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ECONOMIA / MARCHA ATRAS CON LA HABILITACION DEL USO DE CIANURO
domingo 29 diciembre, 2019

Diez claves de la grieta entre minería y desarrollo tras la polémica en Mendoza

Se reactualiza el debate sobre qué hacer con los recursos naturales. Cuánto aportan al crecimiento. Cómo impacta el lobby empresario y cómo pegan los eslóganes ecologistas.

por Jairo Straccia

CONTRASTE. Una imagen de la mina Veladero en San Juan. Protestas contra la minería en Mendoza. Foto: NA - CEDOC.
domingo 29 diciembre, 2019

1.- ¿Hace falta minería?

Sí. Daniel Schteingart y Andrés Tavosnanska acaban de publicar en El Dipló (https://bit.ly/2t6HG0p) un trabajo sobre el desarrollo de la Argentina y sugieren analizar las posibles estrategias de crecimiento desde dimensiones como la capacidad de generación de dólares y de empleo. En 2018, exportaciones del rubro sumaron US$ 3.700 millones. Según un paper del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el Gobierno apuesta a llegar a US$ 10 mil millones. Hoy hay 81.500 empleos ligados a la minería. Es el 1,2% del total del empleo en el país.

2.- ¿Hay minería en el primer mundo?

Sí. El mismo trabajo resalta que hay países como Canadá que “están especializados en materias primas como hidrocarburos, minerales, madera y alimentos, manufacturas y servicios intensivos en conocimiento”.

3.- ¿Somos grosos en estos recursos?

A full. A la corporación minera se le hace agua la boca con el mapa de la Argentina. Hay mucho sin explorar aún. Pero de lo que ya se recorrió, según la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, surge que solo en oro hay 2 de las 25 mayores minas en explotación del mundo, 10 en exploración avanzada y 17 sin definición aún de los recursos.

4.- ¿Hay riesgo y costo ambiental?

Totalmente. La extracción de metales a gran escala sin dudas tiene un fuerte impacto ambiental. Se detonan montañas de rocas para luego, con una solución cianurada, separar el oro o la plata. Lo que queda se acumula en diques de cola, que pueden filtrar y contaminar ríos cercanos a comunidades. Pasó en el río Vis Vis en Catamarca, por ejemplo. Las empresas tienen que tratar el líquido que queda tras la operación y volcarlo en afluentes. Pero esto es Argentina.

5.- ¿El impacto ambiental siempre es un límite?

Ni ahí. Ninguna actividad vinculada a los recursos naturales es gratis en términos ambientales. De Cristina Kirchner a Mauricio Macri festejan el petróleo y el gas no convencional. Para extraerlo se apela al fracking, una práctica cuestionada en el mundo. En términos ambientales, Greenpeace considera que Vaca Muerta es un desastre. Pero todo para que haya dólares y soberanía energética. ¿Vale la pena? La Pampa está regada de glifosato, que en un combo hizo volar la producción agrícola incluso con escuelas fumigadas a su paso. El debate con el campo, sin embargo, es cuánta pone de retenciones. El mundo cuestiona los eructos de las vacas. Acá, la exportación de carne saltó 70% interanual este año y lo que preocupa es el impacto en el precio del asado del domingo.

6.- ¿Minería es valor agregado?

Acá no. Tras visitar la mina de oro Veladero, en San Juan, o Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, la pregunta es si vale la pena tanto impacto ambiental para que el metal se vaya cuasivirgen fuera del país. La industria luminotécnica luego importa cables hechos afuera con el cobre argento. Parte de los dólares de la exportación se vuelven a ir. Las mineras dicen que acá no hay escala para hacer una refinería. Pero si Argentina tiene semejante futuro minero, ¿ningún plan puede incluir más desarrollo local? En litio, Fernández dice que imitará a Bolivia buscando instalar fábricas locales de baterías. ¿En el resto?

7.- ¿Hay buenos controles?

No. Existe una ley de impacto ambiental, la 24.585, que dice que la autoridad de aplicación en la materia son las provincias. Es imposible que una provincia cuyo PBI depende en un 40% o 50% de un proyecto minero pueda controlar de manera creíble que la empresa no contamine. “Hay controles de la sociedad civil”, dicen las compañías. Los presupuestos de responsabilidad social empresaria de Barrick y Shandong Gold dejan muy chico Rodeo en San Juan. Cuando era gobernadora, Lucía Corpacci inauguró dos hospitales hechos directamente con aportes de Glencore, la principal accionista de Bajo de la Alumbrera. Una agencia nacional de control ambiental asoma de mínima como necesaria.

8.- ¿El Estado puede ser mejor socio?

Muy posiblemente. El furor minero en la Argentina nació con el gobierno de Carlos Menem que, entre otras medidas, dispuso estabilidad por treinta años para las inversiones en el sector. Un círculo de beneficios a las mineras que llega hasta ahora. Hace nada se dispuso finalmente un aumento de las retenciones menor al que se había propuesto en la ley de emergencia. La cámara minera resalta que se pagan casi 30 mil millones en impuestos al año. Pero en Chile existe una empresa estatal del cobre, Codelco, con una participación más agresiva en lo que genera el sector.

9.- ¿El lobby minero manda en Argentina?

Recontra. De Menem hasta Alberto Fernández, todos los jefes de Estado apoyaron desde el discurso a la minería a cielo abierto. La actual gestión, de hecho, tiene como secretario de Minería a Alberto Hensel, ex hombre del área de San Juan, una de las dos mayores provincias mineras del país. El presidente del PJ es José Luis Gioja, mandamás sanjuanino, fuerte defensor de la actividad. El propio presidente no solo abogó por el cambio legislativo en Mendoza, sino que se apuró a prometer también minería en Chubut, cuna del movimiento “No a la mina” desde 2003. Los políticos por ahora son más mineros que muchas de las comunidades o que referentes de la sociedad civil.

10.- ¿Los eslóganes de los ambientalistas ayudan?

Sí y no. La movilización de las comunidades y las organizaciones ecológicas logran frenar la minería. Son claves para poner el foco en el cuidado de recursos como el agua, y para evitar falta de controles. Pero también llevan a que cualquier intento de matizar la ecuación del impacto ambiental versus el desarrollo económico suene a sacrilegio. Medir cuánto aporta una actividad a la lucha contra la pobreza y contraponer el costo ecológico con controles debería ser el principal desafío.n


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