Aquel “nunca más” que Julio César Strassera proclamó como frase final de su acusación sirvió para sintetizar uno de esos pactos implícitos que las sociedades alcanzan en algún momento de su historia.
En el caso argentino, ese acuerdo consistió en la elección de la democracia, no ya como sistema de gobierno, sino como forma de vida. La condena a los integrantes de las Juntas Militares –que además incluyó a Firmenich y a López Rega– otorgó el nivel de legitimidad imprescindible para terminar con cincuenta y tres años de tutela militar, consolidar la vigencia del Estado de derecho, el pleno acceso a la convivencia en libertad.
A lo largo de los últimos 24 años, ese pacto implícito perdió solidez. Para mucha gente, cada vez es menos cierto que con la democracia se coma, se cure y se eduque. Además, la dialéctica amigo-enemigo –la grieta– entendida como forma de acumular poder político y las deformaciones corporativas que nos aprisionan impiden definir y aplicar las políticas de Estado necesarias para impulsar las reformas estructurales que nos saquen de la decadencia.
También parte de la dirigencia –no solo la política– perdió calidad, inteligencia e imaginación para proyectar el largo plazo; los partidos dilapidaron identidad, coherencia y representatividad social en internas sin sentido. El predominio de un pragmatismo avaro e individualista borronea las fronteras morales y destruye la confianza del pueblo.
Milei es el emergente de esta realidad. Es un fundamentalista de mercado, autoritario, que no cree en el pueblo gobernándose a sí mismo y prefiere un despotismo de economistas aliados al capital financiero.
El Presidente identifica libertad con libertad de comercio para la rentabilidad empresarial, desprecia la justicia social y concibe la igualdad como contraria a la naturaleza de las sociedades modernas.
En el orden institucional vigente, detrás de Milei está Victoria Villarruel.
La vicepresidenta es más inteligente, más paciente y mejor formada que el Presidente. Además, sabe lo que quiere. Su propósito consiste en reivindicar la influencia política de las Fuerzas Armadas, reinstalarlas como factor de poder, no para un golpe de Estado al estilo clásico, sino –en principio– como un punto de referencia frente al desorden social que puede derivar del ajuste en marcha.
Villarruel cuestiona el concepto de terrorismo de Estado: ya difundió párrafos claramente negacionistas. De esa manera, impugna los fundamentos del pacto implícito de consolidación democrática e intenta reabrir un debate definitivamente clausurado por la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Es posible que, para ciertos políticos y operadores financieros aliados con el Gobierno, la vice constituya un “plan B”. Que nadie interprete que imputo deslealtad. Se trataría tan solo de una actitud sectorial de prudencia algo especulativa en el campo institucional, ante la eventualidad no querida ni buscada, de debilitamiento presidencial.
Frente al estado de ajuste permanente la legitimidad de la democracia reconstruida por Alfonsín en el 83 puede convertirse en un argumento insuficiente, meramente formal, para quienes sufren el drama de la pobreza, de la creciente desigualdad, de la desesperanza.
La responsabilidad de los dirigentes identificados intelectual y moralmente con la democracia es proporcional al riesgo que la acecha. En poco tiempo, deberán demostrar que tienen las ideas, la convicción, la honestidad y el compromiso necesario para preservarla en sus formas y en sus esencias.
* Presidente de la Fundación Ricardo Rojas.
