El principal desafío que enfrentará Alberto Fernández en materia económica es la renegociación de la deuda. En 2020 vencen alrededor de US$ 23.000 millones de servicios de deuda relevante -con acreedores privados y organismos multilaterales de crédito- en moneda extranjera y, en este contexto de mercados de crédito virtualmente cerrados, poder pagar dicho número está prácticamente descartado. Por lo tanto, habrá que discutir con los acreedores una relajación de los vencimientos, lo que condicionará al resto de las variables económicas.
Si la reestructuración es exitosa, se podrá pensar en bajar la inflación, reactivar la economía y atenuar el resto de las tensiones. Por el contrario, si la renegociación fracasa, se acelerará la suba de precios, se agravará la recesión y las principales fricciones que nos acechan se multiplicarán. Por lo tanto, estas discusiones están dominando -implícitamente- las primeras medidas del nuevo gobierno.
En este marco se inscribe el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado en la última semana al Congreso. Sus ejes más importantes apuntan a mejorar la recaudación tributaria, para de esa manera continuar con el saneamiento de las cuentas públicas. Llegado este punto, vale destacar que esta dinámica refleja una diferencia con la reducción del déficit fiscal primario -sin contabilizar el pago de intereses- que encaró la gestión Cambiemos: entre 2016 y 2019 el ordenamiento de las arcas del Estado respondió principalmente al ajuste del gasto, mientras que, a partir de 2020, todo parecería indicar que se explicará mayormente por un aumento de los impuestos.
¿Por qué es tan central el resultado fiscal primario en la actualidad? Más allá de sus efectos macroeconómicos directos, que son significativos, es la principal variable que miran los acreedores financieros. Por lo tanto, un sendero de convergencia fiscal al superávit primario en un plazo acotado es la precondición para que la negociación de los compromisos asumidos sea posible. De manera opuesta, sin un ajuste fiscal como punto de partida, dicha negociación estaría condenada al fracaso de antemano.
Senado: aprobaron por amplia mayoría la suspensión del pacto fiscal
En este sentido, el proyecto aspira a generar recursos extra para el Estado por alrededor de 1,5% del PBI en 2020. Medidas como el aumento de retenciones a las exportaciones y de la alícuota de bienes personales, el impuesto al pago con tarjetas de crédito en el exterior y a la compra de dólares para atesoramiento, así como el endurecimiento de la tasa estadística para las importaciones apuntalarán la recaudación, mejorando la consistencia de las cuentas fiscales. Asimismo, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y su reemplazo por aumentos discrecionales le darán al equipo económico más flexibilidad para ajustar este componente del gasto, que representa más de la mitad de las erogaciones, según qué demande una coyuntura tan volátil como incierta.
En sentido opuesto, la suspensión de los ajustes de las tarifas de servicios públicos durante el primer semestre de 2020 -que acumularán así un año congeladas, ya que Mauricio Macri suspendió las actualizaciones del segundo semestre de 2019- incrementará el gasto en subsidios. Este crecimiento del gasto se cubriría con los mayores impuestos mencionados más arriba, de modo que el resultado fiscal primario podría seguir mejorando el año próximo, aún en este escenario de mayores erogaciones. Además, podría ayudar a cumplimentar otro de los grandes desafíos que tiene el nuevo presidente: desacelerar la inflación.
Esta decisión de congelar las tarifas, entre otras cosas, se explica porque el nuevo gobierno tiene que hacer equilibrio entre dos frentes en tensión. Por un lado, están los acreedores financieros que querrán cobrar lo máximo posible -o lo más rápido- y, para eso, demandarán una recomposición acelerada del resultado fiscal primario. Por el otro, están los sectores más desprotegidos de nuestro país, que exigen una mejora en sus deteriorados ingresos, lo que va en contra del objetivo fiscal. En consecuencia, Alberto Fernández intentará hacer el mayor ajuste fiscal socialmente viable y, a la vez, la máxima relajación de los pagos de deuda tolerada por los inversores. Dado que los servicios públicos son de consumo inelástico -no es posible “dejar de consumir” luz o gas-, una caída de su precio relativo equivale a una mejora en el ingreso disponible de los hogares, lo que en el caso de las familias de menores recursos posiblemente se trasladaría casi en su totalidad al consumo, ya que la capacidad de ahorro de estos agentes es prácticamente nula. De esta forma, se ayudaría a encontrar un piso a la recesión a la par que se relajaría la tensión social.
Si bien este escenario optimista es posible, no está exento de riesgos. De hecho, las negociaciones oficiales con los acreedores -privados y organismos multilaterales de crédito- todavía no comenzaron. Si estos fueran muy inflexibles, o creyeran que el “esfuerzo fiscal” que está haciendo el Palacio de Hacienda debiera ser todavía mayor y las discusiones no se encaminaran durante los primeros meses de 2020, podríamos ingresar a un escenario negativo donde la inflación se acelera y la recesión se agudiza.
En este sentido, con el cronograma de pagos vigente, los compromisos de deuda relevante en moneda extranjera acumulan alrededor de US$ 15.000 millones en los primeros cinco meses del año que viene y, si no se pudieran relajar ni reabrir el acceso al financiamiento, habría que pagarlos con el superávit comercial de bienes y servicios más las Reservas de libre disponibilidad, que actualmente suman cerca de US$ 13.000 millones.
Dado que los dólares que llegan por las operaciones corrientes le corresponden al sector privado, el Banco Central debería emitir pesos para comprar estas divisas, incrementando la base monetaria en más de 50%. Claramente, una inyección de liquidez de esta magnitud y en tan poco tiempo conllevaría un riesgo muy elevado de acelerar sensiblemente la inflación. Si esta dinámica se materializara, los ingresos reales se deprimirían aún más y la recesión se agudizaría. En consecuencia, es muy probable que una renegociación fallida de la deuda conduzca a un escenario todavía más desalentador en relación con el que nos hallamos actualmente.
En resumen, la negociación de la deuda y su éxito determinará el curso que seguirá la economía el año próximo y, también, en el mediano plazo: los resultados en el resto de los años del mandato de Alberto Fernández serán unos con un sendero de deuda “bonificado”, como dijo Martín Guzmán, y diametralmente opuestos con un sendero de deuda al borde del default constante y una inflación todavía más elevada. Esperemos que los acreedores crean en lo que oyen, y que la suerte del principiante no falle: sino, caeremos, otra vez, en manos del ángel de la soledad.
