No se había consumido el primer lustro de la Revolución Francesa pero en París ya se experimentaban los problemas que ocasionaba la contrarrevolución monárquica: Francia se encontraba situada por las potencias europeas y su moneda perdía valor a medida que se aceleraba la inflación. Para hacer frente a la ofensiva se iniciaría la “era del terror”: una etapa de feroz represión a los opositores, sumada a una fuerte intervención en la economía.
En ese contexto, a mediados de 1793, el Comité de Seguridad Pública decretó la ley del Máximo. La norma estipulaba el aumento que podrían tener los principales productos del mercado, especialmente los alimentos, y obligaba a los comerciantes a mostrar una lista completa de sus ofertas. Si algún artículo excedía el valor aprobado, el público podría informar a las autoridades para que los propietarios sean multados.
La resolución hizo que muchos productores, sobre todo los agropecuarios, dejaran de entregar sus mercaderías porque la inflación los obligaba a vender por menor valor del que les costaba producir. Hacia 1794 se había desatado una gran escasez de alimentos y los jacobinos convocaron al Ejército para obligar a abastecer a los mercados. También anularon la ley del Máximum General.
La Revolución Francesa creó la ley del Máximo para evitar aumentos.
Desde que Diocleciano decretó el Edicto de Precios Máximos en el siglo cuarto del Imperio Romano, el control de precios se ha convertido en una receta repetida, que pocas veces ha obtenido resultado favorable.
El error del emperador romano, que sería recordado por haber perseguido a los cristianos, se reproducirá más tarde en muy disímiles experiencias a lo largo de la historia que, en la mayoría de los casos, terminarán fracasando: la escalada de precios se podrá enfriar por un tiempo acotado pero la presión inflacionaria regresará luego con más virulencia, a la vez que se evidenciará un grave problema de distribución y acceso de los productos afectados.
No importa la raíz política, filosófica o ideológica de los gobiernos que implementan algún tipo de control de precios, se trata de una decisión que ha fallado en muchos antecedentes.
Eso fue lo que sucedió, por caso, en la Venezuela modelo del control estatal sobre el mercado, tal como se comprobó en Análisis de la evolución de precios en Venezuela entre 2003 y 2019, un ensayo para la colombiana Universidad de Los Andes, donde se demostró la ineficacia de los esfuerzos del gobierno bolivariano por evitar que aumentaran los productos de primera necesidad, que alcanzaron niveles de hiperinflación.
También fue lo que ocurrió en la Suecia ejemplo del Estado benefactor, tal como se señaló en El control de precios de alquiler de viviendas en Suecia, un paper elaborado para la británica London School of Economics que develó la equivocación del gobierno nórdico al regular el sistema del mercado de renta en Estocolmo durante los noventa, que terminó propiciando una inusitada escasez de oferta de propiedades para los inquilinos.
Pero no solo los países en los que prevalece el rol del Estado son los que tropiezan en el intento de controlar precios. También existen ejemplos de gobiernos promercado que repitieron la torpeza.
En Cuatro mil años de controles de precios y salarios, cómo NO (sic) combatir la inflación se advierte que algunas administraciones de Estados Unidos y Gran Bretaña naufragaron en la intención de contener la espiral inflacionaria de los setenta porque, según los autores, aplicaron recetas que nada tenían que ver con la libertad de mercado que, supuestamente, impone el capitalismo.
El libro que se convertiría en una suerte de biblia para el neoliberalismo, fue escrito en 1979 por dos economistas ultraliberales: el estadounidense Robert Schuettinger, entonces director de la Fundación Heritage, creada en 1973 para alentar el neoconservadurismo que llevará a Ronald Reagan a la presidencia; y el británico Eamonn Butler, fundador en Londres del Instituto Adam Smith, un think-tank libertario nacido en 1977 para impulsar la llegada de Magaret Thatcher al poder. Schuettinger y Butler dedicaron su libro a Milton Friedman.
