Esta semana la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario por única vez de las grandes fortunas, que alcanza a las personas humanas con patrimonios mayores a 200 millones de pesos. Se trata de menos de 10 mil personas, el equivalente a un 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada sobre el Impuesto a los Bienes Personales en diciembre de 2019 y al 0,02% de la población total de la Argentina.
La iniciativa se enmarca en la doble crisis que el gobierno del Frente de Todos debió enfrentar durante sus primeros once meses de gestión.
La primera de estas crisis es la derivada del gobierno de Mauricio Macri que, entre otras cuestiones, produjo una caída de los ingresos tributarios y de la seguridad social en un 3,1% del PBI, entre 2015 y 2019.
Ello sucedió como consecuencia de la reducción de los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva, como —por ejemplo— la suspensión, eliminación o reducción del Impuesto a los Bienes Personales. Esa situación se comenzó a revertir luego con las modificaciones tributarias de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva por la que los ingresos crecieron un 1,5% del PBI.
La segunda crisis es la generada por la pandemia sanitaria, cuyo paquete de ayuda a hogares y empresas ha insumido un costo fiscal directo de 4,9% del PBI, más un 2% en inyección de créditos y de garantías. Ese 4,9 se puede comparar con el 1% promedio de los países de bajos ingresos, con el 3,1% de los emergentes y con el 8,9% de los desarrollados, según información brindada por los funcionarios del Ministerio de Economía cuando tratamos el Presupuesto.
Según la Cepal, los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria han sido muy afectados por la caída de la actividad económica y por lo tanto es necesario, mientras se corrigen los problemas estructurales, adoptar medidas de emergencia. La Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, acaba de decir: “una situación excepcional requiere respuestas excepcionales”. Y en una presentación que realizó la semana pasada en las Jornadas Monetarias del Banco Central, agregó: “hay que fortalecer la recaudación tributaria, sobre todo el impuesto a la renta de las personas físicas, las corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad y a la economía digital, una de las grandes ganadoras de esta pandemia”.
En la Argentina, como en toda la región de América Latina, los impuestos que se cobran son más bajos que los que se aplican en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, en los países centrales.
En las jornadas que mencionamos, la propia Bárcena expresó que en 2018 la recaudación de impuestos sobre la renta en la región de América Latina y el Caribe fue de 6,3% del PIB y de 11,6% en los países de la OCDE; las contribuciones sociales llegaron al 4% en la región y a 9,1% en los países centrales; los impuestos sobre la propiedad alcanzaron al 0,8% y al 1,9%, respectivamente. Sólo se invierte esta relación en los tributos indirectos o regresivos, entre ellos el IVA, que alcanzan a 11,5% en los países de la región y a 10,5% en los países centrales.
Por otra parte, a lo largo del debate público sobre el Aporte se ha dicho que hay quienes tendrán que vender sus bienes para poder hacer frente al mismo o que afectará la actividad productiva. Ambas afirmaciones son falsas. De acuerdo a la información disponible, el 42% del total de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados por el aporte son activos y bienes dolarizados. Y de ese 42%, el 92% está en el exterior.
El Aporte Solidario y Extraordinario es una medida más para superar las dos crisis, la generada por el gobierno anterior y la producida por la pandemia. Su media sanción es un nuevo avance en la tarea de poner a la Argentina de pie.
*Diputado nacional por el FdT y Presidente del Partido Solidario.
