En las oficinas del segundo piso de Tribunales I, donde tiene su sede la Fiscalía Anticorrupción que conduce Matías Bornancini, se acumulan 40 cajas con los expedientes de la licitación que abrió la Provincia en 2008 para la construcción de la red de gasoductos troncales.
La documentación fue secuestrada tras una “orden de presentación” librada por el fiscal el 24 de agosto último. El objetivo de la medida es corroborar o descartar el camino que trazó la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de una presentación efectuada meses atrás por los legisladores Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros. Para ello están analizando el contenido de las cajas y separando aquellos datos relevantes para la investigación penal.
La UIF había enviado a la fiscalía local un informe secreto con una serie de indicios que, según pudo saber PERFIL CORDOBA y publicó hace dos semanas, abonarían la hipótesis de un presunto pago de sobornos para la obra de gas.
La pista que marcaron los legisladores en su presentación ante la UIF es la venta de acciones de la empresa Madero Urbana a la firma cordobesa Gdisa, propiedad de Guillermo y Patricio Álvarez en el año 2011. Pagaron 11 millones de dólares por el 40 por ciento del paquete accionario de la empresa que encaraba un proyecto inmobiliario suntuoso en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, llamado Art María.
El hecho de que Madero Urbana formara parte del holding Iecsa explicaría el camino de un posible soborno, entre otras razones, por la sociedad estratégica que la empresa argentina tenía en ese momento con la brasileña Odebrecht.
Sociedades y socios. Bornancini también solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, para obtener datos sobre la inscripción de las sociedades. La venta, los socios, los nombres que aparecen luego al frente de Madero Urbana son detalles importantes que permitirían desentrañar los vínculos empresarios que se reproducían también en Córdoba.
Acuerdo con Brasil. En paralelo a esta posible ruta de dinero que se intenta confirmar o descartar, está pendiente el acceso a los expedientes del Lava Jato, la causa judicial brasileña que terminó con condenas a políticos y empresarios. El procurador provisorio, Eduardo Casal, firmó a comienzos del mes pasado un acuerdo con su par del vecino país para acceder a las pruebas ya investigadas y a los testimonios de arrepentidos. La principal condición que impuso la Justicia de Brasil fue no perseguir en Argentina a los empresarios que se acogieron a la delación premiada, todos juzgados y condenados.
Desde Córdoba había salido un exhorto vía Cancillería. Ante la inacción del Ministerio de Relaciones Exteriores, el fiscal General, Alejandro Moyano, plantearía la posibilidad de que el mismo acuerdo entre las procuraciones generales sirva como paraguas para cobijar a la justicia cordobesa en su intento por acceder a los testimonios y la documentación. El próximo martes, Moyano estará en Buenos Aires. Tiene prevista una reunión con Casal. Si bien la agenda es otra, el encuentro podría servirle para plantear esa posibilidad.
Comodoro Py. Hay otro escenario en el que se podría abrir también una investigación referida al posible lavado de activos en la compra de Madero Urbana. En estos días, el juez Daniel Rafecas concentró la causa Odebrecht. En ese marco, se le sumó el capítulo Córdoba, que le remitió su par, Marcelo Martínez de Giorgi. En diálogo con este diario, Rafecas señaló que aún no tomó contacto con la presentación.
