Ayer marcábamos el disparate que significa que el pretendido líder opositor se vaya de vacaciones a París en medio de la angustia por la crisis sanitaria y socioeconómica. Hoy hay que subrayar que con este mismo contexto suena destemplado el Gobierno al anunciar su intento de cambiar la Justicia.
Desde aquí hemos insistido desde hace años en la necesidad de modificar un sistema que de justicia tiene poco, en especial en Comodoro Py. Pero el apuro y el desgaste político parece obedecer más a los deseos de CFK que al convencimiento de Alberto F, que debió beber numerosos sorbos de agua durante su anuncio en el Salón Blanco, para extrañeza de algún funcionario cercano. “Lo tiene seco”, fue la metáfora que eligió.
El proyecto de reforma de la justicia federal y la creación de la comisión para analizar el rol de la Corte Suprema se transformó, de repente, en prioridad uno para el oficialismo. “Hay varias medidas económicas listas para anunciar, pero hubo orden de postergarlas hasta que se lanzara la reforma judicial”, confesó con frustración alguien que integra el gabinete económico.
Hace dos semanas el Presidente le anticipaba a Página/12 que “en cuatro días” iban a presentar la reforma. Se demoró una semana más. Voceros oficialistas adjudicaron esa prórroga a que el proyecto debió pasar por varios ojos. Demasiados, en teoría. En la práctica, solo importarían los del jefe y los de la jefa.
Sin embargo, a nadie le parece importar demasiado cómo se financiarán los nuevos gastos que implicará la reforma si se aprueba como está. De acuerdo con cálculos judiciales, este chiste costaría no menos de $ 12 mil millones anuales. Semejantes números desvelan al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que no gana para sustos pese a su vasta experiencia.
La formación del cuerpo asesor para cambiar la Corte Suprema impactó en sus integrantes. Desde hace tiempo tienen poco contacto con puentes del Ejecutivo. Ya no consideran interlocutora a la ministra Marcela Losardo, después de que fallaron señales y mostró ausencia de autoridad, según se dice en Tribunales.
Con sus matices y con las diferencias internas que tienen, en especial entre Rosenkrantz y Lorenzetti, en la Corte prefieren hablar con Wado de Pedro. El ministro del Interior les resulta no solo más expeditivo. Es también un enlace clave con el Consejo de la Magistratura: su hermano del alma, Gerónimo Ustarroz, marca el paso del Gobierno en ese organismo.
No fue Wado sino Losardo y el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, quienes convocaron a la Corte al acto formal del miércoles 29 en la Casa Rosada. Apenas fue Elena Highton de Nolasco (siempre agradecida de que no la jubilen de prepo) junto a su hija Elenita, alta funcionaria del máximo tribunal.
En la Corte cayeron peor aún las palabras presidenciales respecto a que funciona mal, por más que haya intentado explicar que no necesariamente se aumentará el número de miembros, pese a que allí se lo da como un hecho. “De las 29 mil causas que nos llegan por año, 19 mil son generadas por el propio Estado y casi el 80% de ellas son por reclamos jubilatorios”, explica una fuente judicial.
Con elegancia y sin estridencias, la Corte no se quedará de brazos cruzados mientras el Gobierno analiza qué hará con ella. Se han reactivado ciertos expedientes y recursos extraordinarios sensibles.
Quieren además avanzar con la firma digital para los fallos, que hasta ahora se limitaba a cuestiones administrativas internas. Velocidad para intentar que la sangre no llegue al río.
