Una niña de 11 años es violada y embarazada en el ámbito familiar. En diferentes puntos del país dos, tres, cuatro, muchas niñas viven calvarios similares. Pero, a pesar de que, desde 1921, la ley autoriza la interrupción legal de esos embarazos, grupos radicalizados intentan avanzar por sobre la ley y buscan avasallar este derecho, victimizándolas una y otra vez.
En Argentina, donde la infancia conforma el grupo de población más empobrecido, siete de cada diez víctimas de abuso sexual son niñas. Este es uno, si no el más, aberrante avasallamiento a los derechos de la infancia, pero no es el único. Pensar el embarazo en niñas o adolescentes como la expresión de “una multiplicidad de vulneraciones y carencias en el respeto de los derechos humanos y en la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y equidad de género- es ineludible”, advierten desde la Secretaría de Salud de la Nación, ya que “implica una conjunción de serios riesgos bio-psico-sociales”. Así lo señala un estudio, coordinado por Planned Parenthood Global, que identificó “situaciones de estrés postraumático en las niñas/adolescentes que habían sido abusadas sexualmente, e ideación suicida durante el embarazo. Es que cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y su futuro cambian radicalmente: termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus relaciones sociales, se reducen sus perspectivas de inserción laboral, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”. Por eso proponemos abordar el embarazo en la infancia y la adolescencia como caso testigo del sinnúmero de avasallamientos que sufren.
Para tomar dimensión de la situación basta con revisar los “Efectos de la situación económica en las niñas, niños y adolescentes”( NNyA).
Este informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef– nos permite ampliar la lente para adentrarnos en la situación de la pobreza en Argentina, y en particular la que afecta a este grupo. Exhibe un escenario alarmante, no solo porque es actual, lo que de por sí es grave, sino que se sostiene en el tiempo, lo que implica un riesgo de naturalización e inacción. El análisis de los datos muestra que un 42% vive bajo la línea de pobreza (5,5 millones), un 8,6% lo hace en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos y el 48% sufre, al menos, una privación en sus derechos básicos y fundamentales. Este informe advierte, entre los resultados del trabajo de campo realizado por Voices Consultancy, que las principales problemáticas en las familias en situación de vulnerabilidad son el desempleo y la precarización del mercado de trabajo, aunados a un déficit habitacional y una precipitada pérdida del poder adquisitivo. Da cuenta de un crecimiento del estrés y la violencia en el seno familiar. Y advierte: “Estas situaciones están impactando en la calidad de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes, restringen su consumo y ponen en riesgo su supervivencia, sometiéndolas a una mayor estigmatización y a situaciones de discriminación.”
Complejiza aún más el panorama el informe presentado por el programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que concluye que, en números absolutos, entre 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó de 181 mil millones de pesos a 165 mil millones (a valores de 2018, es decir, sin contar el efecto producido por la inflación). Y más aún, si se respeta lo establecido en el Presupuesto 2019, el retroceso entre 2016 y 2019 será de 34.700 millones de pesos, también a valores de 2018. A la hora de hablar de Educación Sexual Integral, a través del operativo Aprender, se advierte que ocho de cada diez estudiantes del último año de secundaria reclaman que la escuela debería abordar educación sexual y violencia de género pero que no sucede.
Mientras se debate la baja en la edad de imputabilidad, el encierro cada vez más temprano de adolescentes que delinquen y se avasallan derechos legítimos de interrupción de embarazo, la Argentina posterga la designación de un defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, figura reconocida por la Ley Nacional 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2005. Esta establece noventa días para su designación y dispuso que la selección y designación correspondía al Congreso nacional. Esto sucedió hace 14 años.
Si bien algunas jurisdicciones han designado a quien debe representar y luchar por los derechos y garantías de estos ciudadanos, a más de una década de la aprobación de la Ley 26.061, el Congreso de la Nación aún se toma tiempo y no concluye el proceso de selección de quien representa los intereses y garantiza que se cumplan los derechos de 13 millones de chicos y adolescentes de nuestro país, en definitiva, para que cuenten con un verdadero Sistema Integral de Protección de Derechos. Entre tanto, el 48% de los niños, niñas y adolescentes es pobre; uno de cada diez niños y niñas realiza algún tipo de trabajo infantil, siete de cada diez sufren castigos físicos o maltratos psicológicos en el país, cada 10 minutos una niña/adolescente se convierte en madre y muchos de esos embarazos son consecuencia de abusos sexuales.
Para que la infancia no sea una variable de ajuste ni familiar, ni social, ni económica. Para que no haya niñas madres, para que todos los derechos y garantías de cada niña, niño y adolescente sean resguardados, para que sean monitoreadas las políticas públicas destinadas a la protección integral de la niñez y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes. es urgente designar #DefensorDelNiñoYA tal como lo promueve Infancia en Deuda, el colectivo de organizaciones que reclama infatigablemente para que se concrete esta figura en el ámbito nacional. Una iniciativa que nos compromete a todos ya que la infancia no puede ni debe seguir esperando por sus derechos.
*Periodista. Magister en Comunicación y Cultura (UBA).
