sábado 25 de junio de 2022
COLUMNISTAS Opinión

Máximo no leyó a Weber

05-02-2022 23:55

En El político y el científico, uno de los textos de teoría política que ha logrado mayor influencia en la filosofía occidental, Max Weber dictaminó la evidente tensión moral-pragmática que se manifiesta cuando un político se debate entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”.

Siguiendo a Weber, se trata del dilema ideológico y ontológico que aparece cuando una decisión de carácter político se sostiene en la ética de la convicción, “que se rige únicamente por principios morales”, o se sustenta en la ética de la responsabilidad, “que considera que el criterio último para decidir ha de fundamentarse en la consecuencia de la acción”.

En términos weberianos, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados puede ser leída como una determinación promovida por la convicción (el rechazo al FMI, fundamentado en su oscuro legado sobre la historia argentina), pero también puede ser entendida a través del impacto que podría tener la responsabilidad que conlleva ese acto (el peligro de que el Congreso no apruebe el acuerdo y se inicie un nuevo default).

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado", aseguró Máximo Kirchner.

El ahora expresidente de la bancada oficialista transmitió en su misiva diferencias políticas con Alberto Fernández: “Es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023”. Pero también, y lo que es más peligroso en términos de gobernabilidad, Máximo marcó una ruptura en términos personales: “Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco”.

En términos weberianos, el rechazo de Máximo al FMI se sustenta en la ética de la convicción o la ética de responsabilidad.

No fue la única crítica, hay que decirlo, que recibió el principio de entendimiento alcanzado entre el Gobierno y el Fondo. Paradójicamente, también se alzaron reproches simultáneos de dirigentes de izquierda –“se inicia una nueva etapa de políticas de ajuste”–, y de referentes libertarios – “no representa un freno al desmedido gasto público”–.

Mientras que en el ámbito internacional, también se produjo una curiosa coincidencia entre Joseph Stiglitz, siempre crítico del organismo internacional, por izquierda, y el Financial Times, siempre defensor del FMI, por derecha. El economista ganador del Nobel y el diario británico especializado en economía sostienen que el Fondo fue benévolo con Argentina.

El FMI no insistió, como suele hacer, en la austeridad”, precisó Stiglitz en un artículo para la revista Foreign Policy. “El acuerdo argentino les da a otros países endeudados la esperanza de que pueden recurrir al FMI sin que el Fondo imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes. Esperemos que ese sea el caso”, celebró el mentor de Martín Guzmán en la Universidad de Columbia.

En tanto que el Times marcó su diferencia en un duro editorial titulado: “El acuerdo del FMI con Argentina necesita condiciones más duras”. El análisis se centra en la falta de rigurosidad que habría tenido el organismo para ocultar su propio error: “El FMI quiere dejar atrás el vergonzoso fracaso de su mayor rescate, evitar el fantasma de que Argentina caiga en mora y mostrar sensibilidad ante la necesidad de políticas sociales más fuertes mientras los países se reconstruyen tras la pandemia”.

Algo debe haber pasado para que tantas voces disímiles acuerden su desacuerdo sobre el acuerdo. Es que este programa de “bajas calorías”, según defensores y críticos, representa un caso particular, por el tamaño histórico de la deuda a refinanciar, pero también por la postura elegida por parte del organismo.

El acuerdo es más duro de lo que sugiere Guzmán, pero las metas a cumplir son menos rigurosas que en casos anteriores.

Lo cierto es que el programa es más duro de lo que sugiere Guzmán. Se trata de un plan económico que obliga a recortar el déficit fiscal a 2,5% del PBI para 2022, cuando se había fijado un 3,5% en el Presupuesto, y luego reducirlo a 1,9% en 2023. El problema es que este año fue de 3% gracias, entre otras cosas, al ingreso por el impuesto a la riqueza, algo excepcional, por lo que el Gobierno se verá obligado a reducir ahora subsidios a la electricidad y al gas. El Fondo también exige que la emisión del Banco Central caiga del 3,7% del PBI en 2021, a solo el 1% este año y que las reservas internacionales aumenten en 5.000 millones de dólares.

Pero también es verdad que las metas propuestas por el FMI son menos rigurosas que en experiencias previas. No tuvieron la misma suerte Portugal, Islandia y Grecia, que se vieron obligados a iniciar un fenomenal plan de ajuste exigido por el organismo para no entrar en default hace una década. Junto a Italia y España, son países dieron entonces las iniciales en inglés para formar los recordados PIGS (cerdos) europeos por la monumental crisis que atravesaron.

