Las benditas estadísticas, un verdadero tributo al Estado

Desde febrero pasado se vienen sucediendo noticias sobre el INDEC “intervenido”. Mes a mes se cuestiona el índice de precios consumidor y, últimamente, otras estadísticas, por ejemplo las que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Para empezar surgen dos preguntas:
a)¿Por qué son necesarias las estadísticas? Pues las mismas son relevantes para tomar decisiones, sean de políticas públicas y/o decisiones privadas.
b)¿Por qué las estadísticas deben ser elaboradas por organismos públicos? Principalmente porque las estadísticas no tienen apropiabilidad privada, o sea que ningún privado puede generar recursos de las mismas. Sólo los gobiernos pueden gastar fondos públicos provenientes de impuestos para hacer frente a los salarios para realizar los relevamientos estadísticos. Además, el Gobierno cumple (¿o cumplía?) con la cláusula del “secreto estadístico” que es básica para poder realizar esos relevamientos.

La Nación. El INDEC no sólo elabora estadísticas sobre precios (IPC, IPM, Construcción, Supermercados, etc.) por lo cual es cuestionado desde principios de año, sino que elabora estadísticas sobre Población, Calidad de Vida, Trabajo e Ingresos, Educación, Salud, Seguridad (atrasadas), Turismo, Sectores (Agropecuarias, Minería, Energía, Industria, Construcción, Comercio, Servicios, Sector Externo), Empresas y las Cuentas Nacionales, entre las de rutina.
A esas estadísticas deben agregarse los tres censos. ¿Cada cuántos años se realiza un censo? Por convención de las Naciones Unidas, debe ser como mínimo cada 10 años. El Censo Poblacional, en años que terminan en 0; el Censo Nacional Económico, en años que terminan en 4, y el Censo Nacional Agropecuario, en años que terminan en 8. Y la elección de los años no es “casualidad”, es para medir a nivel mundial la población, la riqueza económica y los stocks pecuarios y áreas sembradas.
¿Cumplimos con esas fechas? No siempre, tanto en el poblacional (1970, 1980, 1991 y 2001), como en el económico (1984, 1994 y 2005, este último aún no disponible ) y en el agropecuario (1988 y 2002). En ello hay desidia del Poder Ejecutivo en no cumplir con las convenciones internacionales y de aquellos que no aprueban los presupuestos para que el INDEC pueda llevar a cabo los censos en cuestión.

Las provincias. El sistema estadístico argentino está conformado por el INDEC a nivel nacional y las 24 Direcciones Provinciales de Estadísticas (DPE) de cada una de las provincias.Las DPE no están ajenas a las estadísticas. En un país con organización federal las mismas deberían ser confeccionadas por las DPE. Sin embargo, muchos gobiernos provinciales fijan presupuestos exiguos a las DPE, dependiendo las mismas entonces de los fondos enviados por el INDEC (para la EPH, etc.). Hay DPE buenas y las hay malas, como las personas. Pero lo increíble es que las provincias no inviertan en sus DPE para disponer de los datos, a efectos de tomar medidas de políticas públicas. No sólo tenemos problemas con el INDEC, sino también con muchas DPE.

La tentación. Para los gobiernos de cualquier país controlar las estadísticas es una tentación (por ejemplo, en Gran Bretaña las estadísticas de delitos son elaboradas por el organismo encargado de combatir el crimen) pues les permite retocar las cifras por las que son evaluados. Con ello lo único que logran es no disponer de estadísticas válidas que les permitan elaborar e implementar políticas consistentes de largo plazo (como acá la política local anti inflacionaria debe ser establecida sobre la inflación real y no sobre la inflación resultante del IPC “trampeado”).
En 2007 el Gobierno mintió los datos de precios del INDEC y, por lo tanto, la tasa de inflación de este año está ¡¿por debajo de la del año 2006?! Si dice que en 2008 piensa combatir la inflación, estaría confesando que mintió con el cálculo del IPC. Ahora, si defiende el cálculo del IPC no tiene más remedio que asegurar que no hay problema inflacionario.
Para no hacer ni lo uno ni lo otro desplazó a la cuestionada directora del IPC del INDEC para bajar los decibeles de las críticas contra la intervención oficial, al tiempo que anuncia una nueva estimación del IPC, “emulando el índice que se utiliza en EE.UU.”, que excluirá las variaciones estacionales demasiado bruscas, por ejemplo, frutas y verduras.
Sin embargo, en los EE.UU. se publican cuatro índices de precios consumidor alternativos, con y sin productos estacionales, con y sin energía, y uno que toma en cuenta el gasto de los consumidores. En nuestro país parece que será uno solo, y seguramente será el que muestre la menor tasa de inflación mensual.
Conclusión. Un nuevo IPC lleva a una “discusión metodológica”, pero un “cambio arbitrario de canasta y/o muestra” (como el caso turismo y vaya uno a saber qué otros ítems en 2007) no es igual o lo mismo. Lo primero es una discusión académica, lo segundo, “ser cocinero de números”.
El hecho de hacer reemplazos arbitrarios tiene solamente una consecuencia importante, que es justamente la pérdida de credibilidad de una estadística, cuando ésta depende casi enteramente de su confianza. La confianza se destruye en un simple acto, en forma instantánea, pero su reconstrucción lleva mucho tiempo y según lo que se destruya se pueden tardar décadas en su reconstrucción.
¿Podrá ser reemplazado el IPC oficial por índices privados? Seguramente. No contendrán tantos productos y servicios como el IPC del INDEC, pero al menos mostrarán la “verdadera tasa de inflación” en lugar de la “inflación oficial”, la que cualquier persona desecha luego de visitar un almacén o supermercado.
La pregunta que se debe hacer es ¿cuál es el máximo de impuesto inflacionario que el Gobierno puede aplicar sin perder apoyo político? Todo parece estar indicando que el Estado percibe que ya ha llegado al tope tolerable por la población o está muy cerca de llegar al máximo posible, sino, ¿para qué “toquetear” el IPC en 2007 y hacer uno nuevo “trucado” a partir de 2008?