El 18 de marzo terminó en Naciones Unidas en la sede en Nueva York, la 67° Sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer –CSW67 por sus siglas en inglés–, que se realiza anualmente alrededor del 8 de marzo. Este año fue del 6 al 17 de marzo y contó con una masiva asistencia de alrededor de 9 mil mujeres de todas las edades, culturas, nacionalidades, etnias y razas, idiomas y otras diferencias. Todas las dependencias de la ONU estaban colmadas y, si bien la mayoría de las representantes de organizaciones no gubernamentales podían entrar al edificio, luego era difícil o imposible hacerlo a los salones de las sesiones, para ello se requería un doble ticket que era muy difícil de conseguir. Mientras la parte oficial de las sesiones fue solo presencial, las actividades del Foro de ONGS que se realiza en paralelo eran en su mayoría virtuales y algunas híbridas. Estas restricciones a la presencialidad en la oficial y la excesiva virtualidad en lo no gubernamental fueron motivo de queja por parte de muchas de las asistentes, y es algo que tanto la Secretaría de Naciones Unidas como el grupo que maneja el Foro de ONGS deben revisar ya que las restricciones deben acompañarse de forma de duplicar y retransmitir las sesiones y facilitar el intercambio presencial, que es uno de los atractivos de participar en estas reuniones, tanto para las representantes gubernamentales como para las de la sociedad civil.
Las negociaciones del documento que se acuerda y emite al cierre requirieron un gran trabajo de quien manejó la negociación, tarea que recayó en la representante permanente de Argentina ante la ONU y vicepresidenta del Comité Directivo de la CSW por la región, embajadora María del Carmen Squef. La buena conducción de la negociación permitió lograr un muy buen documento, algo que parecía difícil al comienzo del evento por la insistencia de un grupo de países en cuestionar temas acordados en años anteriores. En la ONU vemos que mientras la mayoría avanza en consagrar derechos hacia la Igualdad de Género, otros pocos quieren volver atrás atentando contra el consenso necesario en ONU. En general estos documentos son muy largos, lo que quita la posibilidad de presentar claramente los principales objetivos. Acortarlos implica acuerdos importantes que si no se logran fácilmente se traducen en más párrafos explicativos alargando el documento. Esto ocurre ante la oposición a mencionar algunas palabras porque hay quienes creen que se infiltran otros contenidos o porque países con gobiernos con base religiosa no pueden reconocer, por ejemplo, la sexualidad. La férrea conducción a privilegiar la discusión de los párrafos nuevos relativos al tema central de la reunión permitió dejar esas discusiones para el final y sortearlas con el apoyo de los textos aprobados anteriormente, que llamamos “lenguaje acordado”. El documento hizo hincapié en la necesidad de eliminar la violencia de género en el uso de las tecnologías y las plataformas, el reconocimiento de que la niñez, y especialmente les adolescentes, son les que más manejan el mundo digital y son quienes tienen mayores riesgos, motivo por el cual se les debe incluir tanto frente a los riesgos como a los beneficios del uso de las nuevas tecnologías; había países que se oponían. No fue casual que este año asistieron muchas más adolescentes y jóvenes, el tema las congregó. También se resaltó el reconocimiento de los derechos humanos y el uso de las tecnologías y plataformas para su difusión y control de su vigencia. No faltaron las menciones a la necesidad de la educación digital de las mujeres y niñas en el nivel formal como en el informal para cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Ahora toca a los países implementar estos acuerdos, lo más difícil.