Durante 2010, Portugal firmó un acuerdo con la “troika” del FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para evitar la “bancarrota” y las recetas del Fondo comenzaron a ser aplicadas: recortes de salarios y despidos masivos en el sector estatal, suspensión del cobro de aguinaldo para empleados públicos, pensionados y jubilados, y la ampliación de la jornada laboral.

Por esos años, Islandia aprobaba el rescate de la Unión Europea y del FMI, que se produjo tras una inédita legislación que dio inicio a una profunda reestructuración de los bancos nacionales y a un severo plan de ajuste en el sector público para rebajar el déficit a la mitad en menos de tres años.

Una situación similar atravesó Grecia. La imposición del FMI apuntó a un riguroso plan de austeridad, a través de un alto recorte fiscal. Se produjeron descuentos en salarios, pensiones y programas sociales estatales, a la vez que se impulsó una gran cantidad de despidos de empleados públicos. Y se aceleró una reforma integral del sistema de pensiones y un plan de privatizaciones en el sector portuario y de aeropuertos

Portugal, Islandia y Grecia no tuvieron la misma suerte con el Fondo y hace una década tuvieron que iniciar fuertes reformas.

Pero la dureza del FMI no es solo prepandémica. Por caso, Costa Rica firmó un acuerdo reciente y no recibió el mismo trato que Argentina. Las leyes costarricenses impuestas por el Fondo implicaron la reforma del sistema jubilatorio y el recorte en los sueldos del sector público, junto a la quita de desgravaciones impositivas por hijos en edad escolar, mientras que al grueso de los trabajadores se le incrementó el cobro de nuevos impuestos.

Y el peso de la deuda tampoco es garantía de benevolencia. Según el propio FMI lo registra, los principales prestatarios del organismo en la actualidad, además de Argentina, son un podio compuesto por Pakistán, Egipto y Ucrania. A estos tres países tampoco les fue bien en la negociación.

En 2020 se suspendió el plan de asistencia del FMI a Pakistán porque el gobierno asiático se resistió a las recomendaciones del FMI de aumentar los precios de la electricidad e imponer impuestos adicionales a la energía. Pero luego Pakistán cedió a la presión del Fondo de iniciar recortes significativos en el gasto público.

Mientras que, en los últimos años, y a través de las recetas impuestas por el organismo, Egipto se comprometió a devaluar la libra egipcia, que perdió en pocos días el 50% de su valor, a la vez que aumentó el IVA, eliminó subsidios a la electricidad y el combustible, y redujo la inversión para el sector estatal.

Lo mismo sucedió en Ucrania, que no solo está en crisis por la proximidad de una posible guerra con Rusia. El gobierno europeo está incorporando una serie de medidas impulsadas por el FMI para frenar el gasto público, incrementar la recaudación fiscal y dar inicio a reformas estructurales en sectores clave, como el energético.

La dureza del FMI no es solo prepandémica. Lo sabe Costa Rica, que firmó un acuerdo previo al de Argentina y recibió otro trato.

Por último, es importante reparar en que la diferencia de este acuerdo con otros antecedentes no se observa solo si se lo confronta con ejemplos del exterior, también se presenta cuando se lo compara con los que el propio FMI ha tenido con la Argentina.

Noemí Brenta es doctora en Economía, investigadora del Conicet y se especializa en el estudio de la relación entre la Argentina y el Fondo. En su libro, Historia de la deuda externa, esta docente de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA demostró que los 23 acuerdos con condicionalidades que el FMI adhirió con Argentina –desde el firmado en 1956 por Pedro Aramburu, hasta el rubricado por Mauricio Macri en 2018–, representan una desavenencia clave con el programa actual: ahora el organismo no obliga a iniciar reformas laborales o jubilatorias, no impone un plan de privatizaciones ni de shock de ajuste en el sector público, a la vez que las metas para reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria se presentan mucho más graduales que en casos anteriores.

“Nadie puede prescribir si se debe operar conforme a la ética de la responsabilidad o a la ética de la convicción, o cuando hay que hacerlo conforme a una y cuando conforme a la otra –concluyó Weber–. Ambas éticas son complementarias y han de concurrir para crear al hombre auténtico, al hombre que puede tener vocación política”.

Que pena que Máximo no leyó a Weber.