Suárez anunció anoche que dará marcha atrás y enviará un proyecto para anular la norma que habilitaba la explotación metalífera con cianuro. Busca así ganar oxígeno luego de las masivas protestas en toda la provincia.
Tensión. El jueves, en conferencia de prensa, el mandatario radical anunció que no reglamentará la ley. A la noche, de todas formas, se repitireron las masivas marchas. |
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El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció anoche que el lunes enviará a la Legislatura un proyecto para derogar la polémica ley que habilitaba la minería en la provincia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario explicó: “en base al diálogo y la escucha de todos los sectores de la sociedad, anuncio la presentación del proyecto de ley para la derogación de la ley 9209”. De esta manera, busca recuperar oxígeno después de una semana de protestas en la provincia.
La reacción social en contra de la ley minera tomó por sorpresa a toda Mendoza. Nadie la esperaba: ni el radical Suárez ni los legisladores provinciales que votaron los cambios (tanto radicales como macristas y peronistas). Ni siquiera los asambleístas históricos, que militan contra la megaminería desde 2003, aspiraban a semejante masividad. Las manifestaciones tampoco recularon tras la puesta en pausa de la ley que habilita el uso de químicos. La Casa Rosada también quedó en una situación incómoda y sin un relato demasiado definido sobre el conflicto.
Desbordado, Suárez anunció el jueves a la tarde que no iba a aplicar las modificaciones a la ley minera 7.722. Lo hizo después de que la Iglesia y las reinas de la Vendimia se sumaran a la cruzada en contra del proyecto aprobado la semana pasada de forma exprés. Ganador con más del 50% en las elecciones, realizadas hace menos de tres meses, el nuevo gobernador asumió que había perdido la pulseada social. “En estas condiciones no nos sirve seguir adelante”, admitieron cerca de Suárez. Ayer finalmente dio marcha atrás y envió el proyecto para dejar sin efecto los cambios.
Conflicto. El jueves a la noche, miles de vecinos marcharon en toda la provincia. En la capital, una multitud copó la Plaza Independencia, frente a la Legislatura. Reclamaba la derogación de la norma que habilita la explotación a cielo abierto con productos químicos, como el cianuro.
“La ley sigue siendo aplicable. Además el plan del gobierno es tomar aire, recuperarse de lo que llaman un error comunicacional y volver a la carga con todo”, opinó uno de los asambleístas más activos. Se trata de Marcelo Giraud, geógrafo, docente de la Universidad de Cuyo y ambientalista.
Suárez había arrancado su ronda de reuniones en busca de “diálogo y consenso”. Recibió en la Casa de Gobierno a las reinas vendimiales y distintos referentes religiosos. Estuvo el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien había criticado la ley con una serie de cartas abiertas.
El reclamo de los vecinos también sorprendió a la Casa Rosada. Tras mantenerse en silencio por unos días, el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, se pronunció tibiamente. Afirmó en AM 530 que “el Presidente y todos en general estamos muy preocupados”. Sin demasiada experiencia en temas ambientales, Cabandié hizo equilibrio respecto a la ley. Si bien prefirió no opinar sobre la norma, por tratarse de una iniciativa provincial, el ministro expresó: “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”.
Freno en Chubut
El antecedente mendocino complicó los planes del chubutense Mariano Arcioni. El gobernador massista tenía en agenda sancionar una ley parecida a la que impulsó Rodolfo Suárez. Es decir, avanzar contra la ley 5.001 (equivalente a la 7.722 de Mendoza), que prohíbe la megaminería en Chubut. La norma vigente impide la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro. “Demos la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad”, planteó Arcioni hace casi dos semanas. Por entonces, el tema todavía no figuraba en la agenda nacional. Ayer, las asambleas de Chubut se movilizaron en Esquel y convocaron a una vigilia frente a la Legislatura en Rawson. Lo hicieron porque estaba prevista una sesión extraordinaria para flexibilizar la ley. Desde el gobierno de Arcioni prometieron que el proyecto no sería tratado.
