La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) parece decidida a pisar el acelerador para sancionar y frenar las protestas callejeras que se vienen produciendo en la ciudad. Por el decreto presidencial que estableció el aislamiento social y obligatorio, están prohibidas las manifestaciones masivas. Sin embargo, tanto el Suoem como la UTA incumplieron esa disposición, por lo que entre el gremio de los municipales y el de los choferes son 58 afiliados y dirigentes imputados por violación a la cuarentena, al llevar adelante movilizaciones.
Entre ellos sus secretarias generales, Carla Esteban y Susana Biolatto, respectivamente. La exasperación de las ‘bases’ por salir a la calle para protestar aún estando prohibido, ha generado preocupación en todos los sectores. Para bajar tensiones, el viernes por la tarde se realizó una reunión entre los tres fiscales que integran la Ufes (Godoy, Cornejo y Rizzi), uno de los Fiscales Generales Adjunto, Héctor David, y los abogados de los gremios, mientras que por la UTA estuvo presente Flavio Díaz y por el Suoem Carlos Didoni. Si bien todos coincidieron en la necesidad de abrir canales de diálogo, la advertencia de la Justicia a los representes de los sindicatos fue clara: “Si repiten la modalidad de protestas saliendo masivamente a la calle e incumpliendo con el decreto de aislamiento, no nos queda otra que detenerlos”.
Prueba de fuego, el martes. Más allá de la buena voluntad mostrada por los representantes legales de los gremios, en el encuentro con los funcionarios judiciales no pudieron garantizar que efectivamente se pueda cumplir con el pedido de frenar las protestas. Sí se comprometieron a expresar la situación puertas adentro de los sindicatos y analizar una nueva modalidad de protesta para evitar una ola de imputaciones y detenciones por violar el aislamiento.
De todos modos, todo dependerá de la evolución del conflicto salarial. En el caso de los choferes, si les depositan el sueldo adeudado y en el caso del Suoem, si logran un acuerdo con la Municipalidad para suspender de manera transitoria los recortes. La prueba de fuego a esta advertencia será, en caso de concretarse, la convocatoria que hizo la UTA para el martes próximo, donde llamó a sus afiliados a una “manifestación masiva” para reclamar por el atraso en el pago de salarios.
También será un examen de autoridad para la Policía de la provincia, ya que hay cierto malestar, tanto en la Municipalidad como en algunos ámbitos de la Justicia, por entender que existió cierto accionar “pasivo” de los efectivos policiales en las protestas.
UTA. Flavio Díaz, el abogado de los choferes, sostuvo que “hoy tenemos una situación de pandemia, pero pareciera que la pandemia en las empresas del transporte viene de hace rato. Acá, la realidad es que existe un incumplimiento de pago. Los choferes fueron exigidos a trabajar y nos les pagaron el sueldo. Los empresarios también deberían estar imputados: estoy pidiendo que se les extienda la responsabilidad a ellos también. Los empleados son los únicos que se exponen a contagiarse y ahora a quedar detenidos”.
Sobre el fondo del conflicto, Díaz asegura que no se puede explicar cómo las empresas brindan un servicio “que nunca pueden pagar”. En ese sentido, el abogado de UTA introduce en su crítica la cuestión de los subsidios: “Toda la problemática no puede recaer en si hay una manifestación. La manifestación quizás se da porque están buscando que eso suceda, tal vez es la forma que encontraron los empresarios para hacerse escuchar. Ellos solo buscan fondos para seguir manejando plata, que es la plata de todos, es del Estado. En ese escenario, no se entiende que la Municipalidad, como poder concedente, permita que las empresas no paguen”, sostuvo.
Suoem. Por su parte, desde el gremio de los municipales indicaron que si bien tienen en cuenta la sugerencia de morigerar las protestas, fuentes consultadas por este medio admitieron que en algunas reparticiones se hace imposible frenar y controlar a las ‘bases’. Carlos Didoni unos de los abogados del Souem aseguró que la reunión en Tribunales tuvo como objetivo “abrir un canal de diálogo que nos permita transitar esta pandemia sin restringir los derechos sindicales y buscando una manera de convivir y así evitar que se transforme en una situación inmanejable”.
De todos modos, manifestó que quien debe convocar al diálogo es la Municipalidad y que eso hasta el momento no sucedió. El recorte salarial a los empleados municipales ya está en el camino de la judicialización. El jueves el gremio presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad de la ordenanza. En tanto, PERFIL CORDOBA pudo saber que el sindicato tiene previsto presentar este martes un amparo colectivo en contra de la reducción de sueldos.
¿En riesgo la personería gremial? “Todas las imputaciones serán notificadas a la Secretaría de Trabajo de la Nación en función de la vigencia del decreto 489/20 de esa dependencia que sanciona las reuniones gremiales en el marco de la pandemia”. El texto final de la comunicación oficial del Ministerio Público Fiscal pasó inadvertido para muchos, pero eventualmente podría generar un dolor de cabeza a los gremios con afiliados imputados.
Según la Resolución Nº 238/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación se dispuso la suspensión de todo tipo de asambleas y/o con gresos -tanto ordinarios como extraordinarios-, así como la de todo acto institucional que implique la movilización, traslado y/o aglomeración de personas. En la práctica se traduce en la restricción de marchas y reclamos en la calle para garantizar el aislamiento social.
Desde la Justicia adelantaron que la notificación a Trabajo de la Nación puede eventualmente generar sanciones a los gremios por haber incumplido el decreto. Y aseguraron que una de esas sanciones, aunque tal vez sea la más extrema, puede llegar a ser la pérdida de la personería gremial o graves sanciones administrativas.
