Basta con abrir los principales diarios del mundo para darnos cuenta de la magnitud de la crisis migratoria que se vive a nivel global. Y América Latina no es la excepción. Nuestra región en términos poblacionales solamente representa el 10% del total de habitantes en el mundo, pero al analizar esa misma cifra a nivel migratorio los datos sorprenden: casi un cuarto de los migrantes totales en el mundo son latinoamericanos.
El incendio ocurrido en el Instituto Nacional de Migración (INaMi) en la frontera entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos) la semana pasada, en el que murieron 39 migrantes principalmente de Guatemala y Venezuela, desnudó una problemática que sucede a diario, en muchos países, pero los gobiernos por distintos motivos deciden no abordar como corresponde. Y este fenómeno está vinculado no solo con un flujo incesante de personas que emigran de sus países ante la realidad humanitaria demasiado adversa sino también con el status legal incierto en el que quedan estas personas al intentar llegar a sus países de destino. Y lamentablemente, lo sucedido en Ciudad Juárez es solo un pequeño eslabón de una cadena de políticas públicas aisladas, coyunturales y a corto plazo que los distintos gobiernos americanos deciden imponer ante la realidad migratoria que se vive en cada país.
América Latina es una de las regiones protagonistas del fenómeno migratorio a nivel global no solo porque el número de migrantes aumentó un 66% en la última década, sino porque en nuestro extenso territorio conviven cuatro de los corredores migratorios más importantes del mundo: Iquique (Chile), Necoclí en la frontera entre Colombia y Panamá, Tapachula, en México y por último Ciudad Juárez. Es en esta última ciudad en donde se concentran personas que pertenecen a distintas olas migratorias en su búsqueda por llegar a Estados Unidos, su destino final. Muchos provienen de Honduras, de Nicaragua, Guatemala y de El Salvador. Pero otros tantos vienen del país que más ha expulsado a sus ciudadanos en los últimos 20 años: Venezuela, la tercera nación con mayor cantidad de desplazados después de Siria y Ucrania respectivamente. En los últimos 15 años el país bolivariano perdió al 19% de su población, prácticamente una generación entera.
De acuerdo con Acnur, como consecuencia de la salida forzada de venezolanos y ciudadanos centroamericanos, se ha cuadruplicado el número de personas desplazadas en todo el continente y los efectos se ven en las fronteras de los principales países de destino: Chile, Colombia, México y Estados Unidos. En estos últimos dos casos, la confluencia de distintas olas migratorias hacen un “efecto embudo” primero entre Guatemala y México y posteriormente en el paso entre éste y Estados Unidos. La situación se ha vuelto tan crítica que ha despertado problemas diplomáticos entre los dos países norteamericanos. En el caso mexicano, un estudio de Unicef da cuenta que más de 68 mil niños y niñas migrantes fueron detenidos entre 2016 y abril de 2018, el 91% de los cuales fueron deportados a Centroamérica. En el caso de los adultos, poder cruzar efectivamente a Estados Unidos va a depender mucho de la ciudadanía de origen del migrante.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP en inglés) más de 200 mil personas fueron deportadas a sus países de origen por medio del Título 8. Sin embargo, esto trae un problema para Washington ya que no puede devolver a todos los ciudadanos a sus respectivas naciones debido a problemas diplomáticos con algunas de ellas, como sucede en el caso de Nicaragua. Por otro lado, otra enorme cantidad de migrantes fueron enviados a México bajo el polémico Título 42: Una vieja normativa que la administración Trump volvió a implementar durante la pandemia y que permite rechazar a ciudadanos extranjeros sin permitirles solicitar asilo, algo que Biden prometió eliminar, pero todavía no lo hizo.
Sin embargo, para ingresar a Estados Unidos los migrantes previamente tienen que haber logrado superar otro obstáculo casi tan complicado: entrar a México. En ese caso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a aceptar hasta 30 mil migrantes por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela. Sin embargo, el caudal de personas que intentan ingresar a México para finalmente después poder llegar a Estados Unidos supera ampliamente el cupo provisto por el gobierno mexicano, lo que deja a los migrantes en un limbo legal y en una situación de incertidumbre durante meses. Algunos intentan esperar que su situación mejore, pero muchos otros buscan conseguir un trabajo en la informalidad con el fin de recibir un pequeño ingreso económico que les permita vivir en las ciudades aledañas a la frontera durante el tiempo necesario. Es en estos casos que son detenidos por la policía mexicana por estar trabajando sin papeles y así son llevados a centros de detención como el que se prendió fuego la semana pasada.
El incendio en el INaMi desnudó las falencias de un sistema que no está preparado para afrontar una realidad que no para de crecer, no solo en México sino en gran parte de América Latina. El 80% de las personas que intentan ingresar a Estados Unidos son detenidos por la patrulla fronteriza, generando un problema serio para el migrante, tensiones en las comunidades locales y un gasto enorme para los Estados ya sea en los casos que terminan en deportación o en aquellos que pueden acceder a un trámite judicial, pero que demora años.
Lograr una política coordinada en términos migratorios es una necesidad imperiosa en América Latina tanto para los Estados como para el migrante y sin embargo, esta temática ni siquiera es prioridad en la agenda de los gobiernos. Según estimaciones de la Organización Internacional para la Migración (OIM), por cada migrante que se deporta entra otro de forma irregular. La situación actual vulnera derechos civiles, laborales y hasta humanos de las personas que buscan un mejor futuro y deja al Estado en una situación de completa vulnerabilidad.
*Licenciada en Ciencias Políticas (UCA) e investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).
