“La Ley 7722 tenía 12 años y fue escrita por el pueblo en las calles”, recuerda Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, un referente de la oposición a la minería a gran escala, tras la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de derogar la norma que la modificaba.
—Cerca del gobernador denuncian “extorsión” por tener que cambiar una ley que salió de la Legislatura.
—Es una democracia bastante acotada, hay una democracia mucho más amplia. Además, Suárez siempre decía que hablaba de minería en el marco de la 7722 y el primer acto de gobierno fue modificar esa ley, y la sociedad reaccionó. Era obvio. Estoy sorprendido por cómo rifó su capital político en 16 días. La democracia es más que votar cada dos o cuatro años. En las calles estaban los votantes del gobernador y el Frente de Todos. Se abrazaban macristas y kirchneristas en defensa del agua.
—Suárez afirma que la minería permitiría sacar gente de la pobreza. ¿Qué opina?
—Eso lo hemos venido discutiendo. No hay lugar en el mundo donde haya desarrollo socioeconómico apelando a la minería. Catamarca tiene uno de los mayores emprendimientos de oro y tiene los peores indicadores sociales. En San Juan la minería emplea 2.500 personas, que son el 1% del empleo de la provincia.
—De largo plazo, ¿qué haría con los recursos metalíferos? ¿No los explotaría o buscaría una mayor participación con una empresa estatal como hay por ejemplo en Chile?
—Nuestro propio Código de Minería prohíbe que el Estado explote las minas y establece el tope de regalías del 3%. Pero además Chile tiene gravísimos conflictos con el agua. No sirve explotar. La minería a gran escala con uso de sustancias tóxicas es una modalidad insustentable por definición.
