Alguien va a pagar por las consecuencias de esta pandemia. Lo que se está debatiendo ahora es quién será el culpable.
Al principio, la mayoría de los gobernantes tuvo el apoyo de sociedades que, frente a lo desconocido, se entregaron a lo que sus autoridades determinaran. El ejemplo local fueron los índices de aprobación de Fernández, Larreta, Kicillof y el resto de los gobernadores, que rondaron entre el 60 y el 80%.
Pero a medida que la pandemia avanzaba y la producción de vacunas no alcanzaba, aquellos en los que antes se había depositado la esperanza pasaron a ser los responsables del fracaso.
Con el virus, se fue Trump. Según las encuestas, Bolsonaro parece encaminarse a perder con Lula, y Macron ahora presenta una intención de voto similar a Marine Le Pen. En España, una crítica dura de la política sanitaria de Pedro Sánchez, como Díaz Ayuso, arrasó en las elecciones en Madrid. Y en Alemania, para los comicios de septiembre los herederos de Angela Merkel aparecen por debajo de la líder del Partido Verde, Annalena Baerbock. En Chile, el oficialismo perdió en las elecciones constituyentes y la imagen de Piñera ronda entre el 7 y el 14%. En la Argentina ninguna imagen positiva alcanza ya el 60% y quienes más perdieron son los oficialistas.
Tanto en el país como en el mundo, lo que está en debate es quién cargará con el costo político de la pandemia
Índice de ignorancia. Las sociedades necesitan darles sentido a sus sufrimientos y asignar responsabilidades frente a lo desconocido.
Todavía no se entiende bien la secuencia del virus ni cómo se seguirá desarrollando. No se descubrieron tratamientos eficientes para la enfermedad y todas las esperanzas están puestas en la efectividad de las vacunas, aunque sus verdaderos alcances y resultados se terminarán de conocer con el paso del tiempo.
Médicos, científicos y revistas especializadas explican, que, aun con todos los avances logrados, se sabe poco del covid. Ellos, los que más saben, no tienen certezas.
Los que tienen certezas son los que no saben.
En momentos únicos como el actual, se podría decir que el índice de ignorancia de una sociedad está dado por el nivel de certeza de quienes la dirigen: a mayor certezas, mayor ignorancia.
En la Argentina, la pandemia sumada a la grieta creó un triste campo de batalla en el que se hace difícil discernir cuándo se trata de simple ignorancia y cuándo de decir y hacer lo que haga falta para dañar al adversario.
En marzo del año pasado, cuando se sabía mucho menos que ahora, el ex ministro González García aseguró que la gripe era peor que el covid. En diciembre, el Presidente informó convencido que entre enero y febrero llegarían 10 millones de Sputnik. Por las vacunas rusas, Carrió lo acusó ante la Justicia bajo la carátula de “Envenenamiento”: “Pone en riesgo a la población en su integridad física”. Hace dos semanas, Patricia Bullrich afirmó que las vacunas Pfizer no se compraron porque se habían pedido coimas: “No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno”. Y con la misma certeza, agregó: “Decidieron que siguiesen las muertes en el país”.
Bullrich. Su caso es significativo. Ella no tuvo necesidad de presentar una prueba, para que una parte de la sociedad y del periodismo igual le creyera. Habrán dictaminado que, como existen investigaciones y testigos que en otros casos demostraron que el kirchnerismo pedía coimas, entonces en la negociación con Pfizer se pidieron coimas.
En abril, con la misma seguridad, Bullrich ya había afirmado que la vacuna china Sinopharm que compró el Gobierno “inmuniza a medias”. Pero según la Asociación Médica de los Estados Unidos, su eficiencia es del 73% en la primera dosis y del 78% con la segunda.
Bullrich venía de elogiar la estrategia chilena de compra de vacunas, entre las que se cuenta como vacuna central la china Sinovac. Como se sabe, en Chile hay preocupación porque pese a haber vacunado al 60% del país (es el que más vacunó en el continente), la curva de infectados sigue creciendo.
Una investigación de la Universidad de Chile indica que la efectividad de la Sinovac es de solo el 54%. Por eso se sospecha que la suba de casos estaría relacionada con su baja eficiencia.
¿Bullrich conocía esa información cuando afirmó que la vacuna china comprada por la Argentina “inmuniza a medias” y la comprada por Chile era digna de elogio? ¿Lo sabía, pero en el afán de castigar al Gobierno igual lo dijo? ¿O se confundió de vacuna china y nunca lo admitió?
Cuando hace dos semanas informó que Pfizer había recibido un pedido de coimas y que por eso se había frenado la compra de dosis, dijo: “Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales. Si llaman a Pfizer, ellos van a decir la verdad”.
Horas después, el laboratorio la desmintió: “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”. Curiosamente, Bullrich primero respondió: “El comunicado no niega nada de lo que digo”; pero luego explicó que el verdadero motivo por el que se frenaron las negociaciones fue que el Gobierno presionó para que participara de la compra un intermediario local.
Negligencia. El affaire Pfizer es un ejemplo de cómo hasta los temas más sensibles pueden ser usados como garrote electoral.
Bullrich no necesitó presentar pruebas para que una parte de la sociedad y del periodismo le creyera
Los hechos probados hasta ahora indican que las negociaciones del laboratorio fueron noticia en todo el mundo por las condiciones extremas que pedían para realizar sus ventas, requiriendo resguardos por futuros reclamos ante eventuales problemas por el uso de sus vacunas. En la Argentina se intentó resolver las peticiones a través de una ley, la 27.573, que aceptó algunas condiciones claves: incluir garantías soberanas (salvo las exceptuadas explícitamente, como reservas del Central, sedes diplomáticas y bases militares) y la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Pero en el artículo 4°, se hizo la siguiente salvedad: “…con excepción de aquellos originados en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia…”. Pfizer no aceptó la salvedad por “negligencia” y el Gobierno no quiso corregir la ley ni emitir un decreto que conformara a la empresa.
Cuando el 8 de abril se filtró el acuerdo suscripto con Brasil, se comprobó que las exigencias eran similares y que en aquel caso fueron aceptadas.
¿Todo vale? Lo que, con razón, un político opositor le podría achacar al Gobierno es haber aplicado la lógica de tiempos normales a una situación de emergencia inédita y rechazar lo que otros países aceptaron. Y lo que un oficialismo maduro podría hacer es reconocer el error que hoy le impide sumar más de 10 millones de dosis.
Le realidad es tan compleja que a veces se elige simplificarla hasta que duela. Quizá a ciertos políticos –y a quienes los mediatizan– les es más fácil gritar en lugar de argumentar, hacer promesas incumplibles, denunciar sin investigar y no reconocer errores.
Pero el resto de los dirigentes no debería aceptar que todo vale. Ni continuar con esta forma de relacionamiento que degrada su inteligencia y la de toda la sociedad.