Hay un creciente consenso alrededor del avance de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
En las tratativas que se llevan a cabo hay tres ejes sobre los que se debate: la fecha de inicio de los pagos, las tasas a pagar y las condiciones del desembolso de la totalidad de la deuda.
Según trascendidos, Argentina lograría un acuerdo con el Fondo según el cual comenzaría a pagar la deuda dentro de cuatro o cinco años. Ello significaría, desde el punto de vista de la balanza de pagos, un escenario muy despejado que le permitiría al gobierno pensar en planes de crecimiento y de inclusión social, entre otras políticas.
El segundo eje es el de las sobretasas. Si la Argentina lograra eliminarlas, se ahorraría entre 1.000 y 1.300 millones de dólares por año del plazo de pago.
¿Qué es la sobretasa? Es una especie de castigo que se le aplica al país por haber obtenido un crédito más allá de lo que autoriza el estatuto del organismo internacional. Es decir: el FMI le dio a la Argentina un préstamo que no le debería haber dado y, a partir de eso, le cobra una tasa de interés adicional. El G20 le ha pedido al Fondo que informe sobre la cuestión y, como los países integrantes de ese foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales son los que votan en el FMI, no es aventurado pensar que la cuestión de la sobretasa esté cerca de resolverse.
El tercer eje se vincula con la ayuda que el FMI propone implementar a través de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG). Tal como lo ha planteado el organismo internacional, estos serían distribuidos según la lógica procíclica habitual: cada país los percibiría en proporción al capital que tiene en el organismo, por lo cual, recibirían más los que menos lo necesitan.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, en la reunión del G20 hace dos semanas, planteó su desacuerdo con la distribución procíclica que el Fondo planea hacer de esos derechos especiales y propuso mejorar esa iniciativa creando un segundo fondo, integrado con las disponibilidades no utilizadas por los países centrales, para ser redistribuidos entre los que tienen mayores necesidades. De este modo, los países endeudados o con dificultades de distinto tipo, serían los que reciban más ayuda global para contribuir a reducir las diferencias entre las distintas regiones del mundo.
Dado que esos DEG son recursos que no se devuelven, es decir, no constituyen un préstamo, una mayor asignación de esos fondos a los países endeudados, si se aplican a cancelar la deuda, significaría en la práctica una reducción de la misma.
En relación con lo anterior, un informe del Ministerio de Economía sostiene que “se trabaja en la creación de un «Fondo de resiliencia y sostenibilidad» (que sería un nuevo programa del FMI, además del Stand By y Facilidades Extendidas) que se compondría por los DEG de los países que no los necesitan y se destinaría a los países vulnerables y de ingresos medios que sí los necesitan, como es el caso de Argentina”.
En esta misma línea, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, afirmó que “se vería bien una suerte de redistribución secundaria de los Derechos Especiales de Giro desde los países más ricos hacia los pobres y emergentes”. Esto es lo que vienen reclamando la Argentina y México en distintos foros internacionales.
Esta serie de movimientos en el plano internacional, con un sostenido protagonismo de la Argentina, pareciera ir en la dirección de una negociación encaminada de la deuda que le dé sustentabilidad y previsibilidad. Por supuesto, como ha afirmado el Presidente, en ningún caso esta negociación debería hacerse sobre el sacrificio del pueblo argentino, a partir de inaceptables políticas de ajuste.
De este modo, la salida gradual de la pandemia sanitaria podría confluir con la salida de la pandemia producida por las políticas implementadas por Juntos por el Cambio.
*Diputado nacional por el Frente de Todos y Presidente del Partido Solidario.
