En 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, afirmó en una conferencia de prensa que el consumo de drogas ilícitas era el enemigo público principal de su país. De aquella comunicación se popularizó el término “guerra contra las drogas”(war on drugs). Es, evidentemente, una guerra que aún no ha sido ganada.
“El problema es que el enemigo se encontraba tanto dentro como fuera de sus fronteras”, afirma el Instituto Tricontinental de Investigación Social. “Invisible, subterráneo, pero a la vez claro e identificado: el narcotráfico como maquinaria que envenenaba a los ciudadanos estadounidenses. ¿La solución para detener al enemigo? Una política de mano dura contra los países productores”, dice la organización.
El instituto lanzó el proyecto Adictos al Imperialismo: Estados Unidos y la Política de Guerra contra las Drogas sobre Nuestra América, que investiga los efectos de la batalla contra el narcotráfico en la región. La investigación se realizó junto al Centro de Pensamiento y Diálogo Político; la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola de Colombia; el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica; y el investigador colombiano Fredy Escobar Moncada.
El trabajo parte de la premisa de que la guerra contra las drogas, en sus palabras, “ha sido un rotundo fracaso en la reducción de la producción y el consumo, y sus orientaciones y financiaciones han convertido a los territorios latinos en verdaderos valles de guerra y muerte”. “En más de cinco décadas, no ha conseguido ninguno de sus supuestos objetivos originales. Sin embargo, fue efectiva para profundizar la intervención imperialista en América Latina y el Caribe”, apunta el instituto.
Los investigadores ven la intervención estadounidense como una forma de beneficio a los propios intereses. Sin embargo, cabe preguntarse si la región latinoamericana está en condiciones y tiene los recursos necesarios para hacerle frente al narcotráfico sin el apoyo de una potencia mundial, sobre todo, teniendo en cuenta que el comercio de drogas es un delito transnacional, que involucra rutas que recorren todo el globo.
El proyecto parte de la hipótesis de que la guerra contra las drogas coincide con el proceso de expansión de características imperialistas de Estados Unidos. Hacen foco en Sudamérica, en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Específicamente en los principales productores de la materia prima con las que se hacen las sustancias estupefacientes, explica Laura Capote, coordinadora de la investigación. “La intervención que implica la guerra contra las drogas en América Latina dejó, en realidad, consecuencias desastrosas en términos humanitarios en el continente”, asegura.
Números. Siempre que se habla de actividades ilícitas es difícil plasmar números. Las siguientes cifras se formaron a partir de incautaciones, específicamente de cocaína, en el 2022. Colombia es el principal productor del mundo: según los datos de la organización Insight Crime, se confiscaron seiscientas setenta y una toneladas de cocaína, de las cuales 352 fueron incautadas dentro de Colombia, y 318 fuera.
Sigue Ecuador, con un cuarto de la cantidad de Colombia, con ciento setenta y siete toneladas recuperadas. Luego se ubica Panamá, con 108 toneladas; Brasil con 96; Perú 56; México cuarenta y uno; Costa Rica treinta y tres; y Bolivia veinte para terminar de trazar un panorama latinoamericano.
Entre 2021 y 2022, las incautaciones en México aumentaron un 176%; un 59% en Uruguay; en República Dominicana un 42%; y un 10% en El Salvador, según Insight Crime. En cambio, bajaron las incautaciones en países como Costa Rica, Guatemala y Honduras, entre otros.
Argentina, ausente en estas estadísticas, es mencionado frecuentemente como país de tránsito, y no productor, con fuerte participación en el mercado latinoamericano.
El “Informe global de cocaína” afirma: “Argentina recibe cantidades significativas de cocaína entrante a través de las fronteras con Bolivia o Paraguay por diferentes modalidades. El principal punto de entrada ha sido su frontera noroeste (provincias de Salta y Jujuy): un punto crítico de contrabando. La frontera con Paraguay, en el noreste, se utilizó predominantemente para el tráfico de cannabis (originario de Paraguay) hacia Argentina; sin embargo, en los últimos años, las rutas de tráfico de cannabis se han utilizado cada vez más para traficar cocaína”.
“Un canal que recientemente ha ganado importancia es la ruta del Cono Sur, que va desde Perú y Bolivia hacia el Río de la Plata en la Costa Atlántica de Argentina o Uruguay, frecuentemente a través de Paraguay, y típicamente depende de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a menudo utilizada en combinación con vuelos clandestinos. Además de la cocaína que ingresa a Bolivia a través de la frontera con Perú, el tráfico desde Bolivia ocurre hacia el Este y el Sur, hacia Brasil, Paraguay, Argentina y Chile”, afirma el mismo informe.
