Ahora que en los diccionarios de la Real Academia Albertista se eliminó la palabra cuarentena, justo cuando más arrecia el Covid, habrá que ver si gran parte de la clase dirigente y de referentes sociales evolucionan o insisten en transitar por los mismos caminos barrosos de siempre.
Lo hemos repetido y lo seguiremos haciendo: es valorable el complejo trabajo de acuerdos de políticas públicas encarado por los jefes de los tres estados de mayor peso del país.
Aun con sus diferencias y las chicanas que se dedican, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof lograron construir un inusual espacio de negociación y toma de decisiones conjuntas.
Más allá de cómo evaluar los efectos de lo que han venido decidiendo –con el diario del lunes siempre es fácil–, vale rescatar la coordinación multicolor. En las naciones serias es habitual. Acá no.
Dicho esto, suena inapropiado creer que por dejar de nombrarla la cuarentena no existe. Remite a aquella tristemente célebre “sensación de inseguridad”.
El Presidente explicó que ello obedece a que hace tiempo que la gente no respeta más la cuarentena. Puede que tenga razón, aunque faltó autocrítica de por qué llegamos a semejante situación y justo cuando pasamos el umbral de los 5 mil muertos.
También se podría especular con que la voltereta dialéctica (adjudicada al asesor discursivo y respetado antropólogo Alejandro Grimson, muy presente estos días en Olivos) intenta desinflar el argumento de que la Argentina tiene la cuarentena más extensa del planeta.
Ahí, otra vez sopa. Según el cristal con que se mire, el oficialismo repetirá que somos los mejores del mundo y la oposición, todo lo contrario. Vale para cualquier momento de nuestra historia.
Tampoco suma que un Kicillof enojado insista en convencernos de qué nos debe preocupar y qué no. O acusar a opositores de estar con la pala de la grieta, cuando el propio gobernador (y su ministro de Salud, Daniel Gollán) en ocasiones parece manejar una excavadora con sus dichos.
Como contribución al dislate, sectores de la oposición agitan y convocan a la marcha del 17A en diferentes puntos geográficos. Los lemas, miles: por las libertades individuales, contra la cuarentena, por la república, contra la reforma judicial, honrar a San Martín y siguen las consignas. El eje central, uno solo: protestar contra el Gobierno.
Están en todo su derecho de manifestarse, sean centenares, miles o millones. Pero no deja de significar un peligro mayúsculo que esto se desarrolle cuando estamos en el pico o meseta alta de infectados y fallecidos por el coronavirus. Con un sistema sanitario muy cerca de la saturación.
Por esto es que Rodríguez Larreta hubiera preferido que no hubiera marcha en la Ciudad. Y peor aún le cayó que una de las activistas principales fuera Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO mientras su líder espiritual disfruta del solcito en la Costa Azul francesa. Hay quienes aguardan que, desde el verano europeo, Mauricio Macri mande por redes sociales otra fotito de banderas argentinas como hizo con las marchas del 9 de Julio. Sin palabras.
Si bien en la emergencia el oficialismo activó ciertas ayudas a sectores sociales y actividades muy golpeadas por la pandemia/cuarentena, inexplicablemente demora en lanzar un paquete de medidas económicas que promete desde hace semanas.
Como ya dijimos aquí, en su momento funcionarios de peso del gabinete económico se excusaron en la demora por el estentóreo anuncio de la reforma judicial. Que lo urgente no obture lo importante.
Nadie pone en duda la necesidad de mejorar, mucho, la administración de justicia. En especial el sistema cloacal de Comodoro Py. ¿Pero la Corte Suprema? ¿Y en este momento?
La oportunidad es tan disparatada que, así saliera como por un tubo el proyecto, los principales asignadores de los presupuestos en el Estado nacional no tienen calculado todavía cuánto podría costar esta reforma.
A la hora de defender la iniciativa y la idea de cambiar el funcionamiento o quienes integran la Corte, la ministra de Justicia patinó feo esta semana. “Es una barbaridad el rechazo de los recursos de D’Elía, Cristóbal López y De Sousa”, le dijo Marcela Losardo a El Destape Radio. Busquen el audio.
Resulta cuanto menos curiosa semejante asistencia ministerial a dos empresarios privados que estuvieron detenidos (mediante la conveniente “doctrina Irurzun”) y que siguen con algunos problemas judiciales. Acaso sean reminiscencias de cuando el entonces socio de Losardo, un tal Alberto Fernández, hacía gestiones para el Grupo Indalo. Como abogado, claro.
Tampoco sorprende el desapego del Senado, conducido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de omitir un dictamen judicial y continuar con la revisión de la designación polémica de dos camaristas federales con el macrismo.
Desde la actual composición del Consejo de la Magistratura se puso bajo la lupa a una decena de magistrados que fueron mudados de juzgados, de manera conveniente, en la gestión anterior.
Los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son ejemplificadores desde ambos costados de la grieta. Fueron designados en la Sala I de la Cámara Federal porteña desde un tribunal oral, de manera poco clara. Bertuzzi fue uno de los que condenaron a Amado Boudou sabiendo que lo ascenderían a camarista. Desprolijo, como mínimo.
Pero ese posible vicio no se puede resolver con otro, como es que el Senado desconozca el pedido de una jueza de suspender el trámite de revisión de Bruglia y Bertuzzi. Salvo que la Cámara alta esté poniendo en práctica su propia reforma judicial, por la que elige cuáles fallos acata y cuáles no. Llamativo. O no.
Esta sucesión de episodios desafortunados podría integrar el amplio catálogo de las tradicionales costumbres argentinas. Solo que en medio de una pandemia nunca vista y de los efectos sanitarios, sociales y económicos imposibles aún de medir, con angustias generalizadas y profundas, suenan a malas costumbres. Pésimas.
