Hace unas semanas señalé en este espacio que el presupuesto 2021 destina menos a educación que a políticas de género. De inmediato, funcionarias feministas hablaron en sus redes de mi macrismo contumaz y, feminómetro en mano, me excomulgaron de un movimiento en el que nunca me enrolé. Por falaces, sus imputaciones no me tocan, pero inquieta que las intervenciones públicas de gente que trabaja en el Gobierno tiendan a transformar nimiedades en temas de debate y a focalizarse en cuestiones de orden individual, desdibujando lo que es realmente comunitario.
Muchas de las que se abrieron camino en la política gracias al pañuelo verde, la bandera LGTBIQ y la presencia en Twitter buscan disciplinar el trabajo ajeno situándolo en un bando al que no pertenece (fascismo, neoliberalismo, machismo), maniobra bastante antidemocrática que solo tiene la utilidad de diluir la rendición de cuentas sobre el propio desempeño.
Por otro lado, vale la pena preguntarse hasta qué punto es sustancial para el conjunto de la sociedad que sus funcionarios salgan a tomar partido por alguien que respetan o quieren, como ocurrió con la titular del Inadi, Victoria Donda, en su defensa de Miss Bolivia, acusada de denunciar falsamente a su ex marido y de maltratar a una de sus empleadas. Incluso Alberto Fernández encontró espacio entre los problemas masivamente graves que le toca enfrentar para salir a justificar –sí otra vez– a Donda, también denunciada por una ex empelada doméstica e investigada por su insistencia en otorgar contratos a amigos y conocidos en la institución que dirige.
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Ante este cuadro, un deseo para el nuevo año: que la política deje de lado los problemas personales, la defensa corporativa de los propios y las reprimendas bajo argumentos presuntamente feministas o peronistas a los que discrepan, e invierta su tiempo en mejorar, palmaria, transversal y perdurablemente, la compleja realidad de los que representa.