Además, señalan una modificación en la modalidad de tráfico desde la pandemia: “Las pruebas procedentes de Argentina apuntan a una disminución a largo plazo en el uso de mulas de drogas en vuelos de pasajeros”.
Finalmente, si se habla de heroína, en la región, México y Colombia son los principales productores, con Colombia como la ruta principal hacia América del Sur, y México hacia América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó recientemente a China en la lista de países productores de drogas, y acusó a Venezuela y Bolivia de incumplir sus obligaciones en la lucha antinarcóticos.
Plan Colombia. “El despliegue de los aparatos de seguridad y defensa se entiende desde la perspectiva de que el narcotráfico es impulsado por un enemigo. El primer caso que trabajamos en profundidad fue el de Colombia. Esta guerra contra las drogas se empata con la posterior guerra contra el terrorismo a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas. Son los dos enemigos públicos de Estados Unidos. Caracterizados de esta forma, se permite la presencia militar en nuestro continente”, indica.
Un ejemplo mencionado por los analistas es el Plan Colombia: un acuerdo entre el país latinoamericano y Estados Unidos firmado en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton con el objetivo (entre otros) de combatir el narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de cocaína en el país aumentaron desde el acuerdo. Organismos norteamericanos coinciden con esa información: los cultivos de coca se incrementaron en un 15%, pero afirman que la producción de heroína se redujo en un 50%.
Las hectáreas de hoja de coca en Colombia se redujeron de 168 mil en 2000, a 48 mil en 2013; con su nivel más bajo. Desde entonces, los cultivos han crecido. Las hectáreas sembradas a finales de 2022 eran 230 mil. Según un informe de las Naciones Unidas, se incrementó en ese año un 13% la superficie de cultivos narcóticos. La producción potencial de clorhidrato de cocaína también aumentó un 24%.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Putumayo –los tres fronterizos–, concentran más de dos tercios de la coca del país. Norte de Santander comparte frontera con Venezuela; Nariño y Putumayo con Ecuador.
“En el caso de Colombia, hablamos de paramilitares con financiamiento de grupos privados de seguridad, que utilizan armamento y que actúan en connivencia con los actores estatales. Los niveles de violencia aumentaron, sobre todo en los sectores más vulnerables, con fenómenos como el sicariato”, denuncia.
Una de las denuncias de la investigación del Instituto Tricontinental es que “la lucha contra las drogas se ha enfocado en el eslabón más débil de la cadena productiva que son las comunidades cultivadoras y no en los narcotraficantes o sus carteles transnacionales”. “Respecto a los productores de cultivos, son campesinos y campesinas que, producto del desarrollo del mismo conflicto en Colombia, cultivan este tipo de productos porque se han visto obligados a hacerlo, ya que los otros cultivos, entre comillas, ‘legales’, no tienen ningún tipo de competencia en el mercado. Es el narcotráfico de la persona que consume y de la persona que cultiva. Nunca de las redes de financiamiento, ni quienes se llevan la torta más grande”, dice Capote.
“Mientras tanto, la estructura económica criminal que sustenta las redes de narcotráfico y que garantiza sus extraordinarias ganancias, así como sus vínculos en el circuito financiero que permite realizar transacciones para el lavado de dinero, se encuentra intacta”, señala el instituto.
“Claramente, la perspectiva punitiva, persecutoria, que se enfoca en la erradicación de los cultivos de uso ilícito de manera forzosa, no ha dado resultado y generó consecuencias desastrosas para los países que son productores. Desastrosas en términos humanitarios, en términos también de violencia urbana, y se nos ha querido hacer ver a los países de Sudamérica como los responsables de las dinámicas del narcotráfico”, dice la coordinadora del proyecto, Capote.
“El narcotráfico es un negocio que da muchísimo dinero por su naturaleza ilegal y por la cantidad de la demanda. Si es mejor o peor la presencia de Estados Unidos, eso es un poco lo que nos estamos planteando. Las conclusiones que hemos ido sacando en el proyecto giran alrededor del paradigma que están empezando a impulsar los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, en México, y de Gustavo Petro, en Colombia, que es un cambio (podría decirse, desde adentro) en el tratamiento de la guerra contra las drogas”, finaliza.
