Ni bien el ex vicepresidente Amado Boudou consiguió su libertad condicional, para terminar de cumplir la condena impuesta en la causa Ciccone, se puso a disposición para volver al Gobierno para volcar su experiencia de gestión al servicio de la comunidad. Boudou saltó al estrellato político por su participación en la Anses de Sergio Massa y, especialmente, por aportar la solución de la estatización de los fondos administrados por la AFJP que le valieron, luego su lugar en la fórmula presidencial ganadora de 2011. Todavía hoy, el marplatense considera que su prisión se debe no a las irregularidades para hacerse de la máquina de imprimir billetes sino, justamente, haber llevado a cabo una reforma previsional de alto impacto.
Sin embargo, la solución que había prometido en aquel momento el Gobierno en 2008 no se convirtió en realidad. El sistema previsional argentino es uno de los más endebles del mundo, que ofrece menor cobertura y le cuesta a la economía nacional casi 11% del PBI en materia de “gasto previsional”. La consultora Mercer lo ubica en el anteúltimo lugar de la muestra de países analizados (39) en el Índice Mundial de Pensiones que elabora anualmente, considerando tres factores: adecuación, integridad y sostenibilidad.
La demografía ofreció a la Argentina una oportunidad de revisar y corregir un sistema jubilatorio emparchado y acosado por la creciente precarización laboral. Surgido en la década de 1950, había otorgado prestaciones universales y generosas, mientras fue superavitario. Un cuarto de siglo más tarde de su comienzo generalizado, tuvo que reordenarse en cuanto a prestaciones (creación del PAMI) y su financiamiento sistemático (estandarización de aportes y contribuciones sociales). Pero dos aspectos fueron erosionando el delicado equilibrio conseguido: el crecimiento desmedido de la cobertura y la fragilidad del mercado laboral, cada vez con menor cantidad de empleados formales (es decir: aportantes al sistema).
Como muchos países, Argentina fue cambiando su pirámide demográfica para constituirse en uno de los más envejecidos de América, junto con Uruguay y Cuba (dos países con fuerte emigración joven). Es un fenómeno que se da en países de rentas medias-altas y altas, como los de la Unión Europea, Japón y buena parte de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, lo que los especialistas llaman el “bono demográfico” no fue aprovechado para sanear el sistema. Son los años en que va bajando la tasa de crecimiento de la población, pero aún no se engrosa la cantidad de jubilados. En los países de la OCDE, la población mayor de 65 años es casi el 18% de la población, pero el gasto previsional es del 19% del PBI. La diferencia con Argentina (11% de adultos mayores y 12% de gasto entre los sistemas provinciales y nacional) claramente está en la administración y previsibilidad, valga la paradoja, de su sistema previsional.
Para estas elecciones la carta del Gobierno fue la de ampliar la moratoria por la que casi las dos terceras partes de los jubilados accedieron para poder completar sus aportes. Considerará años aportados (entre uno y tres, según el caso) a las mujeres que, habiendo cumplido los 60 años de edad no llegan al tiempo mínimo de aportes. Una medida que en parte justifica el trabajo intramuros de muchas madres y cuidadoras familiares, pero que nuevamente mezcla todo en la misma bolsa. Otra vez, un año impar imprime cambios que alejan al sistema de su equilibrio de largo plazo. Es que las urgencias electorales alientan a utilizar parches sin que sea revisado integralmente un sistema que es malo, caro e injusto.
Por otra parte, resulta imposible de desvincular la crisis previsional permanente con la del mercado laboral, también aquejado por regulaciones que desalientan la creación de puestos de trabajo y solo dan solución parcial a un círculo vicioso que se retroalimenta de improvisación y especulando con que los platos rotos los terminará pagando otra generación. Aunque esta vez, la inflación va desnudando tales inconsistencias y acelerando los tiempos.
