La Presidenta llamó al diálogo. No es la primera vez que lo hace, pero seguramente será la última. Sin el ánimo de exagerar, es probable que si fracasa en esta nueva convocatoria, no le sea posible terminar su mandato de una manera decorosa, si es que puede hacerlo.
Este es un desafío no sólo para el kirchnerismo gobernante, sino para el peronismo que lo llevó al poder y que ahora no lo reconoce como propio; para la oposición no peronista, que tendrá una participación protagónica en el Congreso; para los gobernadores, en medio de su propia crisis fiscal, y para la dirigencia empresaria y la sindical en general, que tienen un mayor margen de maniobra, desde la debilidad del poder surgida después de las elecciones.
Pero lo primero que tendrá que entender la Presidenta y, fundamentalmente, su marido, es que, en este caso, como nunca antes, “diálogo” tiene que ser sinónimo de “negociación”.
Ahora bien, que todas las partes entiendan sus responsabilidades relativas, y que estén dispuestas a negociar en ese marco, es condición necesaria pero no suficiente para una transición razonable hasta 2011.
Conviene repasar algunos de los elementos que tiene que tener la mencionada negociación.
Empiezo por lo más fácil, y lo más difícil: el Congreso. Allí se dirimen los temas más importantes para el futuro de mediano y largo plazo: los vinculados con la reconstrucción institucional. En los últimos años, el kirchnerismo, en una asociación ilícita con sus socios y aliados, se encargó de destruir elementos claves de la institucionalidad republicana: la legislación delegada, el Consejo de la Magistratura, la capacidad de asignar recursos presupuestarios discrecionalmente por parte del Ejecutivo (entre 2003 y 2008, Néstor y Cristina asignaron por su cuenta, y sin control, nada menos que el equivalente a 15% del PBI, unos US$ 40 mil millones), el INDEC; las medidas “no escritas” de funcionarios sin atribuciones legales, que traban el comercio exterior y el normal funcionamiento de la economía, entre otras cosas. Todo ello deberá ser tratado y modificado en forma urgente.
En ese Congreso, además, habrá que discutir el Presupuesto Nacional y el marco tributario de los próximos dos años, incluyendo algún esquema de relación Nación-provincias diferente.
Allí, junto a los legisladores, y el Ejecutivo Nacional será clave el papel de los gobernadores.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tanto quienes ganaron las elecciones como quienes perdieron carecen de la legitimidad necesaria (casi ninguno surgió de internas o elecciones democráticas dentro de sus respectivas agrupaciones) como para plantear cambios de fondo en materia de ingresos y gastos.
Esa discusión deberá postergarse hasta el próximo gobierno, reforma política mediante, para que los nuevos elegidos sean verdaderos representantes de los votantes. Por lo tanto, lo que habrá que negociar es un esquema fiscal de emergencia que permita llegar a 2011, sin más default que los actuales y sin más expropiaciones y, a la vez, solucionar los temas más urgentes del sector agropecuario y las distorsiones de todo el aparato productivo introducidas en los últimos años.
Y esto se complementa con el armado, por parte del Ministerio de Economía, del programa financiero 2010-2011.
Un programa fiscal mínimamente coherente y un esquema financiero sin expropiaciones, ni estafas, le permitiría a la Argentina moderar la fuga de capitales y acceder, paulatinamente, a financiamiento externo, aliviando el ajuste. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que nadie nos va a prestar plata para seguir gastando a un ritmo que duplica los ingresos. O para subsidiar a los ricos, o para derrochar en sobrecostos y corrupción.
Se requiere recomponer el contexto institucional, donde la reforma política es la frutilla del postre. Y negociar un programa fiscal y un esquema financiero que aleje el riesgo de más arbitrariedades y expropiaciones. Y, en paralelo, desarmar gradualmente la maraña de distorsiones que traban la economía, con la excusa de un “intervencionismo salvador”, y que no es más que una serie incoherente y contradictoria de discrecionalidades sin rumbo.
Así le será mucho más fácil al Banco Central explicitar una política monetaria y cambiaria compatible con el escenario internacional y regional.
Con este marco definido, el sector privado estará en condiciones de negociar salarios y fijar políticas de inversión y producción, sin necesidad de sentarse en un ámbito corporativo y anacrónico.
Los K tienen la última oportunidad. Han perdido ya muchas. ¿Perderán ésta también?
