“¿Me podés mostrar la lista completa de los 30 mil desaparecidos?”. Con su teatralización habitual, Javier Milei cuestionaba, a los gritos y en una sola pregunta, el símbolo que sintetiza décadas de lucha de los organismos de derechos humanos contra el terrorismo de Estado. Era el inicio de su campaña presidencial a fines del año pasado y el libertario respondía violentamente a las acusaciones que cuestionaban su alianza con Ricardo Bussi. En San Miguel de Tucumán, el líder de La Libertad Avanza interpretaba como una “visión tuerta de la historia” concentrarse solo en las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Proceso de Reorganización Nacional. Pocos meses después de aquella alegoría, la empatía de Milei por la dictadura vuelve a confirmarse luego de que esta semana oficializara que Victoria Villaruel –hija de un militar que participó del Operativo Independencia– será su candidata a vicepresidenta, y que Bussi –hijo de un represor tucumano condenado por delitos de lesa humanidad– será su candidato a gobernador en Tucumán. La relectura que Milei propone del oscuro período 1976-1983, representa el ocaso del consenso democrático que este año cumplirá cuatro décadas ininterrumpidas en la Argentina: nunca antes un candidato con posibilidades concretas de triunfar en una elección presidencial había mostrado una opinión tan disruptiva sobre el legado del último gobierno de facto.
A diferencia de lo que determinó la justicia argentina, Milei sostiene que el Golpe del 24 de Marzo dio comienzo a “una guerra” y aunque acepta que el Estado cometió “excesos”, exige igualar los crímenes cometidos por los militares que detentaban el poder del Estado con los atentados producidos por las guerrillas armadas. Pone así fin a un acuerdo republicano y a un pacto civil de la política argentina, que había sido fundado por Raúl Alfonsín en los ochenta y que se mantuvo con varios matices, es cierto, pero de forma inalterable hasta la actualidad.
El fenómeno que llega ahora a su punto cúlmine con Milei, había comenzado en los últimos años con la irrupción del macrismo a nivel nacional. Desde entonces se produjo una revitalización de numerosos grupos vinculados con las Fuerzas Armadas (uniformados retirados, familiares y agrupaciones cívico-militares) que justificaban la represión cometida desde 1976, advirtiendo que el poder de fuego de las organizaciones armadas había expuesto a un peligro real a la sociedad argentina. Se trata de actores sociales que empezaron a poner en disputa los criterios de verdad hegemónica sobre la década del setetna, que el kirchnerismo había establecido como política de Estado, y al concepto de “Memoria, Verdad y Justicia” contrapusieron la versión de “Memoria Completa”. Pero si estos sectores antes se habían mantenido en la periferia, por autopercibirse a contramano del imaginario social, luego retomaron estímulo para cuestionar el clima de época que se había consolidado desde la recuperación democrática, gracias al trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el Juicio a las Juntas y la reapertura de juicios a represores que se retomaron hace dos décadas y continúan hasta el día de hoy.
La simpatía de Milei por la dictadura es el fin del consenso democrático.
En De vencedores a víctimas, memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina, la socióloga Valentina Salvi rastrea este novedoso proceso en el que los defensores del accionar militar recobran protagonismo a través de una estrategia basada en dos pilares: por un lado, buscan sentar antecedentes en el ámbito judicial, exigiendo anular las causas contra militares y reclamando que se reabran causas contra civiles “terroristas; y, por el otro, aspiran a ganar legitimidad frente a la sociedad en el ámbito de la opinión pública, creando organizaciones espejo a las de los organismos de derechos humanos, con la declarada intención de reivindicar “los derechos humanos” de los militares. En ese trabajo, Salvi se pregunta si el Ejército Argentino puede construir una memoria que sea a la vez cohesiva y aceptada en el marco de una sociedad que aún le exige respuestas frente a los crímenes cometidos. A partir de ese interrogante, la investigadora del Conicet y directora del Núcleo de Estudios sobre Memoria del IDES, rastrea el devenir de los últimos años de conceptos fundamentales para este debate: “combatiente”, “héroe”, “mártir” y “víctima”. Lejos de ser categorías neutrales, se trata de definiciones que se constituyen en construcciones políticas que dan sentido al pasado cuando es pensado desde el presente.
