La pueblada que posibilitó la derogación de la Ley 9.209 en Mendoza tiene un alcance mayor que la prohibición en el uso de tóxicos. Expone un antiguo eje de conflicto que resurge a la luz del despertar de una conciencia global del cambio climático que debería interpelar al gobierno.
Más allá de su tendencia a la conformación de enclaves que duran lo que el mineral, y a la falta de eslabonamientos económicos verticales y horizontales, el problema de la minería a cielo abierto, que jamás puede ser sustentable en Argentina, no está en la actividad en sí, que brinda riqueza en países desarrollados, sino en las singularidades geográficas y políticas con que se inscribe en el nuestro. El veto a la ley de glaciales que prohíbe alteraciones en sus inmediaciones preparó el escenario. El mineral se encuentra disperso, por lo que literalmente hay que “volar” secciones de montaña en zonas periglaciales de la alta cordillera, fuente de ríos que son vía única de acceso al agua para pueblos enteros de los valles bajos con “agricultura de oasis” (regadío en áreas de extrema sequedad anual) en Cuyo y NOA. El uso intensivo de agua y cianuro para separar el mineral de la roca en diques llamados “de cola” en las nacientes, en terreno permeable y tectónicamente activo, es una bomba de tiempo, al margen de cualquier recaudo. Provincias donde el estado es el primer empleador, sin un rol definido dentro de un modelo de desarrollo nacional, venden su naturaleza a los rigores de un capital con reglas de juego ambientales, económicas y técnicas distintas según sean “la casa o la visita”.
Bajo una disposición geográfica menos adversa, en Vaca Muerta la superposición entre los yacimientos con los escasos acuíferos subterráneos necesarios para su explotación y el hábitat de un colectivo vulnerable que depende de esa agua para sobrevivir plantea un conflicto similar que arroja ganadores y perdedores. No se trata solo de que los primeros superen a los últimos como criterio de avance, sino de precisar la naturaleza y el grado de fragilidad de la relación que los perdedores tienen con el entorno, arbitrando mecanismos para protegerlos y compensarlos, dentro de un modelo que los incluya e impulse una sinergia entre conocimiento y gestión para determinar límites y posibilidades de uso sustentable del patrimonio natural.
Diez claves de la grieta entre minería y desarrollo tras la polémica en Mendoza
Hay, en el modelo de crecimiento, un factor común entre el gobierno anterior y el actual. Ambos conciben centralmente la actividad primaria como fuente de recursos. El Presidente cuenta con las retenciones a la soja y el ahorro cuantioso en importaciones de energía que supondría una minería exitosa en Vaca Muerta. La expansión agraria, funcional al modelo, conlleva un paquete técnico con el uso de un herbicida tan cuestionado como la minería a cielo abierto. Es difícil, aunque posible, dado que le granjearía al Ejecutivo el recrudecimiento de un frente de conflicto con el campo, pensar en concesiones ambientales. La elección de Cabandié, igual que lo fue la de Bergman, acaso no sea un buen presagio si el compromiso con el ambiente se expresa en la competencia académica como criterio de selección para la cartera.
Pero hay también una diferencia con el macrismo. Bajo el influjo del peronismo se han visibilizado y empoderado actores sociales, se han podido articular históricas y transversales demandas en políticas concretas. En tal sentido, la posibilidad de cambios no depende solo de la voluntad individual de un presidente que puede estar condicionado por apoyos “non sanctos” de senadores y gobernadores comprometidos con el “negocio minero” o tentados por la provincialización de sus beneficios, como de la fuerza de empuje de la movilización popular, caso Mendoza, para frenar el saqueo del extractivismo a la naturaleza. Una oportunidad para el Ejecutivo de escuchar el reclamo, repensando su idea de crecimiento en línea con el sentido de justicia social de su espíritu fundacional.
*Licenciado y profesor de Geografía de la UBA. Magister UNY.
