El denominador común de muchos análisis es: “No se sabe qué va a hacer Cristina el lunes 15 tras el resultado de las elecciones”. Como el pronóstico es de derrota y la grieta reditúa, a pesar del mal gusto, Patricia Bullrich hasta se animó a desconfiar públicamente de la oportunidad de la histerectomía a la que se sometió la vicepresidenta este jueves en el Sanatorio Otamendi: “En los momentos difíciles se esconde” (sic).
La incertidumbre genera espacio para pronósticos incompatibles. Hay quienes afirman que se viene un giro hacia la ortodoxia a lo Menem, y que podría asumir Sergio Massa como jefe de Gabinete con especial énfasis en el área económica. Otra versión en la misma línea es que quien asumiría en un Ministerio de Economía empoderado, concentrando áreas que hoy ya no le pertenecen, sería Martín Redrado. Aquellos que asignan posibilidades a este giro se ilusionan con un plan antiinflacionario que, como el Austral y la convertibilidad, inicialmente no produzca –en promedio– un ajuste duradero. Los costos que generaría su aplicación se compensarían con creces por un crecimiento rápido de la economía.
Estas hipótesis se apoyan en que Cristina Kirchner habría madurado económicamente y también en lo contrario: que Alberto Fernández frente a una eventual nueva imposición de cambios de gabinete, esta vez directamente en la cúpula del área económica, se rebelaría y rompería con el kirchnerismo, ilusión de un puñado de albertistas.
En sentido contrario, hay pronósticos de una definitiva influencia del Instituto Patria en la economía, que interpretan como una señal anticipatoria el desembarco de Roberto Feletti en la Secretaria de Comercio. Esta interpretación también tiene sus variantes: Alberto Fernández renuncia o se rinde totalmente.
Pero las varias hipótesis en ambas direcciones comparten un invariable: el desplazamiento de la conducción económica del ministro Martín Guzmán. Guzmán, en el reportaje de hoy en PERFIL, aporta su propio pronóstico. Todas esas hipótesis están atravesadas por los deseos de quienes le asignan verosimilitud.
Si bien siempre el futuro es inaprensible, el mejor método para asignar mayores probabilidades a los diferentes posibles reside en analizar junto a las preferencias del actor principal, que en este caso es la vicepresidenta, las condiciones de posibilidad que cuenta el agente de la acción.
Claramente Cristina Kirchner en su segunda presidencia no quiso producir el ajuste del precio de las tarifas y del gasto público general, y decidió pasarle el problema al gobierno siguiente consumiendo todos los recursos posibles hasta llegar hasta diciembre de 2015. Mauricio Macri, en los primeros años de su gobierno, tampoco quiso ser el ajustador pleno y, al no tener los recursos que ya había consumido Cristina Kirchner, apeló primero al endeudamiento privado y después al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional para poder llegar a 2019 sin un estallido del tipo 1989 o 2002 “logrando” pasarle el problema a Alberto Fernández y, nuevamente, a la propia Cristina Kirchner. Aprendiendo de la historia, ninguno quiso ser Celestino Rodrigo o Remes Lenicov.
Resultaría lógico pensar entonces que, si la vicepresidenta observara que 2023 será el turno del regreso de Juntos por el Cambio al gobierno, volviera a tratar de pasarles la mochila del ajuste a sus sucesores, apelando a todo tipo de estrategias de estiramiento de un ajuste. Y que las demoras en la negociación con el Fondo Monetario Internacional serían funcionales a esa estrategia. De la misma forma, el acuerdo que se terminara consumando en marzo de 2022 luego no se cumpliría y así se llegaría a 2023 con otro conflicto con el FMI. Entre idas y vueltas se llegaría “reptando” a las PASO de agosto de ese año. Y el problema comenzaría a ser de quienes ganaran esa pre elección, aunque formalmente asumieran en diciembre. Como dijo Macri: “Mi gobierno se terminó en agosto de 2019”.
Si un ajuste fuera imprescindible y su costo socialmente intolerable para una población ya empobrecida por los fracasos y ajustes anteriores, ningún gobierno solo podría producirlo. Macri no hubiera podido realizarlo en 2016 sin correr el riesgo de terminar precoz y abruptamente su mandato. Su gobierno produjo parcialmente un ajuste en 2018/2019 y perdió finalmente las elecciones. Pero perdió después de haber atravesado 45 de los 48 meses y además, los últimos 12 meses los cruzó con 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional como combustible.
Tampoco podría haber producido el ajuste el tándem Alberto Fernández-Cristina Kirchner en 2019 porque ya el peronismo unido no es el jugador dominante de la política como supo serlo en 1990 y en 2002 cuando la oposición estaba disgregada e infinitesimalizada por las implosiones que la habían eyectado. Desde un análisis lógico, tampoco podría el Frente de Todos debilitado hacer un ajuste este 2021/2022.
Solamente sería posible un ajuste con un acuerdo de oficialismo y oposición como, por ejemplo, el que se produjo durante fines de los 80 ante el levantamiento de los carapintadas que se oponían a los juicios a los responsables de la represión ilegal de la última dictadura. La polarización y la grieta de hoy parecerían hacer probable un acuerdo así recién en 2023, cuando el gobierno resultante ya ni siquiera pueda especular con pasarle la mayor parte del costo del ajuste al siguiente.
Las condiciones de posibilidad de la economía argentina actual obligan a los actores a elegir dentro de un menú de opciones muy limitado. Siempre habrá agentes que puedan creerse con fortalezas como para crear nuevas condiciones de posibilidad y cambiar drásticamente lo dado, pero lo más probable es que, después de sopesar ventajas y desventajas, se termine optando por adecuarse a las restricciones de la realidad.
En ese caso, como ya se describió en estas columnas anteriormente, la economía argentina tiene más posibilidades de encaminarse a una mediocridad sustentable que a una apuesta superadora en cualquiera de las direcciones ideológicas que el agente de la acción desee dirigirse.