Victoria Villaruel es el mejor ejemplo de este paradigma. La flamante compañera de fórmula de Milei es la creadora y presidente (se opone a que la llamen presidenta) del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización que pugna por la defensa de militares que sufrieron atentados guerrilleros durante los años de plomo en la Argentina. Nieta e hija de militares, Villaruel es autora de dos trabajos centrales sobre esta agenda: Los llaman jóvenes idealistas –donde plantea la tesis de que los militantes que, en apariencia proponían la constitución de un Hombre Nuevo, en verdad eran simples asesinos–, y es coautora de Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70 –donde cuestiona la jurisprudencia internacional que, a diferencia de lo que ocurre con los delitos cometidos por los militares en nombre del Estado, establece que los crímenes cometidos por civiles pueden prescribir–.
“Los terroristas tienen derechos humanos pero sus víctimas no tienen derechos humanos”, es la síntesis sobre la que cabalga Villarruel. Y con ese postulado dio vida a una corriente negacionista que se ramificó en España gracias a la vinculación con las víctimas de la ETA y a la sintonía ideológica con Santiago Abascal, que reivindica la dictadura de Francisco Franco, y con Javier Ortega Smith, fundador del partido ultraderechista Vox. Fue en ese contexto donde geminó la “Carta de Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera”. Se trata de un documento en el que se denunciaron en 2019 a las organizaciones de izquierda iberoamericanas, en particular a aquellas que conformaron el progresista Foro de San Pablo, a las que se critica por promover gobiernos que representan una “amenaza para la democracia”, porque respaldan “regímenes totalitarios de inspiración comunista” que son “apoyados por el narcotráfico” y están “bajo el paraguas de Cuba”.
Victoria Villaruel cuestiona la falta de derechos humanos para los militares.
La otra vinculación de Milei con la dictadura se establece a través del apellido Bussi. Y es una relación que viene de larga data. El libertario, que se ha convertido en el precandidato presidencial que más crece en las encuestas, asesoró al ex general Antonio Domingo Bussi durante su fallido paso por el Congreso nacional en los noventa. La revelación surgió en medio de una discusión sobre el empleo público que el propio Milei había generado en la campaña electoral de 2021. En una aparición en Telefé, el líder de La Libertad Avanza dejó planteada una pregunta para el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro: “¿Alguna vez laburaste en el sector privado, parásito?”. En su respuesta, Santoro advirtió: “Milei también fue empleado público. La diferencia es que lo fue en la gestión del general Antonio Domingo Bussi. Por ahí los pibes no saben quién fue, pero Bussi fue gobernador de facto, genocida y terminó condenado por violaciones a los derechos humanos, porque secuestró, mató, violó y torturó”. En efecto, Bussi fue gobernador de facto de Tucumán desde 1976 hasta 1977, fue el principal responsable de la desaparición forzada de más de 700 personas y en 2008 fue condenado por delitos de lesa humanidad.
Pero la fascinación por la dictadura en el espacio de Milei no se remite a gerontes. Delfina Ezeiza es la vicepresidenta de la Juventud Libertaria en la Ciudad de Buenos Aires y con sus jóvenes veinte años estudia Economía en la Universidad del CEMA. Se hizo tristemente célebre hace unos años cuando, en respuesta a un video difundido por el PTP-PCR con motivo de la asunción de la diputada salteña Lía Caliva, Ezeiza cuestionó que el partido de Caliva llevara las palabras “comunista” y “revolucionario” en su boleta. La militante de Milei no lo toleró y disparó en su cuenta en Twitter: “Volvé Videla por favor”. Ezeiza aún no rectificó semejante apología de la dictadura. Solo aclaró que fue una broma malinterpretada.
Paula Canelo es la mayor investigadora en ciencias sociales sobre estudios del pasado reciente. Autora de ensayos que ya se han convertido en verdaderos clásicos para esta materia, como El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, trabajo que se nutre de su tesis doctoral, o La política secreta de la última, que entre otras cosas da cuenta del hallazgo de las Actas Secretas de las Juntas Militares, Canelo se ha convertido en referente indispensable para analizar la trayectoria que los militares han protagonizado desde la dictadura y el regreso de la democracia. En ¿Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas?, la socióloga que dirige el Programa de Estudios Políticos de Flacso sostiene que si durante la transición en los primeros años de la democracia, la “cuestión militar” estuvo inevitablemente asociada con la disputa en torno al “esclarecimiento de la violación de los derechos humanos”, en la actualidad se asiste a una “nueva cuestión militar”, estrechamente ligada a aquélla pero alimentada con otros factores, como la “corporativización” de las Fuerzas Armadas en la defensa de sus propios intereses. Se trata de un infortunado escenario que ahora Milei anhela potenciar.
