Parece una broma (cruel) del destino que Cristina Fernández de Kirchner vaya a ser indagada por primera vez por corrupción en la obra pública el lunes, un par de días después del aniversario del pase a la inmortalidad del padre del modelo, su esposo.
En realidad, Néstor Kirchner no inventó nada. Con Carlos Menem acá y muchos otros en el resto del mundo, la intervención del Estado en obras y negocios de privados no buscó sólo el loable objetivo de regular y transparentar, sino generar un financiamiento espurio para la política y los bolsillos de los involucrados.
Como hizo como gobernador en Santa Cruz, Kirchner armó desde la presidencia y con la complicidad de Julio De Vido (el ministro de Planificación de los doce años de la década ganada) una maquinaria voraz de facturación. “Sin plata no se puede hacer política”, era una de sus frases privadas de cabecera.
Muerto Kirchner hace hoy seis años, su viuda y sus hijos heredaron los beneficios patrimoniales de semejante acumulación. Pero también debieron manejar el sistema que desde el Estado armó el jefe de la familia.
Tras el fallecimiento de Kirchner, no pocos allegados con acceso a Olivos planteaban que Cristina no quería saber nada con “esas cosas” de Néstor. De hecho, el problema con el que se encuentra la Justicia para procesar a CFK en todas las causas de corrupción que se investigan es que nunca aparece la firma de Ella. No sólo hay que preguntarse si Ella sabía, sino si hay pruebas de que sí.
La estrategia judicial de la expresidenta es la de desligarse de todas las acusaciones, exponerse como víctima y derivar en otros las responsabilidades. El súmmun de esa lógica sería culpar de todo a su extinto marido. Otra crueldad.
* Jefe de Redacción de Diario PERFIL.
