La Argentina ha avanzado en la búsqueda de un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. No es ni para festejar ni para entusiasmarse. Sin embargo, ese entendimiento abre un camino donde antes había un precipicio.
La gestión de Juntos por el Cambio dejó al país en una situación crítica, con un endeudamiento sideral y plazos de repago imposibles de cumplir: según esos vencimientos, la Argentina debería devolver al organismo internacional algo más de 39 mil millones de dólares en los próximos dos años.
No lo decimos solo nosotros. El Financial Times, una publicación vinculada al establishment financiero internacional, ha afirmado recientemente: “las raíces de la última crisis son profundas. El gobierno peronista heredó un desastre cuando asumió el cargo en 2019. La economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente, Mauricio Macri, era impagable”.
El mismo periódico agrega que el acuerdo al que la Argentina llegó con el FMI necesita “condiciones más estrictas”. Un reconocimiento explícito de que el país defendió sus intereses de modo aceptable en las condiciones extremas en las que negociaba.
El Gobierno habría obtenido en las negociaciones un plazo de pago de diez años a contar desde cada desembolso, con un período de gracia de cuatro años y medio, además de recuperar los importes ya pagados, que permitirán reforzar las reservas. No hay referencias a una reforma laboral, ni a recortes en el sistema previsional, ni a privatizaciones, ni a otros condicionamientos que suele imponer el organismo internacional. Además, se fomentaría la suba de la inversión en obras públicas y en la atención a los programas sociales.
La gestión del Frente de Todos nació en un contexto de emergencias y viene trabajando todos los días para salir de ellas. La primera ley que sancionó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue la 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La misma establecía “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. En total, nueve emergencias. Entre éstas, la financiera, señalaba que se debían “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.
Es decir, lo mismo que el Gobierno afirmaba en el inicio de su gestión lo ha sostenido ahora en las negociaciones con el FMI, intentando encontrarle una salida a la deuda, sin que ello interfiera en la profundización del modelo de crecimiento con la gente adentro.
Hay una memoria social en la Argentina, y en muchos otros países del mundo, que asocia con razón al Fondo con políticas de ajuste. Por eso, es lógico que ante el acuerdo surjan diferencias de opinión y matices dentro de la coalición gubernamental, compuesta por distintos sectores que fomentan un modelo que está en las antípodas del que históricamente ha propuesto el organismo internacional. Aun la mejor de las negociaciones no era una alternativa deseada para quienes integramos el oficialismo. Gobernar sin el FMI fue la gran apuesta de Néstor Kirchner cuando decidió pagarle la totalidad de la deuda a esa entidad. ¿Por qué ahora, entonces, hay que negociar y llegar a un acuerdo? Básicamente, porque el gobierno de Macri hipotecó al país y lo dejó al borde del precipicio. En ese escenario, fue necesario abrir un camino allí donde estaba el abismo.
La actual gestión intenta responder a las consecuencias de las políticas implementadas por la anterior administración. Ello genera tensiones: obliga a elegir caminos en un contexto donde las crisis restringen las opciones.
Hoy, más que nunca, no hay que perder de vista que el verdadero problema es la situación terminal en la que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio a la Argentina.
*Diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.
