En el escenario político argentino se destacan dos hechos de suma relevancia: un deterioro en lo económico, lo social, lo político, y hasta en lo moral, que viene de lejos, pero que se ha agudizado en los últimos tiempos; y por otro lado, un presidente de la Nación que intenta enfrentar y revertir ese deterioro, pero acompañando su acción con acusaciones y agravios inadecuados.
En cuanto al deterioro generalizado, la responsabilidad recae en una política que, en lugar de atraer las inversiones creadoras de empleo genuino y (recaudación impositiva mediante) de ingresos para que el Estado cumpla con sus funciones, buscó resolver las consecuencias de su inacción a través de ayudas por parte del Estado. Pero al contar con escasos recursos genuinos (dada la baja recaudación producto de la no inversión) se pretendió suplirlos con emisiones monetarias, déficits fiscales y endeudamientos, que llevó a desalentar aún más las inversiones, y eso originó un estancamiento económico que intentó paliarse con un asistencialismo, que nunca alcanzó para resolver la desocupación, dejando así a millones de argentinos en la informalidad, la pobreza y la indigencia.
Política tradicional conducida por gobiernos votados por mayorías portadoras de una cultura política, alimentada en gran parte por un pensamiento progresista, que reduce las funciones de la política a los derechos y garantías institucionales (un representante de esa corriente, con formación en filosofía y derecho, sostuvo alguna vez que la función de la política es la de crear derechos, y que los recursos necesarios son un tema de los economistas). La crisis había llegado en el 2023 a límites tales, que una importante mayoría de ciudadanos desoyó esas ideas y pasó a votar por un cambio drástico, en el tipo de políticas a seguir.
Milei y los procesos de cambio
Pero la responsabilidad central es de los actores políticos que manejaron el poder, y que con sus acciones y omisiones llevaron a aquel estancamiento económico y a sus secuelas sociales. Entre esos actores se destacan legisladores nacionales y varios gobernadores de provincias, así como los gobiernos nacionales. Los primeros ocupados en obedecer las directivas de sus jefes políticos, cobrando buenos salarios, viáticos, otros privilegios y hasta participando de negociados. Dejando de cumplir incluso con las obligaciones que les asigna la Constitución Nacional, que en su artículo 75 sobre lo que “Corresponde al Congreso”, dispone en su inciso 18: “Proveer lo conducente a la prosperidad del país… promoviendo la industria… la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros”.
En cuanto a la responsabilidad de algunos gobiernos provinciales las evidencias son muchas. Me tocó integrar el equipo técnico encabezado por Pablo Lanusse, quien intervino Santiago del Estero en el año 2004; y en entrevistas con empresarios y decanos de facultades de esa provincia surgió claramente que “impedir la radicación de empresas privadas en la provincia, era una política de Estado”. Y así siguió con Zamora quien construyó un estadio monumental de fútbol pese a la pobreza generalizada. Lo mismo Formosa, cuyo gobierno negó el suministro de energía eléctrica a una empresa que buscaba instalarse en la misma. La lógica en esas provincias es la de tener cautiva a la población a través de un empleo público financiado por Nación; provocando la emigración de los descontentos y asegurando el voto cautivo de los que se quedan. En cuanto a los gobiernos nacionales, el de Alberto parece una foto ampliada de los últimos años.
El otro hecho de relevancia en el escenario político nacional es el de un Presidente que intenta enfrentar y revertir ese deterioro, pero que acompaña su acción con acusaciones y agravios inaceptables. No parece el camino correcto. Es de desear que su propuesta del “Pacto de Mayo” sea el inicio de un cambio en las formas de relacionarse con los otros actores de la política.
*Sociólogo.
