Las tres fuerzas políticas que concentran la preferencia del electorado de cara a los comicios de la semana próxima no sólo coinciden en postular un candidato a Presidente sino también en proponer un gobierno que tendrá fuerte predominancia masculina, independientemente de quién resulte vencedor. Tanto Daniel Scioli (FPV) como Mauricio Macri (Cambiemos) y Sergio Massa (UNA) ya anticiparon parte de la integración de los equipos con los que planean ejercer el poder y, en todos los casos, la ausencia de mujeres devela profundas asimetrías de género.
Según la nómina que el propio Scioli ha difundido hasta ahora, si él asume como jefe del Estado argentino serán mayoritariamente hombres quienes jurarán como ministros, con la notable excepción de Silvina Batakis, la economista que comandará el Palacio de Hacienda.
Macri, en tanto, fue el único de la tríada de posibles presidentes que optó por una compañera de fórmula –Gabriela Michetti- y postuló a otra mujer -María Eugenia Vidal- como candidata a la gobernación bonaerense. Sin embargo, en el armado de su eventual gabinete de ministros no se preanuncia presencia femenina.
Tampoco hay mujeres en el equipo ministerial prometido por Massa, aunque Graciela Camaño tendría chances de ser designada titular de la cartera de Trabajo. Y dice el tigrense que celebraría que Margarita Stolbizer (Frente Progresista), la única mujer que compite por la Presidencia -con una expectativa de votos menor al 4%- se incorporara a la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, de los dieciséis (16) ministerios de la Nación, apenas cuatro (4) son conducidos por mujeres (Teresa Parodi en Cultura, Alicia Kirchner en Desarrollo Social, Débora Georgi en Industria y María Cecilia Rodríguez en Seguridad); y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha optado por confiar también a varones los puestos claves del poder político como la Jefatura de Gabinete o el comando de la Secretaría General de la Presidencia, de la Secretaría Legal y Técnica y de la Agencia Federal de Inteligencia.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por su sigla en inglés, obliga a los Estados a adoptar medidas para “eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país” y a garantizar “en igualdad de condiciones con los hombres” el derecho a “participar en la formulación de las políticas gubernamentales [ … ] ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.
El Comité de la ONU que evalúa el cumplimiento de la CEDAW instó a la Argentina a “resolver la gran disparidad” existente en el grado de participación y representación política de las mujeres, implementando medidas para eliminar obstáculos sociales y “desmontar las actitudes y estereotipos sexistas”.
Los derechos civiles y políticos son parte del conjunto de derechos humanos y se encuentran protegidos por instrumentos internacionales que en Argentina tienen jerarquía constitucional. En ese paradigma, el ejercicio del poder político comprende la toma de decisiones, la formulación y ejecución de la política en el plano nacional y global.
Hace ya tiempo que el Comité de la CEDAW indicó que “los partidos políticos son un importante vehículo de transmisión de funciones en la adopción de decisiones”, por lo que “los gobiernos deberían alentarlos a que examinen en qué medida la mujer participa plenamente en sus actividades en condiciones de igualdad y, de no ser así, a que determinen las razones que lo expliquen”.
En la Argentina, las razones por las que existe tan escasa representación de las mujeres en los espacios de auténtico poder político no han sido debidamente explicadas. Es materia pendiente desarmar los patrones culturales que determinan que las mujeres continuemos “marginadas en gran medida de la esfera política”, quizá como “resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos discriminatorios”, tal como expresa el documento “La participación de la mujer en la política” aprobado por la ONU, organismo del que la Argentina es miembro desde sus comienzos, hace casi setenta años.
(*) Periodista especializada en temas de Justicia y Derechos Humanos. Analista del discurso jurídico (UBA) Autora del libro “Vivir para Juzgarlos. La Trata de Personas en Primera Persona” (Planeta, 2013)
