Con la irrupción de la pandemia, atravesamos momentos de gran incertidumbre frente a un problema del que la humanidad no tiene conocimiento pleno, momentos en que todos los niveles del Estado enfrentan demandas sin precedentes. El momento puede ser incierto, pero no podemos ampararnos en esa incertidumbre para retroceder en las garantías de aquello que ampara nuestras libertades como ciudadanos y como sociedades: nuestra democracia.
Desde el inicio de la emergencia, que dispuso las condiciones de aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, he reclamado la necesidad cívica de que los parlamentos continúen trabajando, porque mientras los parlamentos nacionales, provinciales y municipales permanezcan abiertos, la sociedad estará presente y representada.
En los congresos debatimos, con los congresos controlamos. Mantener cerrados los parlamentos equivale a gobernar a espaldas de la ciudadanía y en tanto la ciudadanía se encuentre a nuestras espaldas no podremos verla, escucharla y entenderla. Si realmente gobernamos entre todos y con todos, debemos demostrarlo.
En Córdoba hemos dado un paso adelante al prever con suficiente tiempo las herramientas tecnológicas para garantizar las sesiones legislativas que se hicieron efectivas el pasado 15 de abril con la primera sesión virtual de la Unicameral. Nos falta ahora retomar las sesiones ordinarias, en lugar de hacerlo solo cuando el Poder Ejecutivo lo establece. Y aquí, valen otras consideraciones.
Los poderes ejecutivos y la batalla por las legitimaciones. Debemos comprender que la emergencia ha planteado cuestiones excepcionales a nuestros gobiernos, pero en ningún sentido ha determinado la suspensión de los poderes, en particular, de la actividad legislativa y judicial. Más bien, ha apuntado a establecer adaptaciones singulares a la tarea ordinaria. Y subrayo ordinaria, porque allí radica la diferencia: es en lo extraordinario, precisamente, cuando tenemos que garantizar lo habitual para el funcionamiento positivo.
En momentos en los cuales la sociedad reclama pilotos de tormenta, los poderes ejecutivos han tomado la iniciativa de liderar la crisis. Este énfasis de la autoridad ejecutiva ha sido coincidente con las primeras fases de la estrategia del gobierno nacional en la emergencia, que dotó de excesiva centralidad a las políticas sanitarias para luego descentralizar, por ejemplo, en el caso de los testeos posibles infectados, o la concentración de recursos económicos que desde la Nación se distribuye a cuentagotas a las provincias en crisis.
De tal manera, por necesidad o personalismos, los poderes ejecutivos pecan de voracidad por establecerse legítimos en las decisiones que toman, y han relegado a las restantes autoridades, léase legisladores, a las tareas operativas de la emergencia cuando, en realidad, ninguna decisión será más constitucionalmente legítima que aquella que avalen los representantes ciudadanos en sus congresos.
Es en emergencia, precisamente, cuando los anticuerpos de la democracia tienen que funcionar más que nunca. Necesitamos más democracia, no menos: los congresos deben continuar abiertos y sesionando adaptados a las contingencias.
El Presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, lo graficó claramente con una imagen: durante la Segunda Guerra Mundial, mientras bombardeaban Londres, el Parlamento Británico continuaba sesionando.
Transparencia Internacional se expresó también a través de su presidenta, Delia Ferreira, y del informe que los 13 capítulos latinoamericanos elaboraron con recomendaciones para que los gobiernos garanticen los derechos cívicos, especialmente en estados de excepción.
A nivel nacional, estamos levantando la voz para reclamar por el funcionamiento pleno del Congreso argentino y de las instituciones democráticas que consagran nuestra Constitución, porque entendemos que es, precisamente en emergencia, cuando los poderes tienen que sostener el sistema de valores, derechos y libertades, especialmente en aquellos proyectos que, por la envergadura la situación, pueden condicionar, o incluso anular, los derechos de la población más vulnerable, como adultos mayores o niños. La presencia de los legisladores es una fuente de ideas, propuestas e iniciativas que puede generar una gestión más eficaz de la crisis.
Celebro y coincido con la recomendación del procurador interino Eduardo Casal a la Corte Suprema de la Nación respecto de las sesiones legislativas en el marco de la emergencia: el Senado está facultado constitucionalmente para decidir sobre su propio funcionamiento y en tal caso, siempre será mejor sesionar de modo virtual que no hacerlo de manera absoluta.
Gestión parlamentaria virtual y transparencia
En el último informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Tchintian, Abdala, Seira 2020) se muestran antecedentes y experiencias nacionales e internacionales de tecnologías aplicadas a gestión de los parlamentos y cómo se validan procesos virtuales de legislación para avanzar de manera similar en Argentina.
En ese informe de CIPPEC se citan los datos de Inter-Parliamentary Union (2018), en el cual más de la mitad de un total de 114 cámaras de 85 países cuentan con sistemas de gestión de textos legislativos digitales. En Austria existe desde hace 20 años un canal de producción legislativa electrónica completa. Más cerca, las plataformas de Mendoza y de Buenos Aires están avanzando en la gestión parlamentaria virtual y Córdoba fue una de las primeras en sesionar de manera remota.
Este paso obligado de los gobiernos hacia la digitalización de datos debería ser aprovechado además para cancelar otras obligaciones: transparencia y acceso a la información pública para el control ciudadano, que en algunos ejecutivos no funciona plenamente y en algunos parlamentos apenas pasa de ser una buena idea.
Debemos garantizar la división y funcionamiento de los poderes del Estado para garantizar nuestros derechos cívicos y para preservar las consecuencias que las decisiones de la autoridad pública puede tener en estados de excepción. Porque la emergencia está dentro de la democracia, no fuera de ella. Abran los parlamentos. Necesitamos más democracia, no menos.
Abogado
Legislador provincial (UCR)
Vicepresidente segundo de la Legislatura de Córdoba (2019-2023).
