Fiel a su historia, cuatro hombres disputarán la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba en la elección que se desarrollará el 26 de junio próximo. En la sucesión que viene desde la década de 1970 a la actualidad, la única excepción fue María Cristina Curtino, que encabezó la institución entre 2009 y 2011.
Roger Agustín Auad, presidente de la Junta Electoral confirmó que se presentaron cuatro listas y el martes próximo se analizarán si cumplen con todos los requisitos legales.
PERFIL CORDOBA consultó a cada agrupación sobre cuáles son sus propuestas fundamentales.
Alejandro Pérez Moreno (Lista 1 - Abogacía Unida)
Actualmente es el secretario general.
La agrupación señala que solo la animan los objetivos gremiales, sin vinculación con el poder político. Tiene propuestas específicas para nóveles y antiguos profesionales.
Para los jóvenes propone: crear un consultorio gratuito online para noveles abogadas y abogados a fin de facilitarles modelos de escritos, de demandas o consultas de todo tipo; facilitar la matrícula provisoria que les permita acceder al mercado laboral sin demoras; promover prácticas profesionales junto a las universidades y la exención del aporte mínimo para los que se encuentren litigando por segundo año consecutivo y que no superen esos montos.
Para los mayores se plantean como objetivo reformar la ley 5805, que contemple la realidad y las necesidades de los profesionales en ejercicio, como así también las de aquellos que se encuentren en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación y deseen seguir ejerciendo la profesión. Otra de las iniciativas consiste en una matrícula especial para los profesionales que no litigan y mesas diferenciadas en los fueros Laboral, de Violencia Familiar y en el Polo de la Mujer.
Jorge Andres Bauzá (Lista 8 -Acción Profesional)
Actualmente, es vicepresidente 4°.
Es el candidato al que apoya el actual presidente de la entidad, Héctor Echegaray. Bauzá remarcó el trabajo sobre un proyecto de ley para reformar el Código Arancelario de modo que establezca el orden público de los honorarios mínimos para evitar que sean perforados. También subrayó entre sus propuestas “la protección del ejercicio de la profesión frente a los ataques de los poderes públicos y privados”.
“Estamos convencidos que quienes atacan a los abogados, generando desconfianza, pretenden que los ciudadanos no defiendan sus derechos”, señaló a este medio. Sobre las iniciativas académicas explicó que proponen ampliar la oferta de los cursos y extenderlos a las otras delegaciones que integran el colegio capitalino.
Además, señaló que es necesario trabajar junto a las cuatro sedes del interior y que actualmente están gestionando ante las autoridades la realización de las obras en los edificios de los tribunales de Alta Gracia y Carlos Paz. Entre los compromisos que asume apuntó la compra de un inmueble para que resida la delegación en Carlos Paz, la única que no tiene casa propia.
Mariano Jándula Torres (Lista 27 - Espacio Independiente)
Actualmente es vocal titular.
Se autodenomina como un espacio “ajeno a los intereses políticos partidarios”. La idea es un incremento en la defensa gremial tornándola cierta y efectiva para los abogados, realizar un apoyo efectivo a los jóvenes abogados por medio de tres ejes: 1) coworking para tener un lugar digno para ejercer a bajo costo o al requerido por el profesional; 2) sistema de padrinazgo generando vínculo con abogados seniors; 3) acceso free a internet en las zonas de Tribunales.
Además, propone la reestructuración del área social y del club de campo para el desarrollo integral del abogado. Fortalecer el rol institucional del colegio por medio de un diálogo adulto con el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio de Justicia y los demás actores sociales, aspecto que consideran clave para una mejora integral de la justicia que llega al ciudadano común.
Ignacio Lucas Segura (Lista 33 - Unión profesional)
Actualmente, vicepresidente 2°.
El espacio parte de un diagnóstico de la sociedad a la cual hay que acercar a los abogados. Para ello, consideran que es necesario reducir la mora judicial a través de la despapelización del expediente con el fin de hacer a la Justicia más accesible para los ciudadanos. En esa línea, las propuestas apuntan a reposicionar al Colegio desde la comunicación; a la digitalización para optimizar los servicios y la creación de una comisión de expertos en honorarios.
En cuanto a la digitalización, proponen plataformas online (web, redes sociales y apps) a fin de permitir mejor acceso a los servicios de la entidad y la exigencia al Poder Judicial para que digitalice el expediente Judicial. Crear un canal para que los profesionales denuncien ante el colegio a los juzgados que regulan honorarios deficientes.
Consideran que el Estado debe hacer participar al colegio en la discusión de leyes que tengan directa relación con el ejercicio profesional. Proponer a la Cámara del Trabajo que atienda en doble turno para acortar a un año y medio el dictado de sentencias. Crear puestos de trabajo (coworking) en la sede.
