Un joven de 18 años se encuentra detenido e imputado por robo, amenazas, agresión, violación de domicilio y daño. El fiscal de Instrucción Iván Rodríguez le dictó la semana pasada la prisión preventiva, aunque el elemento novedoso de esa decisión fue la inclusión de la perspectiva de género en el análisis del contexto y las consecuencias de su conducta.
Fueron dos robos perpetrados en julio del año pasado en barrio 29 de Mayo, Ciudad de los Cuartetos. Por eso fueron imputados dos jóvenes de 18 y un menor, de 17 años. Las víctimas fueron dos mujeres, Melisa y Alejandra, en situaciones diferentes.
El primero ocurrió casi a la medianoche cuando Melisa estaba parada en la calle. El ladrón –identificado como Jorge Alejandro Suárez– se abalanzó, la sujetó de los brazos y la arrojó al suelo. Se impuso corporalmente y le sacó un teléfono móvil del bolsillo del pantalón. En el forcejeo, sacó a relucir un cuchillo de punta sin mango con el cual la amenazó: “Quedate quieta o te mato”, y le asestó un puntazo en el estómago.
El segundo episodio ocurrió días después, a media mañana. Suárez, junto a un cómplice menor de edad, habrían cruzado a su segunda víctima, Alejandra, cuando regresaba de dejar a su hija adolescente en la escuela. Habría sacado un arma con la cual le apuntó y gatilló sin que salieran los disparos, la agredieron con pedradas, mientras le advertían que violarían a la joven. La mujer corrió y se puso a resguardo en un comercio cercano a su casa.
Por esos hechos Suárez fue imputado por robo calificado por uso de arma, amenazas, agresión, violación de domicilio y daño.
Sin embargo, el fiscal de Instrucción fue más allá y analizó el contexto en el cual se produjeron los hechos, advirtiendo la vulnerabilidad de las víctimas, en particular por ser mujeres. Lo hizo para fundamentar la prisión preventiva, por lo que el joven acusado deberá permanecer detenido.
El Código Penal no prevé agravar el delito de robo calificándolo por violencia de género, pero las investigaciones pueden destacar las condiciones de la víctima en relación a su agresor para que, en caso de una condena, sea posible mensurar la pena en circunstancias más graves.
En relación a una de las víctimas destacó: “Se trata de una mujer de 48 años de edad, que vive sola con dos hijos menores a su cargo, una niña de 14 años, la cual asiste a un colegio de la zona, y un niño de 11 años, que padece una enfermedad crónica por la que se encuentra en tratamiento, todo lo cual trasluce una situación de vulnerabilidad”.
Sobre los acusados advirtió: “Los imputados al parecer han detectado esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima y han decido abusar de ella”. Cuando formuló la denuncia, Alejandra contó que padecía violencia recurrente y sistemática por parte de las mismas personas, y que “la tienen de turno”. Que, si bien a la escuela a la cual concurre su hija queda a corta distancia, debía recorrer 25 cuadras para evitar cruzarse con los agresores.
El fiscal destacó que estas son “las consecuencias negativas que los hechos que se investigan proyectaron en la vida de la víctima, quien habría visto ciertamente coartada su libertad y el libre ejercicio de sus derechos”.
A sus padecimientos, se sumó el retroceso en la rehabilitación del hijo que padece síndrome de Asperger. El fiscal Rodríguez evaluó además las pericias psicológicas, no solo de los imputados sino también de la víctima que permitirá confirmar la “presencia de indicadores que posibiliten confirmar o descartar la existencia de la problemática en cuestión”.
