Suena extraño recordar que 2018 comenzó con un buen primer trimestre. Los fundamentos profundos de la crisis ya estaban ahí y ya eran alertados por los analistas económicos, pero ignorados por el Gobierno. Esas raíces incluyen una estructura productiva estructuralmente deficitaria en su vínculo con el resto del mundo, cuyas vulnerabilidades se acentuaban (y acentúan aún) con una política económica que solo buscaba cierta estabilización de corto plazo sin tener en cuenta los problemas del largo plazo. Los vaivenes internacionales fueron el golpe de gracia para un modelo económico tan débil como todos los anteriores, pero que además careció de respuestas coherentes y contundentes por parte de un equipo económico que supuestamente tenía entre sus fortalezas el conocimiento del mercado financiero. La “tormenta perfecta” tuvo mucho de autoinfligida, con errores graves de diagnóstico y de reacción por parte del gobierno de Cambiemos.
Para peor, la crisis sigue ahí. Aunque la caída en la actividad productiva esté desacelerándose, seguimos en una política económica “de emergencia”. El mayor síntoma seguramente sean las altísimas tasas de interés, con las cuales es imposible pensar en mejorar la inversión y la producción privadas. A esas tasas, hoy en baja, aún les falta mucho trecho para volver a niveles “normales” y sustentables para las empresas del país.
Mientras tanto, el salario real deprimido, el deterioro (gradual pero difícil de revertir) en los indicadores laborales y la persistencia de elevados índices de pobreza atentan contra la recuperación del mercado interno. La calidad
de vida de la mayor parte de la población del país fue la que pagó el costo más grande de la crisis en 2018. También las empresas (en particular las pymes) de toda la Argentina lo sintieron en carne propia, con costos inflados (por tarifazos, devaluaciones y tasas de interés) y derrumbe de ventas.
La recesión y la crisis económica desde el punto de vista de 5 pymes
El 2019 asoma como un año mediocre en lo económico. El escenario más probable implica que la crisis toque fondo en el primer trimestre y comience a recuperarse de la mano de la nueva cosecha. La mayor demanda de Brasil y el empuje hidrocarburífero a partir de Vaca Muerta son los otros factores de crecimiento en el horizonte 2019, aunque no exentos de riesgos (como el derrotero de los precios internacionales del petróleo y el gas). Pero esta recuperación tardará en llegar en forma masiva a empleos, poder adquisitivo y calidad de vida.
Una clave para que mejore el mercado interno será la negociación entre sindicatos y empresas. La inflación se desacelerará más lentamente que lo que el Gobierno querría, por los tarifazos y cimbronazos en la cotización del dólar que persistirán durante 2019. Más aún cuando, para alejarlos lo máximo posible de las elecciones, el Gobierno dispuso que los aumentos de tarifas energéticas y de transporte público se concentren en los primeros meses del año. Esto impactará precozmente en el ya abatido poder adquisitivo del salario. Así, la previsión de una inflación promedio del 34,8% que estipula el Gobierno para 2019 seguramente se quede corta.
Las empresas continuarán enfrentando un mercado interno alicaído (con recuperación en nichos puntuales que deberán explorar), con un cierto respiro por el encarecimiento de la competencia importada. Pero la mejora en la competitividad no tiene una magnitud ni una duración esperada suficientes para incentivar a exportar a las firmas que se encontraban lejos de hacerlo. Faltan políticas que incentiven aumentos genuinos de productividad: el Gobierno se limita a buscar bajar costos salariales, pero sus políticas actuales juegan en contra de la inversión en infraestructura, en ciencia e innovación tecnológica o en capacitación productiva.
Demasiados factores juegan en contra de una recuperación sólida y que pueda durar más allá de 2019. Entre ellos, la política monetaria contractiva y la aproximación al equilibrio fiscal primario, la escasez de inversiones y una recuperación de las exportaciones que será más moderada de lo que espera el Gobierno. Pero el gran riesgo es el financiero: la incertidumbre de fondo es sobre el financiamiento después de 2019, cuando el actual acuerdo con el FMI ya no alcance para proveer los dólares que la economía argentina necesita para funcionar. La fuga de capitales y las fluctuaciones en la cotización del dólar en un año electoral no ayudarán a calmar esas inquietudes.
Una vez más, estamos en el momento donde las deficiencias de largo plazo de la estructura productiva argentina se convierten en un problema de corto: sin financiamiento y sin reformas estructurales, la pregunta obligada es cuándo podría estallar la próxima crisis. El Gobierno tiene herramientas para que esto no ocurra durante este primer mandato, pero necesita refundar su modelo económico para al menos intentar dar perspectivas que evadan una crisis mayor en el futuro. Esa refundación ya no depende solo de su voluntad, sino también del aval de un FMI empoderado por los años venideros para influir en la política económica argentina.
