo opuesto son corruptos, y no identifica a quiénes se refiere, amplía la sospecha al conjunto y no cumple con el requisito básico de identificar al corrupto por su nombre y apellido. Es habitual que en el lenguaje coloquial se diga que “los médicos recetan lo que los laboratorios quieren”, o que “los abogados son tan delincuentes como los que defienden”. Hasta ahí, solo cabe recomendar que no se empleen esos argumentos así, en general. Pero cuando los periodistas difunden sin cuestionamientos esas afirmaciones, colaboran de manera casi cómplice con sus emisores y se acoplan a sus posturas, generalmente motivadas por intereses sectoriales, políticos, económicos o de otra naturaleza.
En fin: para tomar posición es necesario contar con información clara, detallada, pormenorizada y particular, y no caer en conceptos generalizadores que nada aportan a un buen ejercicio de esta profesión.
