El jueves 18 de febrero de 2016 a las 13 horas, un custodio del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) fue abordado por una pareja de delincuentes mientras trasladaba un bolso con dinero. Al percatarse del asalto, el sargento Matías Sebastián Capuroso -quien prestaba servicio de seguridad al gremio- reaccionó inmediatamente. Tras ser atacado con un arma de fuego, disparó y frustró el asalto.
En la balacera perdió la vida Jorge Walter Nieto, uno de los atracadores. Su compañero se escapó en una motocicleta y nunca fue identificado. Todo sucedió en pleno centro de Córdoba, en la puerta de la sede del Surrbac, ubicada en Lima 342.
El fiscal de Instrucción Gustavo Dalma desvinculó desde el inicio al custodio Capuroso de un eventual homicidio y consideró que había actuado en legítima defensa. En aquel momento se informó desde el Surrbac que el pretendido botín eran $10 mil.
Aunque parecía un hecho de inseguridad más, hoy esa salidera puede arrojar luz sobre los movimientos financieros millonarios que realizaron los principales dirigentes del gremio. Por esa razón, el expediente que se tramitaba en la fiscalía de Dalma ya está en los tribunales federales. Y el miércoles pasado fue remitido desde el Juzgado de Ricardo Bustos Fierro al fiscal Enrique Senestrari.
En la Fiscalía evitaron brindar información y se limitaron a aseverar que aún no hay conexión evidente entre el asalto y la causa. Sin embargo, PERFIL CÓRDOBA corroboró que el expediente provincial fue solicitado por el Juzgado de Bustos Fierro.
La hipótesis de algunos de los investigadores es que aquel asalto podría demostrar los giros de dinero en efectivo, cambio de dólares y monetización de valores. “Quizás explique algo de la causa de los dólares”, apuntó una de las fuentes consultadas. ¿Se justifica una salidera de estas características por un botín relativamente exiguo de $10 mil? ¿Era necesario un bolso para llevar esa cantidad de billetes?
Los dólares
Una de las causas en las que se están encaminando averiguaciones es la denunciada por opositores a la dupla Saillén/Catrambone en el gremio en 2015. Hasta hace unos meses ese expediente estuvo a cargo de la fiscal federal Graciela López de Filoñuk. Pero ante el avance de la causa por usura contra los dirigentes del Surrbac fue girada a la Fiscalía Federal N°1.
Jorge Victoria y José Luis Cabello habían denunciado que mientras rigió el cepo cambiario en el país los dirigentes del sindicato llevaban diariamente grupos de trabajadores recolectores a la sucursal de 25 de mayo del Banco Macro. Tras validar la operación ante Afip, los hacían comprar dólares y, a la salida del banco, los esperaban, retenían las divisas adquiridas y les entregaban el monto equivalente en pesos.
Todavía no hay imputaciones en este caso aunque ya fue identificado el empleado bancario que se encargaba de realizar las autorizaciones ante la Afip. No hay montos, pero se especula que la maniobra permitió al grupo liderado por Saillén y Catrambone adquirir cuantiosas sumas de divisas.
Tan solo un dato hay que recordar en este sentido: durante los allanamientos realizados a comienzos de septiembre, cuando ambos dirigentes fueron imputados y detenidos por presunta usura, en dos cajas de seguridad del tesorero del sindicato, Juan Carlos Delgado, se secuestraron 411 mil dólares en efectivo.
Mapa de la causa
Usura, asociación ilícita, estafa y lavado de dinero. A través de préstamos a los recolectores, afiliados al gremio y a la mutual (Amsurrbac) habrían incrementado exponencialmente sus fortunas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone –ambos detenidos en Bouwer–, quienes fueron procesados esta semana junto a otros 16 entre dirigentes, hijos, esposas y allegados.
El fondeo inicial de la mutual fue realizado por Saillén y Catrambone pero luego a los créditos otorgados les aplicaron intereses usurarios y así aumentaron sus ingresos manteniendo un manejo centralizado de las operatorias y la gestión del gremio y la mutual.
La investigación se inició en la Fiscalía Penal Económica mientras Gustavo Hidalgo era su titular. Ahora está en el Juzgado Federal de Bustos Fierro.
Compra de dólares en pleno cepo cambiario. Todavía no hay imputaciones pero se avanzó en identificar a los presuntos partícipes. Entre los sospechosos hay un empleado bancario que habría realizado las validaciones ante Afip para la compra de divisas. Las maniobras habrían consistido en reclutar grupos de recolectores con salario en blanco a quienes los hacían ir a diario a una sucursal céntrica del Banco Macro. Se compraban dólares a nombre de cada uno y los dirigentes del Surrbac los esperaban luego para entregarles pesos en efectivo por el monto adquirido.
Salidera bancaria. Parecía un simple atraco con final fatal por la muerte de uno de los dos delincuentes que pretendieron quedarse con un bolso con dinero que era llevado por un policía custodio del Surrbac. El expediente pasó la semana pasada a la Justicia Federal para evaluar si hay conexiones o puede aportar luz a algunas de los otros expedientes.
Negocios incompatibles. Se investigan responsabilidades de funcionarios que contrataron a una constructora que pertenecería a integrantes de la familia Catrambone –a su vez miembros del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop)- para hacer trabajos en el enterramiento administrado por la empresa estatal Crese, mientras estuvo bajo su órbita. La causa está radicada en la justicia provincial y está a resolución del juez de Control, Esteban Díaz Reyna.
Crese. Es el último expediente en abrirse y no tiene que ver directamente con maniobras del Surrbac sino con la existencia de facturas truchas para pagar servicios o desviar fondos. No obstante ello, demuestra la existencia de presuntas irregularidades en la empresa residual que, hoy por hoy, no presta ningún servicio. El pedido de investigación lo hizo la Afip a partir de la detección de contribuyentes “Apoc” (apócrifos) lo que permite sospechar la existencia de evasión impositiva del IVA y Ganancias.
Vínculos políticos: ¿quién es Juan Manuel Krainbuhl?
Uno de los 18 procesados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro la semana que termina es el subtesorero de la mutual Amsurrbac, Juan Manuel Krainbuhl, quien permanece libre. Le atribuyó los mismos delitos que a la mayoría de los dirigentes del gremio: asociación ilícita, usura, defraudación y lavado de dinero.
En la misma resolución, el magistrado ordenó un embargo a Krainbuhl por $2 millones. Una fuente de la investigación subrayó un dato que no es conocido profusamente, al menos por lo que pudo comprobar este medio, que consultó a instructores de la causa federal y a personas del ámbito político. Krainbuhl, además de haberse iniciado como trabajador en la empresa Cliba, perteneciente al grupo Roggio, hace unas tres décadas, es pariente de un funcionario municipal.
PERFIL CORDOBA consultó al funcionario en cuestión quien admitió la relación familiar pero prefirió no opinar sobre la causa judicial señalando que Krainbuhl tiene su abogado defensor. Sí hizo alusión a que es “un trabajador desde siempre”.
El dato ronda la causa porque más allá de los presuntos delitos cometidos por el grupo de Saillén y Catrambone, pervive la sospecha aún no confirmada judicialmente de que los negocios del gremio fueron posibles por el aval o la contraprestación de las autoridades políticas del municipio. Debido a que no hay imputaciones ni referencias, este medio se reserva el nombre del funcionario.
