La teoría política, desde Carl Schmitt hasta Giorgio Agambem, y pasando por Walter Benjamin, mucho ha escrito sobre la idea de estado de excepción. Sin ningún ánimo alarmista o exagerado, es posible decir que Argentina se ha constituido en una plataforma de aplicación privilegiada, y hasta celebrada, de la idea original.
La política argentina es fundamentalmente patológica y, por razones múltiples, escapar de ese destino se está volviendo prácticamente imposible.
En un nuevo capítulo, el ciclo político que se inició el último 10 de diciembre (parece que hiciera años, pero apenas pasaron unos días) intenta, con éxito, aprobar una súper ley de emergencias en tan solo 72 horas desde la entrada al Parlamento hasta su promulgación.
‘Tierra arrasada’. La ley es en sí misma un verdadero despropósito lógico. Establecer la emergencia en 9 dimensiones de lo social, sin distinguir entre prioridades y sin proponerse la ingeniería y logística para semejante empresa, es llamativo y esconde en realidad la búsqueda por implantar la sensación de tierra arrasada. El gobierno dedicó una buena parte de sus desvelos simbólicos de estos días a presentar la situación del país de modo tal que el tamaño del problema justificara cualquier tamaño de solución.
Es indiscutible que Argentina es un país empobrecido, con niveles de desigualdad estructural infamantes y con un proceso, agravado por el fracaso de la administración Cambiemos, de deterioro económico y social que ha arrojado a muchos ciudadanos a la pobreza. En el mismo sentido es una obviedad señalar que el país no crece, que viene de una temporada demasiado extendida de inflación más recesión, y que los indicadores sociales son realmente alarmantes y vergonzantes para una sociedad democrática.
Lejos de 2003. Dicho esto, también hay que señalar que ni el clima social, ni algunos indicadores estructurales, ni el estado de las cuentas públicas ni, fundamentalmente, la estabilidad institucional, llevan a catalogar esta realidad como una emergencia, mucho menos una que amerite una herramienta tan extrema como esta ley. La Argentina del 2019, aún en un estado francamente muy malo, no es la de 2003.
A partir de este diagnóstico de sobrevuelo, es posible, entonces, hacer una evaluación política del mecanismo y de las formas que el nuevo gobierno eligió para hacer ley esta serie de medidas de ajuste. Hacerlo puede ayudar a dar con las claves interpretativas alrededor del futuro político argentino.
Hay dos evaluaciones posibles, una interna y otra externa que pueden contextualizar el episodio de la mega ley y pueden ponerlo en un contexto más genérico.
Una de las discusiones centrales, tanto en la prensa como en los ámbitos políticos, gira alrededor de las hipótesis de moderación del presidente Fernández y de su capacidad de desmarque frente a lo que podríamos denominar el kirchnerismo clásico. Algunas definiciones y algunas designaciones parecen desdecir esta hipótesis. Nombrar a Carlos Zannini como procurador del tesoro y decidir la pronta derogación del decreto que prohíbe a los funcionarios nombrar a sus familiares, si bien son muestras más chicas, no van en una dirección diferente a las clásicas kirchneristas. En el mismo sentido, la manera, el tono y los tiempos en que el presidente Fernández llevó al parlamento a aprobar una Ley que le otorga facultades especiales y que le suspende capacidades al Congreso pueden ser vista como una continuidad del desapego populista por las instituciones que marcó el ciclo del matrimonio Kirchner.
Hegemonía. Pero es desde el punto de vista externo al propio gobierno donde el tratamiento de esta ley adquiere un efecto de demostración más importante. La nueva administración actúa, y pretende que el resto del sistema político lo legitime, autonomizado de la realidad política y electoral argentina. Alberto Fernández y su gobierno antepone su voluntad hegemónica al real escenario surgido de elección de octubre. Su intento por hacerse excepcionalmente de una porción más grande de poder y discrecionalidad decisional que el que surgió de las urnas lo coloca claramente en la tradición populista y lo acerca a las metodologías y al espíritu kirchnerista. Con una oposición que tiene poco más del 40 % de los votos y habiendo ganado una elección por un porcentaje que ronda los 7 puntos y sin ser siquiera mayoría, la pretensión excepcional de la actual administración solo se explica en su voracidad de poder. La indeterminación de algunas medidas y la falta de una exposición más completa de para qué el gobierno quiere hacerse de estas capacidades, refuerzan la idea de una búsqueda del poder para hacer luego lo que se pretenda.
Para agregar solo un dato más al análisis, esta ley, que disfraza semánticamente ajuste por solidaridad, no contempla un autoexamen de la elite política. Al mantenimiento de privilegios de funcionarios y jueces, se le suma un silencio atronador de la situación fiscal en las provincias y un distraído desdén de la clase política. Una buena parte de la ciudadanía ve esto como una suerte de burla, tal vez sea eso lo que explique que una petición al respecto de este tema en la plataforma Chage.org haya reunido casi 120.000 firmas en apenas 36 horas.
* Analista político.