La voracidad de algunos empresarios también es responsable de la inflación.
No obstante, cuando la inflación se dispara, no es posible culpar únicamente a la confusión de un gobierno. Porque es cierto, como aducen en el oficialismo argentino, que la voracidad infinita de ciertos jugadores oligopólicos genera condiciones para que los precios se descontrolen. Y, esa insensatez es aún más condenable en momentos de emergencia social, política y económica, como la que se transita durante una pandemia.
En Todo precio es político, Augusto Costa dio cuenta de la irresponsabilidad del sector empresario en la remarcación de precios y maximización de ganancias a partir de situaciones de mercado que muy lejos están de representar un escenario ideal de “mano invisible”. Egresado y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Costa es un economista con voz autorizada en la materia: el funcionario de Axel Kicillof fue el responsable de aplicar el plan Precios Cuidados durante la gestión anterior del kirchnerismo. El programa que ofrecía precios de referencia fue tan exitoso que más tarde llegó a ser replicado por el macrismo cuando asumió Juntos por el Cambio.
Pero cuando Costa implementó aquélla apuesta de control de precios, lo hizo de manera articulada con todas las áreas del gobierno de entonces y a través de un proceso de diálogo con los líderes de las principales cámaras empresarias. Se trata de un fenómeno diametralmente opuesto al que acaba de iniciarse esta semana con el nuevo congelamiento iniciado por el Frente de Todos.
El plan Precios Cuidados fue articulado por el kirchnerismo con los empresarios.
Roberto Feletti confesó que puso en práctica el congelamiento de precios sin haberlo coordinado ni siquiera con Martín Guzmán. “No dependo del Ministerio de Economía”, le dijo la semana pasada el flamante secretario de Comercio Interior al periodista Alejandro Bercovich en Brotes Verdes. El exviceministro de Amado Boudou, que volvió al Gobierno gracias al respaldo del Instituto Patria y los sectores más duros del kirchnerismo, también reconoció que no había mantenido entrevistas de trabajo con los representantes de las empresas vinculadas a los 1.650 productos que no podrán ser aumentados hasta fin de año.
Es cierto, hay que decirlo, que los aumentos generados tras el impacto económico del Covid representan un flagelo mundial que se observa en economías muy sólidas como Alemania –sufre la inflación más alta en casi tres décadas–, Estados Unidos –atraviesa el índice más elevado en una década–, Japón –tuvo aumentos por primera vez en dos años–, o Brasil –el índice de precios alcanzó dos dígitos por primera vez en cinco años–. La aceleración de precios alentada por el coronavirus no es una originalidad argentina.
Pero Argentina presenta otra singularidad peligrosa: es una de las economías del mundo con mayor índice inflacionario, azotada por un problema que se arrastra desde hace muchos años, y es también uno de los pocos países que presenta una coalición gobernante que refleja serias diferencias internas a la hora de ofrecer una solución.
La semana pasada, por caso, Máximo Kirchner lo expresó de forma muy clara: “Sabemos que hay una discusión de precios. Se trata de una enorme disputa por la distribución del ingreso. El sector concentrado productor de alimentos busca apropiarse de todos los recursos que vuelca el Estado para tratar de que la sociedad pueda paliar la pandemia”. Solo había banderas de La Cámpora en el microestadio de Lanús donde habló Máximo. En una de ellas, que cubría toda la tribuna, se podía leer: “Primero los argentinos. Fuera el FMI”.
Y ayer en Cañuelas, mientras Alberto Fernández se reunía con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, Máximo volvió a la carga contra el organismo de crédito internacional. “Necesitamos un cambio de mirada del Fondo Monetario para contar con la mayor cantidad de tiempo posible, y que pueden alejarse un poco de las reglas, porque a la hora de prestar no cumplieron con las mismas”, advirtió Kirchner.
Está claro: en medio de una campaña electoral muy adversa, para un sector del oficialismo la culpa es de los empresarios y del FMI. Esa es la ley de Máximo.
