Abrieron una causa por la denuncia penal contra el Presidente y legisladores

El lunes pasado ingresó a los tribunales federales de San Francisco la primera acción judicial en Córdoba para que se declare inconstitucional la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vigente desde hoy en nuestro país. Se trata de una denuncia penal al presidente Alberto Fernández y a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores que votaron a favor de su aprobación. Pide que sean procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y solicita que los antecedentes sean remitidos al Congreso nacional para sustanciar un juicio político en su contra.

La presentación fue efectuada por la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género, con personería jurídica 072 C/20, presidida por Adriana Rearte y patrocinada por el abogado Norberto Vaca, ante el Juzgado Federal de esa ciudad, a cargo de Roque Rebak.

Dos días después, exactamente el mismo escrito, fue elevado ante el Juzgado Federal de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.

Rebak confirmó a PERFIL CÓRDOBA que habilitó la feria, le dio ingreso y delegó el expediente a la fiscal de turno, María Schianni. Precisó que es lo que se puede hacer en este momento y no anticipó ninguna otra medida bajo análisis.

Por su parte Vaca Narvaja informó a este medio que remitirá la presentación a San Francisco porque fue el primer tribunal en abocarse a la causa.

Uno de los primeros elementos que se analizarán será la competencia del tribunal, por el hecho de que la denuncia refiere a funcionarios y legisladores con domicilio en Buenos Aires.

La denunciante. En ese marco, Adriana Rearte, en diálogo con este diario, explica por qué se opone a la ley de IVE. Rearte formó la Asociación de Derechos Humanos y Violencia de Género que consiguió la personería jurídica en marzo del año pasado. Antes trabajaba con la Mesa Nacional contra la Violencia Institucional en fuerzas de seguridad. En efecto, en Córdoba es conocida porque fue líder de un sector de policías y sus esposas en 2013 cuando los efectivos se autoacuartelaron en reclamo de mayores salarios y condiciones laborales.

En sus redes sociales no se encuentran manifestaciones públicas sobre la discusión y aprobación de la legalización del aborto en nuestro país.

—¿Tuvo militancia contra el aborto?

—No, son discusiones absurdas. Sí estoy de acuerdo con el aborto en casos de violaciones o mujeres débiles mentales. Siempre sugerí que lo que se tendría que haber modificado es el Código Penal para que accedan al aborto sin el trámite ante un juez.

—¿Por qué no se manifestó públicamente?

—No he querido entrar en peleas y discusiones que no tienen sentido. Estaba de acuerdo que se haga un plebiscito, como cuando se discutió la pena de muerte. Hubiera sido un poco más viable.

—¿Por qué se opone a la legalización del aborto?

—El aborto libre y gratuito no existe porque nos cuesta a todos nosotros que pagamos hospitales, médicos y todo lo que conlleva. Mis impuestos tienen que ir a otro lado, no a la persona que, teniendo a su alcance preservativos, vasectomía y pastillas gratuitos, solo porque se equivocó quiere abortar. No me parece justo cuando hay niños con cáncer. Como asociación civil tenemos el convencimiento de que el derecho que estamos defendiendo es el de la persona por nacer. Desde la concepción existe la vida intrauterina, es un ser humano. Por eso el aborto es un asesinato.

QUE DICE LA PRESENTACIÓN

A lo largo de 34 páginas, la asociación invoca su legitimidad y personería jurídica para presentar la denuncia y luego formula la denuncia penal “contra el Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados” (sic), y contra el presidente Alberto Fernández, por dictar normas contrarias a la Constitución Nacional. Y también solicita que se declare contraria a la Carta Magna la ley de legalización del aborto por ser “groseramente inconstitucional”.

Para sostener la denuncia, invoca como primer derecho la protección a la vida desde la concepción. Enumera una serie de declaraciones, convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos y de las mujeres, incorporados a la Constitución a partir de 1994, y añade también el Código Civil recientemente reformado que en su artículo 19 “reconoce a niños por nacer la condición de personas”.

Señala que la ley de IVE, aunque fue tratada y votada por el poder autorizado (Congreso nacional) violenta preceptos protegidos por la Constitución. En otro párrafo señala que la norma permitiría, en un caso hipotético, que una mujer “se implante un gameto, conciba, lo fecunde por 14 semanas, cobre beneficio económico por ser concebido y luego decida abortar porque ya no desea continuar el embarazo”. En el texto hay, también, referencias a “intereses políticos e ideológicos ajenos a la idiosincrasia argentina” a los que describe como del “postmarxismo”. “No debemos olvidar el discurso comunista que brindó Cristina Elizabeth Fernández a la muerte de (Ernesto) Laclau”, dicen. Advierten también que la aplicación de la ley colocará a funcionarios de los tres poderes del Estado en infracciones a convenciones internacionales de Derechos Humanos que podrían generar sanciones al país.