Nadie es ajeno al avance y propagación del COVID-19. Todos los movimientos diarios comienzan a alterarse y a modificarse. En ese sentido, los tribunales de Córdoba no son la excepción y ya comenzaron a implementarse los protocolos de prevención. Con una planta de más de 8.000 empleados y una gran concurrencia y circulación de personas de manera diaria, ya se aplican medidas más restrictivas.
En la Justicia provincial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso limitar el ingreso de público a las salas de audiencias para presenciar juicios y evitar aglomeraciones. También se estableció que en caso de que algún asistente presente síntomas compatibles con la enfermedad, se ordene su retiro de la sala y se dé aviso a la autoridad sanitaria. Además, se pide garantizar la disponibilidad de alcohol en gel, papeles descartables y extremar las medidas de higiene y limpieza en todos los edificios de tribunales.
El TSJ recomendó evitar el traslado de presos desde las cárceles a las sedes judiciales y utilizar, de ser necesario, video conferencias como una alternativa.
Hace unos días, la administración general del poder judicial dispuso de un protocolo que deben cumplir todos aquellos agentes -sean empleados o magistrados-, que hayan viajado al exterior. Hasta el momento unos 35 empleados del Poder Judicial están bajo aislamiento preventivo por haber viajado a países con libre circulación de la enfermedad. Cuatro de ellos son casos sospechosos y se espera la confirmación si padecen o no coronavirus.
Por el momento en la justicia provincial no evalúan suspender la actividad; es más, para mañana está confirmado, en la Cámara Segunda, el comienzo del juicio a Eduardo Brandolín, acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato a Alejandro Roganti.
Justicia Federal. También se establecieron medidas preventivas para disminuir el tránsito de personas en el edificio de la calle Concepción Arenal, como por ejemplo la instalación de un puesto de recepción y consultas en el hall central. Asimismo, se colocará cartelería en el ingreso, mientras se mantengan las razones de salud pública, para disminuir la asistencia de personas ajenas al Tribunal, con excepción de cuestiones de urgencia o que sean estrictamente necesarias.
La Cámara Federal de apelaciones instruyó a la Secretaría Penal que fueron suspendidas las audiencias orales y se deberán presentar informes en forma escrita evitando así la convocatoria a audiencias con público, familiares y detenidos.
Igualmente, se recomienda efectuar las indagatorias y demás actos procesales a través de videoconferencias.
Además, se dispuso que sea obligatorio el uso de barbijos y guantes para los médicos forenses del tribunal y se estableció que las barandillas de las distintas secretarias u oficinas se encuentren parcialmente abiertas, a los fines de evitar contacto directo.
¿Domiciliaria para presos mayores de 65? Abogados anticiparon que ante el avance de esta situación de emergencia sanitaria van a plantear en los juzgados la necesidad de que se otorguen prisiones domiciliarias a los detenidos mayores de 65 años.
En ese sentido, el abogado Luis Pareja argumentó los motivos. “Vamos a plantear que ante esta situación extraordinaria, y teniendo en cuenta que son grupos vulnerables y de alto riesgo, tanto respecto a la captación y propagación del virus como a sus posibilidades de supervivencia y a las eventuales secuelas que el virus les dejaría”.
En consecuencia, otorgarles la prisión domiciliaria no constituye “en nada ni un privilegio, ni muchos menos flexibilizar su situación procesal sino por el contrario, son deberes de humanidad, razonabilidad y racionalidad”, razonó Pareja.
Además, sostuvo que “estos grupos vulnerables pueden eventualmente ser factores masivos de propagación en un ámbito tan superpoblado y con precarias condiciones de aseo, higiene y de atención médica integral como lo son la mayoría de las cárceles. No tener en cuenta esta situación va en desmedro de la salud pública”.
Por el momento, la posibilidad no está contemplada ni por las autoridades judiciales ni penitenciarias, aunque todos coinciden en que la situación es tan dinámica que tampoco se descarta analizar casos puntuales.
Los fiscales y la cuarentena. Desde la Fiscalía General se bajó una clara directiva a todos los fiscales provinciales para que hagan cumplir de manera estricta el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró la emergencia sanitaria en el país y la obligación, para los casos que corresponda, del aislamiento o cuarentena necesaria y en caso de no cumplirlo aplicar los artículos 205 y 239 del Código Penal. En las últimas horas la Justicia de Córdoba tuvo que intervenir en dos casos de personas que se negaron a cumplir la cuarentena. Uno de ellos fue en la localidad de Alejandro Roca. Allí, un adulto tiene custodia policial para que haga efectiva la cuarentena luego de regresar del exterior. El otro caso sucedió en Traslasierra. Ocurrió en la Unidad Judicial Mina Clavero, donde se inició un sumario por el no cumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de un exvocal de Cámara de la Justicia Provincial de los tribunales de Villa Dolores. El abogado regresó en las últimas horas de un viaje a Estados Unidos y concurrió al casino de Mina Clavero, violando el decreto de aislamiento. En este caso debió actuar la Fiscalía de Cura Brochero, quien le notificó a esta persona que debe respetar el aislamiento y se dispuso de un patrullaje preventivo de control en el domicilio.
