Como juego de palabras, la triple fuga de los condenados por el triple crimen presenta un triple desafío a la nueva administración bonaerense. Primero, el de reconocer que gobiernan un distrito que presenta problemas estructurales cuya escala y complejidad nada tienen que ver con los de la Ciudad de Buenos Aires, la probeta de la dirigencia PRO. Segundo, el de utilizar el solicitado instrumento de la emergencia para sacar al sistema de justicia y seguridad provincial –que, por cierto, acaba de “salir” de una emergencia– de dicha situación, en lugar de usarlo como escudo para esconder una incapacidad crónica de dar cuenta del problema. Tercero, el de pasar de las intenciones a los resultados, de las imágenes a la acción, y de las palabras a las decisiones.
En efecto, ribetes políticos afuera, tenemos en frente una fuga más de las tantas que ocurren anualmente en las cárceles, en las comisarías o de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Sin ir muy lejos, el 13 de diciembre se fugaron diez presos de una comisaría del Talar de Pacheco, y diez días antes, cinco lo hicieron de una de Hurlingham. En marzo de 2014, dos condenados se fugaron de Olmos, mientras que en el 2013 –sólo del Sistema Penitenciario Bonaerense– se fugaron 36 internos. A esto debe sumarse las carencias existentes para controlar las excarcelaciones, libertades transitorias, evasiones, etc. Por caso, existen en la Provincia miles de personas con pedido de captura que (literalmente) nadie busca. Por ello, política al margen, la triple fuga no es más que la manifestación de un problema denominado “sistema de justicia y seguridad bonaerense.” Desconocer este diagnóstico significará convivir con el problema el resto de la gestión.
Ello conduce al segundo desafío: el uso inteligente de la emergencia. La incapacidad e irresponsabilidad del grueso de la dirigencia política ha hecho que en los últimos veinte años hayamos vivido en “emergencia”–económica, social, habitacional, penitenciaria, de seguridad, etc.– más tiempo del que hemos vivido en “normalidad.” La excepción ha sido la regla, lo que hace del Estado uno de excepción.
La declaración de emergencia tiene que estar basada en una clara fundamentación que, por un lado, justifique indubitablemente el Estado de excepción transitorio con el arreglo del cual se gobernará y administrará y, por otro, circunscriba taxativamente el uso de esos poderes a la corrección de la situación que originó la emergencia. Hasta el momento, esto no ha sucedido. A dos meses y medio de haber ganado las elecciones, ya es hora de que las autoridades presenten (y acuerden) la estrategia de seguridad, judicial, y penitenciaria para los próximos cuatro años. Si las emergencias solicitadas –penitenciaria y de seguridad– no forman parte de una estrategia orientada a corregir las falencias estructurales del sistema policial y penitenciario (organización, condiciones de trabajo, plan de carrera, régimen salarial, sistema de formación y reentrenamiento, mecanismos de control de gestión y evaluación de desempeño, etc.), entonces deberemos resignarnos a convivir con la emergencia el resto de la gestión.
Finalmente, el grueso de los bonaerenses votó a la nueva administración porque sus intenciones, imágenes y palabras generaron la confianza necesaria para hacerlo, pero a partir de ahora la evaluarán por sus resultados, acciones y decisiones, que en seguridad nunca son simples y sencillos. En este sentido, denunciar la herencia recibida –corrupción del sistema penitenciario, connivencia de la policía con los prófugos, penetración del narcotráfico en la política– resulta un arma de doble filo, pues mientras permite legítimamente exculpar a la nueva administración por la crisis presente, la estará inculpando en el futuro si la misma no logra resolver aquello que denunció. Por ello, como al artista, al político se lo juzga por su obra, y ahí no hay palabras que valgan.
*Politólogo. Especialista en políticas públicas y seguridad.
